La exdirectora de Salud Pública de Ayuso también tendrá que declarar por el 'Protocolo de la Vergüenza'

La ex directora general de Salud Pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, Yolanda Fuentes Rodríguez, se sentará por primer vez el próximo 15 de junio frente al juez para declarar como testigo por lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia, donde el conocido como Protocolo de la Vergüenza restringió al máximo el traslado a los hospitales de quienes vivían en geriátricos. Ese mismo día, también están citados Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, y Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia y firmante del documento. 

Se trata, según ha podido confirmar infoLibre, de un procedimiento abierto en 2021 tras la querella de nueve familias de fallecidos en tres centros de la Comunidad de Madrid a través de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare). Las nueve víctimas residían en Amavir Arganzuela, en Adolfo Suárez y en Riosalud de Galapagar.

En Amavir Arganzuela, según la información de todas las derivaciones realizadas en la Comunidad de enero a junio de 2020, murieron 62 personas y se produjeron sólo ocho traslados. En la Adolfo Suárez, donde murieron 79 personas, sólo se produjeron tres traslados durante estas semanas aunque se pasaron 22 días sin derivaciones en lo peor de la primera ola de la pandemia. En la Riosalud de Galapagar fallecieron 23 mayores, 15 en la propia residencia y 8 en hospitales. Entre los meses marzo y mayo de 2020 murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital. 

Los tres deberán acudir al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid para sentarse como testigos frente al magistrado Marcelino Sexmero. Este juez, que fue portavoz de la conservadora asociación Francisco de Vitoria, confirmó en 2013 la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. En este caso, que investigaba las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid, fueron imputados los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela. 

Será la primera vez frente al juez para Fuentes Rodríguez, que dimitió en mayo de 2020 de su cargo por discrepancias con Ayuso por su empeño de que la región pasase a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. La ex directora general de Salud Pública alegó que la decisión del Gobierno regional no se basaba en "criterios de salud". Era la segunda vez que dimitía ya que la decisión tomada entonces fue la misma que había tomado tres años antes cuando era consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos. 

La anterior declaración de Reyero y Mur

En el caso de Reyero y Mur no será su primera vez ya que ambos acudieron a testificar el pasado mes de marzo en otra causa, que investiga el magistrado Arturo Zamarriega, por una querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. "Insistiré en que este protocolo existió, que se aplicó y que tuvo consecuencias. Y que, aunque lo tendrá que determinar un juez, a mi juicio era de obligado cumplimiento", explicó el que fuera consejero de Ayuso a infoLibre el pasado mes de abril cuando se conoció su citación en esta segunda causa. 

Reyero, que ya respondió durante 50 minutos a las preguntas del juez, destacó que el Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria "no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia". Algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, contestó que "sí, y sobre todo en época de pandemia", aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento. En cuanto a lo que significó dicho documento, el exconsejero señaló que "el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas". Asimismo, también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. 

Reyero testificará otra vez por el 'Protocolo de la Vergüenza': "Insistiré en que existió y tuvo consecuencias"

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Por su parte, Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo, aseguró que no tenía carácter vinculante, al contrario de lo declarado por Reyero, ya que fijaba solo unos criterios "orientativos" para los profesionales médicos. A preguntas del abogado de Marea de Residencias, admitió que todo lo relacionado con este documento lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y que éste dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad. 

No era un simple "borrador"

Pese a estas declaraciones, el magistrado no podrá llamar a declarar a Ruiz Escudero, que ahora está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su calidad de consejero y que muy pronto pasará a estar aforado ante el Tribunal Supremo, ya que Ayuso decidió nombrarlo senador por designación autonómica. Una forma de garantizar que ninguna causa judicial podrá prosperar contra él si no lo decide así el Supremo.

Los testimonios de Reyero y Mur, en los que no estuvo presente la fiscal del caso, supusieron que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejasen claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. La presidenta regional y su aparato de propaganda sostuvieron durante meses la falsedad de que el Protocolo era un simple "borrador" que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.