La previsible confesión de Pablo Crespo y Álvaro Pérez tras la realizada el martes por quien durante años fue su jefe en la trama Gürtel, Francisco Correa, amenaza con dejar literalmente sin salida a Ricardo Costa, el hombre que manejaba los hilos del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps. Las fuentes del caso pulsadas por infoLibre aseguran que el mensaje transmitido a la Fiscalía por los abogados del lugarteniente de Correa y por El Bigotes no admite dudas: están dispuestos a reconocerlo todo. No obstante, y dado que tanto Crespo como Pérez bloquearon desde el inicio del caso la idea de un acercamiento a Anticorrupción, nada puede darse por seguro hasta este viernes.
Si Crespo y Pérez ratifican que, como declaró Correa, Orange Market cobró los servicios prestados al PP en 2007 y 2008 mediante facturas falsas endosadas a contratistas públicos de la Generalitat y que fue Costa quien articuló esa fórmula, el exsecretario general de la formación conservadora en Valencia se verá en la práctica emparedado a efectos procesales. O atrapado entre dos muros: el de los nueve empresarios que han reconocido que pagaron a la filial valenciana del grupo de Correa servicios que realmente tenían al PP por destinatario, y el de quienes cobraron esas facturas falsas. Es decir, los gestores de Orange Market.
Solicitada este miércoles por la mañana con el argumento de que los dos acusados están dispuestos a aportar datos y hechos "de relevancia" una vez oída la confesión de Correa, la suspensión del juicio hasta el viernes ha disparado la tensión en el banquillo. De los 19 acusados –contra el vigésimo, un empresario, se retiró la acusación al inicio de la vista– ya han confesado 10. Si ahora lo hacen Crespo y Correa, la lista de inculpados que se arriesgan a penas mayores de las que conllevaría un reconocimiento de los hechos en que los involucra la Fiscalía quedará reducida a siete. Y de esos siete cinco estaban en la sala de máquinas del PP valenciano cuando Orange Market cobró 3,4 millones de euros fuera del circuito legal.
Además de Costa, en el banquillo se sienta el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; Cristina Ibáñez Vidal, exgerente del PP en esa comunidad; David Serra Cervera, ex vicesecretario de Organización y exdiputado regional; y Yolanda García, extesorera regional del PP y exdiputada regional. Anticorrupción pide cárcel para todos ellos. Uno de los juristas consultados por este diario da por hecho de que el único que en ningún caso buscará un acuerdo con la Fiscalía es Vicente Rambla: aceptar una condena le obligaría –aduce la fuente– a renunciar a su carrera como inspector de Hacienda. "Rambla –asegura ese jurista– no aparece en ninguna conversación y tiene más posibilidades de salir absuelto". InfoLibre no ha podido contrastar ese análisis con la defensa del exvicepresidente valenciano.
¿Disparará Costa hacia arriba para salvarse? ¿Aceptará por el contrario la responsabilidad del sistema de financiación ilegal de las campañas autonómicas y municipales de 2007 y de las generales de 2008? ¿Lo seguirá negando todo? De momento, se trata de preguntas sin respuesta. El lunes, en el arranque del juicio, su abogado tuvo una intervención cargada de mensajes. El letrado Juan Casanueva calificó de "incomprensible" que el PP no esté "llamado como partícipe a título lucrativo por delito electoral" mientras que a su cliente "se le piden siete años de cárcel y cero euros de responsabilidad civil". En el banquillo, dijo también, no están los "supuestos actores principales del delito".
Efecto dominó
Pero en cualquier caso, y haga lo que haga Costa, una eventual confesión de los acusados que fueron los dos hombres de máxima confianza de Correa tendrá un efecto dominó en las restantes piezas del caso pendientes de juicio.
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En esas piezas, desde la que examinará el supuesto robo al erario valenciano que implicó la organización de la visita de Papa en 2006 hasta las que giran en torno a los contratos adjudicados a Gürtel por AENA y el Ayuntamiento de Jerez, buena parte de los acusados eran miembros del PP.
Y, como admiten las fuentes jurídicas sondeadas por infoLibre, los jefes de la red corrupta no pueden sostener que en Valencia el PP aplicó una operativa que implicaba dar contratos públicos a cambio del pago de servicios electorales –o donaciones espurias en especie, como eran las facturas falsas reconocidas por los empresarios– y sostener luego que nada turbio existió en la relación del grupo empresarial con el PP en otros territorios.
La previsible confesión de Pablo Crespo y Álvaro Pérez tras la realizada el martes por quien durante años fue su jefe en la trama Gürtel, Francisco Correa, amenaza con dejar literalmente sin salida a Ricardo Costa, el hombre que manejaba los hilos del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps. Las fuentes del caso pulsadas por infoLibre aseguran que el mensaje transmitido a la Fiscalía por los abogados del lugarteniente de Correa y por El Bigotes no admite dudas: están dispuestos a reconocerlo todo. No obstante, y dado que tanto Crespo como Pérez bloquearon desde el inicio del caso la idea de un acercamiento a Anticorrupción, nada puede darse por seguro hasta este viernes.