Semana clave para los familiares de fallecidos en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Este miércoles, a partir de las 10.30 horas, declaran en el Juzgado de Instrucción número 4 la directora de la residencia privada Amavir Arganzuela y la directora y dos médicas del centro público Adolfo Suárez. Tendrán que explicar, según concreta el abogado de la asociación de familiares Pladigmare, Andrés Ollero, por qué no hubo derivaciones a hospitales de mayores contagiados. Y por qué, además, no se medicalizaron las residencias.
Veinticuatro horas después será el turno del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, del director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur, y de la ex directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes. Ellos acudirán como testigos y tendrán que responder también a las preguntas que se les planteen sobre el Protocolo de la Vergüenza, el documento que restringió al máximo esas derivaciones por orden expresa de la Comunidad de Madrid. Entre marzo y mayo de 2020 murieron 7.291 personas mayores en residencias sin haber sido atendidas en el hospital.
Se trata, según ha podido confirmar infoLibre, de un procedimiento abierto en 2021 tras la querella de familias de fallecidos en estos dos centros: una en la Amavir Arganzuela y seis en la Adolfo Suárez. Inicialmente había una querella de una residencia más: la Ríosalud de Galapagar, un centro del que el juez se inhibió y de la que, por tanto, no se verá nada en las citas de este miércoles y este jueves. Lo relativo a lo ocurrido allí, dice Ollero, lo verán los juzgados de Majadahonda.
En Amavir Arganzuela, según la información de todas las derivaciones realizadas en la Comunidad de enero a junio de 2020, murieron 62 personas y se produjeron sólo ocho traslados. En la Adolfo Suárez, donde murieron 79 personas, sólo se produjeron tres traslados durante estas semanas aunque se pasaron 22 días sin derivaciones en lo peor de la primera ola de la pandemia.
"Lo que queremos, por un lado, es que las doctoras expliquen si hablaron con los gerontólogos de los hospitales y si éstos les dijeron que tenían prohibido derivar pacientes. Con la declaración de Reyero, Mur y Fuentes, lo que me interesa es saber si la Comunidad de Madrid conocía lo que estaba pasando: que no se medicalizaba y no se derivaba. Así se verá la responsabilidad de la administración en lo ocurrido.
El juez que instruye la causa es Marcelino Sexmero, exportavoz de la conservadora asociación Francisco de Vitoria que confirmó en 2013 la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización del Gobierno de Esperanza Aguirre. En este caso, que investigaba las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid, fueron imputados los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela.
Será la segunda vez que Reyero testifique
Además de la de este miércoles, este jueves 15 de junio también aparece como una fecha marcada en rojo en los calendarios de los familiares de fallecidos en centros de mayores. Será entonces cuando Reyero testifique por segunda vez sobre las muertes de los ancianos a los que no dieron la oportunidad de ser trasladados a un hospital. "Insistiré en que el protocolo existió, que se aplicó y que tuvo consecuencias. Y que, aunque lo tendrá que determinar un juez, a mi juicio era de obligado cumplimiento", señaló a infoLibre tras conocer su citación.
El exconsejero ya acudió a testificar el pasado mes de marzo en otra causa, que investiga el magistrado Arturo Zamarriego. Entonces respondió durante 50 minutos a las preguntas del juez y destacó que el Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria "no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia", algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, contestó que "sí, y sobre todo en época de pandemia", aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento. En cuanto a lo que significó dicho documento, el exconsejero señaló que "el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas". Asimismo, también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias.
En este último procedimiento, igual que ocurrirá este jueves, también declaró como testigo Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia y firmante del Protocolo, cuya existencia también confirmó. Según declaró, estampó su firma en el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", de forma que tuvieran una guía homogénea que aplicar. Él, añadió, no estaba de acuerdo.
Ambas declaraciones fueron de suma importancia porque supusieron que por primera vez en sede judicial altos cargos del Gobierno de Ayuso dejasen claro que los criterios de exclusión existieron, se enviaron a los hospitales y se aplicaron. La presidenta regional y su aparato de propagando sostuvieron durante meses, y aún hoy lo siguen haciendo, que no había ningún protocolo, que sólo existía un "borrador" que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.
La ex directora general de Salud Pública, por primera vez ante el juez
La exdirectora de Salud Pública de Ayuso también tendrá que declarar por el 'Protocolo de la Vergüenza'
Reyero y Mur no estarán solos. Yolanda Fuentes Rodríguez, la ex directora general de Salud Pública del Ejecutivo de Ayuso durante las primeras semanas de la crisis sanitaria, también acudirá este jueves como testigo para dar cuenta de lo ocurrido en los geriátricos antes de que presentara su dimisión, en mayo de 2020.
Su renuncia se produjo después de las discrepancias que mantuvo con la líder regional por su empeño en que la Comunidad pasase a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. Fuentes Rodríguez alegó que la decisión del Gobierno de Ayuso no se basaba en "criterios de salud". Era la segunda vez que dimitía ya que la decisión tomado entonces fue la misma que había tomado tres años antes cuando era consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos.
Estas últimas declaraciones coincidirán con una concentración de familiares de fallecidos convocados por Pladigmare. "Ninguna sociedad que se precie de civilizada y avanzada puede pasar página sobre esta catástrofe sin una investigación a fondo para clarificar lo que pasó y explique por qué de entre las diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad durante el año 2020, figuran cuatro españolas (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y Cataluña)", denuncian desde la asociación. Ese mismo 15 de junio, además, se celebra el Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Semana clave para los familiares de fallecidos en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Este miércoles, a partir de las 10.30 horas, declaran en el Juzgado de Instrucción número 4 la directora de la residencia privada Amavir Arganzuela y la directora y dos médicas del centro público Adolfo Suárez. Tendrán que explicar, según concreta el abogado de la asociación de familiares Pladigmare, Andrés Ollero, por qué no hubo derivaciones a hospitales de mayores contagiados. Y por qué, además, no se medicalizaron las residencias.