Un protocolo "más explícito", supervisión y controles autonómicos, medidas clave para acabar con la "picaresca" de las vacunas

Salvando la distancia, la aparición de políticos, altos cargos y centros que deciden saltarse el protocolo de vacunación contra el covid-19 se parece a las primeras semanas de transmisión del virus en España. Empezaron siendo casos aislados y, con el paso de los días, los casos fueron acumulándose en todo el territorio. Este viernes ya empieza a ser difícil seguir la cuenta. Los últimos con relevancia nacional han sido el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos de la cúpula militar. La ministra Margarita Robles ya ha pedido un informe. Dos consejeros autonómicos de Salud han sido pillados, el de Murcia y el de Ceuta,junto a técnicos y otros trabajadores de sus departamentos. Según la recopilación de Europa Press, once alcaldes, siete concejales y dos directores de hospital en Euskadi también se han inmunizado antes de su turno. La acumulación de casos sobrepasa la anécdota. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Los expertos en Salud Pública coinciden en pedir a las autonomías más supervisión, investigaciones serias de los incidentes y sanciones rápidas y públicas para que cunda el ejemplo. Muchos lo denominan "picaresca española"; para otros es más bien corrupción y abuso de poder. 

El Ministerio de Sanidad no va a tomar medidas adicionales para hacer respetar el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial por el propio Gobierno y las autonomías. Así lo aseguran fuentes del departamento de Salvador Illa: la responsabilidad de cumplir un documento también firmado por ellos es de las propias regiones, que son las que ejecutan la estrategia. Son las responsables de garantizar que la priorización se cumple. Las mismas fuentes apuntan a que las autoridades sanitarias autonómicas están obligadas a llevar un registro en el que debe figurar el motivo por el que se vacuna a cada persona que recibe el pinchazo. En declaraciones a El País, responsables de la Comunitat Valenciana, La Rioja, Andalucía y Euskadi aseguran que hay que cruzar dos bases de datos: las de ese registro junto a la lista de personas que deben vacunarse en estos momentos.

El ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública José Martínez Olmos está de acuerdo con Sanidad: "El protocolo era claro con respecto a los grupos prioritarios". Para el especialista, es clara responsabilidad de las autonomías: ante una "irregularidad administrativa", se debe "abrir un expediente para determinar responsabilidades y sancionar a los altos cargos", un procedimiento habitual y común a todo el territorio nacional. Sin llegar a conclusiones precipitadas ni utilizar el populismo punitivo sobre qué debe hacerse: será labor del instructor de cada expediente, o del comité evaluador, determinar las responsabilidades, teniendo en cuenta que no es lo mismo un consejero que decide vacunarse porque se considera a sí mismo "esencial" que un hospital que reparte la primera dosis entre todos los trabajadores. 

Para el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña sí que hay margen para afinar el protocolo, aunque la responsabilidad de identificar y reprender a los infractores sigue recayendo en las autonomías. "Deben hacerse protocolos más explícitos de lo que ya es el plan de vacunación para decir qué entra y cómo no debe saltarse el orden. No quiero decir que no estén definidas las prioridades, pero en los ordenamientos jurídicos hay que ser explícitos. Hay espacios para que se mejore la definición, con toda claridad, de quiénes entran y quiénes no entran". Pide más contundencia a las autonomías: "Si no hay una adecuada supervisión, es una responsabilidad administrativa de cada comunidad autónoma. Lo tienen que asumir, y tienen que emitir comunicaciones, instrucciones y normativas que planteen con toda claridad que estas prioridades tienen que ser seguidas a rajatabla y que no hay espacios de excepción que puedan ser válidos". 

El epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública de Cataluña Joan Caylá cree que las sanciones, una vez finalicen los procedimientos, deben ser "públicas y rápidas", para que cunda el ejemplo y se eviten tentaciones de saltarse la cola. "En el fondo estamos aprendiendo sobre la marcha, pero los errores hay que corregirlos para que no se repitan. Si corresponde una sanción, debe aplicarse, pero rápidamente, para que todo el mundo tenga constancia.

Lo cierto es que Sanidad, con la aprobación del Consejo Interterritorial, ya ha recogido una de las propuestas de López Acuña: dejar más claro aún quién debe vacunarse durante la primera fase. Este jueves se publicó la actualización de la Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España, que además de detallar que a partir de marzo será el turno de los mayores de 80 años, detalla quién forma parte exactamente del grupo al que se agarró el consejero murciano para justificar su inmunización: el 3, "otro personal sanitario y sociosanitario". "Se priorizará al del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea. También se vacunará al personal de Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos", asegura el Ministerio. Ni militares, ni alcaldes, ni altos cargos autonómicos, ni sus técnicos. 

La propia estrategia manda mensajes en defensa de la priorización acordada, vistos los escándalos de los últimos días. Pide evitar carreras: "Lo importante no es el número de vacunas administradas por comunidades autónomas, sino respetar los grupos priorizados (...). Son muchas las circunstancias que explican y justifican la diferencia de porcentajes en la administración de vacunas entre comunidades autónomas. Por supuesto, son deseables y necesarias todas las sugerencias y aun denuncias que contribuyan a hacer bien este trabajo tan crítico para nuestra salud. Pero en todo caso, deberían hacerse sobre evidencias contrastadas y desde la presunción de la máxima profesionalidad de quienes tienen en sus manos en estos momentos esa responsabilidad". Añaden: "Debe exigirse mantener no solo la confianza sino también la solidaridad y entender que en el contexto epidemiológico actual todos los esfuerzos deben centrarse en aquellos que pueden ver más afectada su salud o, incluso, perder la vida por causa de contraer el virus y desarrollar la enfermedad".

¿Qué están haciendo las autonomías?

La Comunitat Valenciana es una de las que han puesto más empeño en perseguir estas irregularidades. Al menos, de puertas para afuera. Ha modificado su protocolo para dejar claro que, en caso de dosis sobrantes por un fallo en el cálculo o una baja de última hora, se buscará a una persona de la tercera edad para inocular el producto, no a un político. La administración sanitaria regional ha identificado 180 casos de vacunas inyectadas a quien no debían. Y, en contra del criterio del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sostiene que no pondrá la segunda dosis a estas personas, tras una orden del presidente Ximo Puig. Muchos epidemiólogos piensan que no es la manera de castigar estas conductas: la primera dosis se pierde y no se debe perder de vista el objetivo final, vacunarlos a todos. 

Otras aseguran, como la Comunidad de Madrid, que no han detectado brechas significativas en el protocolo. Sin embargo, infoLibre pudo constatar que todos los trabajadores del hospital 12 de Octubre han sido vacunados, pertenecieran o no a la primera línea de la lucha contra el covid, como indica el plan para esta primera fase. El Hospital Clínico reconoció que inmunizó con la primera dosis a 600 vacunados. Otras denuncias afectan al Gregorio Marañón o al hospital de Getafe. Ninguno de los centros ha puntualizado de dónde vino la orden para no seguir la prioridad establecida. El epidemiólogo José Tuells explicó a este periódico que sospecha que muchas regiones pueden caer en la tentación de esquivar los acuerdos del Consejo Interterritorial para coger ventaja en la carrera para gastar cuantos más viales mejor. "Se ha optado por la solución fácil", criticaba: pinchar a muchas personas en un solo edificio, en vez de optar por lo más correcto y complicado: ir de residencia en residencia, identificar y visitar uno por uno a los grandes dependientes que necesitan cuanto antes una protección contra el covid. "Se ha roto un consenso, que era el de vacunar en primer lugar a los de primera fila", declaró el coordinador de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). 

Ciudadanos ha optado por pedir más centralización: el partido naranja ha propuesto en el Congreso que el Gobierno establezca un registro nacional de las personas que se han vacunado contra el coronavirus y que todos los partidos se comprometan a pedir la dimisión o a destituir a aquellos cargos públicos que se vacunen antes de que les toque su ritmo, según los protocolos establecidos. 

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Otros problemas de gestión

La Comunidad de Madrid anunció este jueves que dejaría de vacunar a los sanitarios de primera línea dado que, asegura el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el Gobierno central les discrimina y les manda menos viales de los acordados previamente. La realidad es que tanto Madrid como Euskadi, que también ha lamentado el criterio, están a la cola en ritmo de vacunación, y el Ejecutivo quiere premiar a las más eficaces. Argumentan sendos Gobiernos regionales que están siendo castigados por ser previsores, por guardarse segundas dosis en la recámara por si hay problemas de discriminación y se imposibilita la inmunidad completa de los que recibieron la primera dosis. Sin embargo, las cifras son tozudas: a Madrid le quedan algo más del 10% de las vacunas que recibió, por lo que sus reservas no serían suficientes para lo que pretende. 

Para Martínez Olmos, los argumentos de Madrid no tienen sentido. "Las comunidades autónomas saben anticipadamente cada semana cuántas dosis van a recibir del Gobierno. Ya saben de cuántas van a disponer. No justificaría la suspensión de vacunación de algunos grupos de riesgo". Este viernes, ni tan siquiera el 1% de los españoles había recibido aún una inmunización completa contra el covid. El camino hacia la inmunidad de grupo va a ser largo y, vistos los últimos acontecimientos, tortuoso.