La privatización sanitaria abre una brecha en el TSJ de Madrid mientras el PP se alinea con el juez recusado

La privatización de seis nuevos hospitales públicos madrileños, cautelarmente suspendida por orden judicial y para la que el Gobierno de Ignacio González busca vía libre a marchas forzadas, ha abierto una brecha interna en el Tribunal Superior de la Comunidad (TSJM). Y a la apertura de esa brecha, el PP ha respondido destapando sus cartas en defensa de un juez cuya posición puede resultar clave: Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM, marido de una consejera de Castilla-La Mancha que hasta 2009 fue alto cargo del Ejecutivo de Madrid y recusado formalmente por los socialistas (PSM) a causa de su parentesco.

Ayer, tras confirmarse que, por abrumadora mayoría, la Sala de lo Contencioso del TSJM se opuso el 31 de octubre a emitir un solo pronunciamiento sobre la privatización sanitaria en tanto no se resuelva la recusación contra Martínez Tristán, el consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, y el de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, se lanzaron en tromba contra el PSM. Victoria, número dos de Ignacio González, calificó de “bochornosa” la recusación y se alineó abiertamente con Martínez Tristán al afirmar que el líder del PSM, Tomás Gómez, quiere “manchar el nombre de un magistrado”. Lasquetty atacó por otro flanco y, sin confirmar o desmentir la veracidad de la afirmación, tachó de "ejercicio de cinismo" que Tomás Gómez pidiera ayer prescindir de Martínez Tristán en sus "quinielas" para cubrir las plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

La recusación de Tristán quedará en manos de una tribunal formado por el presidente del TSJM, los de las distintas salas salvo él mismo, el magistrado más veterano y el de incorporación más reciente. Cuándo se pronunciarán es una incógnita: según fuentes judiciales, la recusación seguía ayer sin haber sido admitida a trámite. "Tenía defectos formales por subsanar", agregó la fuente.

Ni siquiera es posible saber si el asunto de la recusación quedará zanjado antes o después de que la Sala de lo Contencioso haga público su auto en el que, cumpliendo lo acordado el 31 de octubre, deja en suspenso cualquier pronunciamiento sobre la privatización. Las fuentes consultadas dan por hecho que alguno o algunos de los nueve magistrados que querían seguir adelante sin tener en cuenta la recusación emitirá un voto particular discrepante de la mayoría.

Pero a falta de conocer si el tribunal aparta o no a Martínez Tristán, la dureza de la réplica oficial del Gobierno madrileño a la recusación ilustra la envergadura de lo que está en juego. Bajo el argumento de que distintas secciones del tribunal corrían el riesgo de contradecirse en cuanto a la privatización y sin que tal contradicción se hubiera planteado, la Comunidad de Madrid pidió el 30 de septiembre a Martínez Tristán que, bajo su batuta, encomendase todos los recursos sobre la privatización al pleno de la Sala de lo Contencioso.

Tristán no aceptó de inmediato pero 11 días después decidió poner en manos del pleno de la Sala todos los recursos. Lo hizo con el argumento de que la Sección Octava de lo Contencioso había emitido un auto opuesto al de la Sección Tercera que paró la venta de la gestión hospitalaria. Pero fue ese mismo pleno de la Sala, integrado por 50 jueces aunque a la sesión del 31 de octubre solo acudieron 46, el que ese día echó el freno en el proceso por la recusación.

Ayer, fuentes conocedoras de lo que el 31 de octubre sucedió en el pleno de la Sala de lo Contencioso aseguraron que 35 de los 46 magistrados presentes ese día se opusieron a la sola opción de dictar un solo auto sobre los recursos pendientes mientras no se sepa si Martínez Tristán, que acudió a la sesión y votó, continuará en la causa o será apartado de ella. La votación se produjo a mano alzada. El pleno no llegó a deliberar nada sobre la privatización. La segunda sesión que debía celebrar, fijada para el 4 de noviembre, quedó anulada de inmediato.

Las mismas fuentes sostienen que el debate, en el que participó la mayoría de los magistrados, fue bronco y tenso. Martínez Tristán, con quien ayer contactó infoLibre, rehusó aportar datos sobre la sesión pero negó que hubiese sido tensa, detalló que duró poco más de una hora y lanzó un desmentido rotundo a una afirmación repetida por quienes conocen el episodio: que Tristán no solo no hizo amago de abandonar la sala durante el debate sobre si si seguir o no seguir hasta tanto se resuelva la recusación sino que intentó que el pleno se pronunciara en primer término sobre el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión cautelar de la privatización.

“Es absolutamente falso”, dijo Tristán para negar que hubiese defendido la necesidad de deliberar sobre el recurso de la Comunidad o sobre cualquier otro antes que sobre su recusación. Respecto de su presencia en el pleno, el carácter de su intervención y el de su voto, el magistrado declinó pronunciarse. “Las deliberaciones son secretas y si alguien quiere contar lo que ocurrió, allá él o ella”, espetó el juez.

La víspera del pleno, 30 de octubre, el tribunal notificó a Martínez Tristán que el PSM había formulado una recusación. Los socialistas aducen que el magistrado no puede proyectar la exigida apariencia de imparcialidad dada su relación conyugal con una alto cargo del PP y su condición de aspirante a una plaza en el Poder Judicial con el posible apoyo del partido de su mujer.

Ese mismo 30 de octubre, y así lo explicó ayer él mismo, Martínez Tristán ordenó dejar en suspenso "el pleito", entendido esto último como el recurso del PSM para lograr que el tribunal le permita personarse en la causa. La suspensión solo alcanzaba a ese recurso porque llevaba la firma del mismo equipo que acababa de recusarlo.

El juez no ve razones para apartarse

Días después de que este diario publicase la relación familiar de Martínez Tristán con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y exvicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, Marta García Calzada, el magistrado explicó su posición a este periódico. Entonces, como ahora, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM sostuvo que ningún factor le aconseja apartarse del proceso sobre la privatización sanitaria.

Fue él mismo quien reveló la petición de la Comunidad de Madrid para que entregase al pleno los recursos, todos ellos en manos de la Sección Tercera -que fue la que paralizó en septiembre la privatización- salvo uno que acabó en la Sección Octava. Los diferentes autos dictados por esas dos secciones fueron el argumento de Tristán para hacer aquello que previamente había reclamado el Gobierno de Madrid, aunque el juez subraya que en un primer momento se negó a atender esa solicitud.

Durante su primera conversación con el magistrado, este diario le preguntó por qué considera contradictorios el auto de la Sección Tercera y el de la Octava si su origen es radicalmente distintos. Tristán discrepa, aunque se reserva los argumentos.

Ayer, el magistrado encontró no solo el respaldo del Gobierno de Madrid sino el del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que acababa de reunirse con el número dos de Ignacio González, Salvador Victoria. Moix, que definió como "cordial" su reunión con Victoria, suscribió las tesis del Gobierno madrileño y del propio Martínez Tristán. 

Que se dé una respuesta única a todos los recursos pendientes sobre la privatización  "es una postura absolutamente razonable", dijo tras esquivar la pregunta sobre la recusación del magistrado. Y añadió algo más que anticipa el apoyo de la Fiscalía a que sea el pleno y no la Sección Tercera la que dirima el litigio: "No podemos aspirar a que la Justicia esté resolviendo de manera diferente sobre un mismo hecho. Hay que unificar la respuesta judicial porque supondría una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos". 

Dos recursos distintos, dos autos diferentes

Los hechos son estos: el 8 de octubre, la Sección Octava denegó el  la suspensión cautelar de la privatización al rechazar un recurso donde CCOO alegaba que el Gobierno privatizó los hospitales por la vía de hecho, es decir, sin trámite administrativo. 

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El recurso de CCOO, cuya legitimación para personarse en el proceso negó la Sección Octava, era el único que había recaído en ese grupo de magistrados; todos los demás estaban en manos de la Sección Tercera. Si el sindicato no hubiera recurrido el auto de la Sección Octava, habría dejado automáticamente sin base el razonamiento según el cual cabía topar con resoluciones contradictorias. Finalmente, CCOO recurrió. Y su recurso es uno de los que, salvo terremoto o viraje, tendrá que ver el pleno.

El 11 de septiembre, un mes antes del varapalo a CCOO, la Sección Tercera había ordenado la suspensión cautelar del mismo proceso de privatización hospitalaria. Pero la ordenó en un recurso de índole y argumentos radicalmente distintos a los de CCOO. La alegación central de la asociación de médicos AFEM, a la que la Sección Tercera consideró legitimada para actuar en el proceso dado su carácter profesional y el interés directo que para sus miembros entraña la externalización, jamás cuestionó el derecho del Gobierno madrileño a  privatizar la gestión hospitalaria  ni negó que se hubiera aplicado un trámite administrativo, justamente el que quedó plasmado en el boletín oficial.

Lo que AFEM denuncia es que ese trámite administrativo quedó irremesiblemente viciado cuando, cuatro días antes de que expirase el plazo de presentación de ofertas, el Gobierno cambió las reglas del juego. Objetivamente, ese cambio en la recta final del concurso benefició a quienes ya habían presentado una plica: la fianza que debían depositar los concursantes pasó de 200 millones a 28.