Las primarias consolidan los hiperliderazgos y definen direcciones hechas a medida en todos los partidos

Cuando Pedro Sánchez convocó al Comité Federal del PSOE el pasado 23 de julio para dar un vuelco a la dirección del partido que los militantes socialistas habían elegido en el congreso de València apenas nueve meses antes no hizo nada que no le permitieran los estatutos, pero, sobre todo, nada que no estuviese en el espíritu del hiperliderazgo que se ha consolidado en todos los partidos.

De un plumazo y, según todas las fuentes disponibles, a dedo, Sánchez enmendó los cambios que él mismo había acometido en el partido en el 40º Congreso del PSOE para situar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como su número dos en Ferraz en sustitución de Adriana Lastra. Y para cambiar las portavocías en el partido —la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, relevó como portavoz de la Ejecutiva Federal a Felipe Sicilia— y en el Congreso —el diputado y exlehendakari, Patxi López ocupó el puesto del palramentario canario Héctor Gómez—.

Los cambios no se quedaron ahí. Sánchez también incorporó a la Comisión Ejecutiva Federal al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, como nuevo responsable de Memoria Democrática y Laicidad —sustituyendo a Patxi López— y al alcalde de Corvera (Asturias), Iván Fernández, como recambio de Juan Francisco Serrano, que se sumó al equipo del Secretario de Organización, Santos Cerdán.

La facilidad con la que el secretario general y presidente del Gobierno llevó a cabo estas sustituciones, sin oposición y sobre todo sin intervención de nadie más dentro del partido, es el mejor resumen de hasta qué punto su figura acumula todo el poder dentro del PSOE. Es así desde que el procedimiento de primarias dejó en manos de los militantes la elección directa del secretario general. La mecánica de esa elección situó en una posición de subordinación a los demás órganos del partido, desde el Comité Federal —el máximo órgano entre congresos— a la Ejecutiva Federal, que aunque se elige formalmente en el congreso puede después amoldarse a voluntad del secretario general sin necesidad de consultarlo con los afiliados, como acaba de suceder.

El poder de Feijóo

En el PP se da exactamente la misma circunstancia. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, dispone de todo el poder dentro de la organización, también gracias a un proceso de primarias que vincula su cargo directamente con la voluntad de los afiliados.

En este caso, la subordinación de la dirección al líder es tal que, de acuerdo con los estatutos, ni su composición depende enteramente del congreso del partido. De hecho, muchos de los cargos clave de la dirección, el llamado Comité Ejecutivo Nacional, los fue anunciado Feijóo casi a cuentagotas en los meses posteriores a la celebración del congreso que le encumbró al frente del PP. Los últimos nombramientos los anunció este martes y, según sus propias palabras, no serán los últimos.

De los hiperliderazgos no se libra Podemos, la principal organización política a la izquierda del PSOE y una de las que primero abrazó el modelo de primarias. Su actual secretaria general, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, accedió al cargo en sustitución de Pablo Iglesias en la cuarta Asamblea Ciudadana que los morados celebraron en junio de 2021. Obtuvo el 88,69% de los votos válidos emitidos. En total, participaron 53.443 inscritos de los 138.847 con derecho a voto, algo menos del 40%. 

Con ella los militantes eligieron la composición del nuevo Consejo Ciudadano Estatal (CCE), el máximo órgano entre asambleas de Podemos, con representación exclusiva del equipo que se presentaba con Belarra.

El margen en Podemos

En el caso de Podemos, es la secretaria general quien elige, de entre los miembros del CCE, a los integrantes del Consejo de Coordinación, el equivalente a la ejecutiva de los partidos clásicos. A todos ellos. Los estatutos morados le atribuyen la capacidad de decidir quién se ocupa de cada área y quién les sustituye en caso de destitución o dimisión. En la práctica, nada muy distinto de lo que ocurre en el resto de los partidos.

Otro ejemplo es Vox. Los estatutos de la formación ultra establecen que son los militantes los que eligen directamente a su presidente, aunque en la última asamblea celebrada en Msdrid en 2020, en plena pandemia, el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada y sin votación.

Hace apenas cuatro meses, el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, puso fin a cualquier atisbo de democracia interna dentro del partido suprimiendo por sorpresa y sin debate interno la elección directa de los comités ejecutivos provinciales del partido. Abascal y los suyos consumaron la reforma de lo estatutos en 24 horas. Primero remitieron un escrito a los afiliados proponiendo la modificación y, a continuación, la ratificaron en una asamblea convocada en horario laboral y sin posibilidad de enmiendas. Desde entonces, es la dirección de Vox la que elige a los presidentes provinciales y ratifica a los miembros de su dirección, incluida cualquier vacante que se produzca durante el mandato. Poco espacio para el disenso.

Al igual que en las demás formaciones, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox nace de la asamblea que, en este caso y al menos en teoría, está formada por los afiliados. Pero el presidente puede sustituir a cualquiera de sus miembros, hasta un máximo del 50%. Lo único que necesita es el aval de dos tercios del comité, integrado por sus afines y elegido al mismo tiempo que el líder.

Revocaciones

La extraordinaria concentración de poder en las manos de una sola persona hace muy difícil la contestación interna en los partidos. Pero no imposible. De las cuatro grandes formaciones, tres (PSOE, Podemos y Vox) prevén en sus estatutos mecanismos de revocación anticipada de sus líderes, aunque los requisitos para impulsarlos dificultan llevarlos a la práctica. 

Paradójicamente, el partido que no dispone de mecanismos reglados para poner fin anticipadamente al mandato de su líder es el PP, precisamente el único en el que ha fructificado una revuelta para acabar con el mandato de su presidente. En este caso no hizo falta una previsión estatutaria: bastó con una alianza de los barones territoriales combinada con la deserción en masa de sus afines para obligar a Casado a abandonar el cargo. 

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En el PSOE, que en 2015 llevó a cabo un proceso semejante para echar a Pedro Sánchez, ahora existe la posibilidad de una revocación. Pero es muy difícil de impulsar: su inicio depende del apoyo de más del 50% de los miembros del Comité Federal y su culminación debe pasar por la militancia. De prosperar la consulta con la mayoría de los votos emitidos, se produciría el cese de toda la Comisión Ejecutiva y su sustitución por una gestora provisional hasta la celebración de un nuevo congreso federal.

En el caso de Podemos la persona que ocupa la Secretaría General puede también ser revocada, pero sólo por la Asamblea Ciudadana. El Consejo Ciudadano Estatal es el encargado de organizar el proceso electoral de destitución.

En Vox está prevista también una fórmula de moción de censura. Pero difícilmente se llevará nunca a cabo: para completarla hace falta el apoyo de 2/3 de los afiliados.