El PSOE antepone el consenso de los grupos en la reducción de la jornada a fijar ya un calendario

El final del año llega cargado de frentes económico-políticos para el Gobierno y sus socios. En estos días los partidos se miran de cara a algunas medidas de gran calado que tiene que sacar el Ejecutivo y que durante estas horas se juegan en discretas conversaciones. Siempre con la necesidad de cuadrar el círculo porque el peso de los votos siempre es el mismo.

Y dentro del propio Gobierno de coalición hay un debate interno sobre la reducción de la jornada laboral, una medida incluida en el acuerdo del Ejecutivo y sobre la que Sumar pisa el acelerador. Pero el ala socialista, según señalan fuentes del PSOE, prioriza en estos momentos llegar a un consenso entre los grupos parlamentarios antes que poner una fecha. “Lo importante es que se va a hacer durante esta legislatura, no que se apruebe en enero del año que viene o en marzo”, indican.

Hay un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que se cumplirá con esta medida. Pero en Sumar quieren ir más rápido para su acuerdo. Fuentes de Trabajo indican que se debe acordar pronto del propio Ejecutivo y llevarla a la Cámara para que se “retraten el resto de grupos”. En los últimos días ha subido la presión entre este departamento y el de Economía, liderado por Carlos Cuerpo. “El nuevo ministro es como Nadia Calviño, pero con zapatillas”, señalan los socios minoritarios.

Sin fecha

Los socialistas muestran su compromiso de aprobar esta medida, que es una de las grandes promesas de la legislatura y en la que Díaz se juega parte de su capital político, como pasó con la reforma laboral. Pero en el PSOE insisten en que no hay que ponerle fecha, sino que tiene más importancia tirarse a la piscina sabiendo que hay agua por parte de los grupos parlamentarios. Muchas de las miradas están puestas en Junts, cuyos votos son indispensables y que tiene unas políticas económicas volcadas a la derecha y la patronal. 

Este lunes el líder de UGT, Pepe Álvarez, se trasladó a Bruselas para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, a quien conoce de su época en el sindicato en Cataluña. Salió con buenas vibraciones pero reconoció que “queda mucho trabajo por hacer”. Los sindicatos presionan para que se apruebe esta medida aunque no cuente con el aval de la CEOE.

El PSOE y Sumar también están negociando un paquete más inmediato: el escudo social. La idea que tiene el Palacio de La Moncloa es aprobar el decreto el próximo lunes, cuando previsiblemente comparecerá para hacer balance del año el presidente del Gobierno. Fuentes socialistas avisan de que no se repetirá un paquete con todas las medidas del año pasado porque la situación de inflación es diferente (en el mes de noviembre se situó en el 2,4% interanual). Desde Sumar están presionando especialmente para que se respeten las medidas antidesahucios.

Las negociaciones sobre impuestos

El Gobierno también tiene por delante algunas votaciones clave sobre el paquete fiscal, después de que ayer en el Senado sacaran algunas enmiendas de la mano el Partido Popular y Junts. Pero, a pesar de este movimiento, en el Ejecutivo creen que los de Carles Puigdemont mantendrán su palabra y terminarán respaldando en el Pleno de este jueves el pacto que se alcanzó de manera agónica de madrugada durante la Comisión de Hacienda.

Gobierno y los socios pactan prorrogar el impuesto energético en ausencia del PNV y Junts

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Sobre lo que crecen más dudas es sobre el impuesto energético. En aquel primer paso por el Congreso del paquete fiscal se acordó con EH Bildu, ERC y BNG llevarlo vía decreto antes de que decaiga el 31 de diciembre. Y, además, en otra vuelta de tuerca: se pactó con Podemos la creación de una mesa de partidos pilotada por Hacienda para configurar ese gravamen. A la convocatoria de esa cita no han acudido ni PNV ni Junts, lo que ha molestado profundamente a los morados. El Ejecutivo mantiene ese compromiso de aprobación en el Consejo de Ministros, pero es consciente de que los nacionalistas vascos y catalanes no darán su visto bueno en la posterior ratificación en las Cortes si no incluye incentivos a la descarbonización.

El Ejecutivo tampoco tiene asegurados los votos en estos momentos para la subida de la fiscalidad del diésel, pero tienen intención de llevarlo a las Cortes porque es un compromiso adquirido con la Comisión Europea. En el Gobierno no especifican todavía con qué fórmula lo harán, aunque podría ser con un decreto independiente. El principal escollo está en estos momentos en Podemos, que amenaza con tumbar esta medida e incluso los presupuestos generales si no sale adelante el impuesto a las energéticas.

En el Gobierno analizan en estos momentos en que hay una situación “polarizada” entre los partidos por ser final de año y al intentar marcar terreno. Incluso en el caso de Junts, según fuentes del ala socialista, se habla de “exageraciones” para marcar territorio en las negociaciones. No obstante, a pesar de las dificultades, en el PSOE y en Sumar creen que terminarán sacando los presupuestos generales del Estado.