Reyero testificará otra vez por el 'Protocolo de la Vergüenza': "Insistiré en que existió y tuvo consecuencias"
Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, volverá a sentarse frente a un juez para declarar como testigo por lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia, donde el conocido como Protocolo de la Vergüenza restringió al máximo el traslado a los hospitales de quienes vivían en geriátricos. En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital. En concreto, Reyero tendrá que acudir el 15 de junio al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.
"Insistiré en que este protocolo existió, que se aplicó y que tuvo consecuencias. Y que, aunque lo tendrá que determinar un juez, a mi juicio era de obligado cumplimiento", explica Reyero en conversación con infoLibre. El exconsejero ya acudió a testificar el pasado mes de marzo en otra causa, que investiga el magistrado Arturo Zamarriego. En este último procedimiento también declaró como testigo Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia y firmante del Protocolo.
"Es una oportunidad de volver a contar lo que ya dije", asegura Reyero, quien matiza que esta citación responde a un caso distinto, aunque desconoce "a qué caso en concreto". Según ha podido comprobar infoLibre, en el procedimiento, abierto en 2021, aparecen cinco mujeres denunciadas y ocho querellantes. Este medio ha confirmado que una de las querelladas es la entonces directora de la residencia Amavir Arganzuela.
En esta residencia, según la información de todas las derivaciones realizadas en la Comunidad de enero a junio de 2020 desvelada por infoLibre, se produjeron sólo ocho traslados: el 9, 10, 13, 23 y 28 de marzo y el 1 y 4 (dos) de abril. En Amavir Arganzuela fallecieron 62 personas. "Estoy dispuesto a contestar cualquier cosa que me pregunte el juez", afirma Reyero.
Será su segunda declaración
Reyero ya respondió durante 50 minutos a las preguntas del juez el pasado mes de marzo por una querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. El que fuera consejero de Ayuso destacó que el Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria "no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia". Algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio.
A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, Reyero contestó que "sí, y sobre todo en época de pandemia", aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento. En cuanto a lo que significó dicho documento, Reyero señaló que "el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas". Asimismo, también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias.
También testificó Carlos Mur, el firmante del Protocolo de la Vergüenza
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Por su parte, Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo "para proteger a los profesionales de la Sanidad", aseguró que no tenía carácter vinculante, al contrario de lo declarado por Reyero, ya que fijaba solo unos criterios "orientativos" para los profesionales médicos. A preguntas del abogado de Marea de Residencias, admitió que todo lo relacionado con este documento lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y que éste dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad.
Pese a estas declaraciones, el magistrado no podrá llamar a declarar a Ruiz Escudero, que ahora está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su calidad de consejero y que muy pronto pasará a estar aforado ante el Tribunal Supremo, ya que Ayuso decidió nombrarlo senador por designación autonómica. Una forma de garantizar que ninguna causa judicial podrá prosperar contra él si no lo decide así el Supremo.
Los testimonios de Reyero y Mur, en los que no estuvo presente la fiscal del caso, supusieron que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejasen claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. La presidenta regional y su aparato de propaganda sostuvieron durante meses la falsedad de que el Protocolo era un simple "borrador" que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.
