El PSOE estudia la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de impedir que el Gobierno vete sistemáticamente la tramitación de leyes de contenido económico en el Congreso de los Diputados. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha recurrido en casi 30 ocasiones al poder que le otorga la Constitución para impedir que se debatan en la Cámara aquellas iniciativas que, a su juicio, suponen una reducción de los ingresos o un aumento del gasto. Los socialistas consideran que ese recurso sistemático al veto anula la vida parlamentaria y barajan pedir al tribunal de garantías que se pronuncie.
La facultad del Gobierno de prohibir que se tramiten iniciativas que puedan descuadrar las cuentas reside en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". "Aunque acordemos leyes con Podemos o Ciudadanos, no hay nada que hacer si el Gobierno sigue vetándolas", explican fuentes del grupo parlamentario socialista, que consideran que Rajoy ha encontrado una vía de seguir comportándose "como si tuviera mayoría absoluta".
Hasta ahora, indican fuentes parlamentarias a infoLibre, el Ejecutivo ha frenado en seco 27 proposiciones de ley: diez provenían de parlamentos autonómicos, cinco eran del PSOE, tres de Unidos Podemos, una de Ciudadanos, otra de ERC, cinco del Grupo Mixto y las restantes tenían como autores a varios grupos. En el Congreso, por ejemplo, el Gobierno ha impedido que se pueda siquiera debatir sobre la universalización de la Sanidad, la supresión de las tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural, el cierre de las nucleares o la recuperación de la Memoria Histórica. Todo con el mismo argumento: según el Ejecutivo, cuesta dinero.
Veto a casi todo
Estas mismas fuentes señalan que, a diferencia de lo que sucedió en legislaturas pasadas, el Gobierno no justifica su veto en la supuesta reducción de ingresos o incremento del gasto en el ejercicio presupuestario vigente, sino que se niega también a que se tramiten medidas que afectarían a años posteriores. Los socialistas creen que aplicar el veto de esta forma es injustificable, ya que el Ejecutivo podría elaborar los Presupuestos Generales del Estado para años próximos considerando que tiene que cumplir las leyes que hubiera aprobado el Congreso de los Diputados de acuerdo a las mayorías parlamentarias existentes.
Además, recuerdan fuentes parlamentarias, en las dos ocasiones en las que la Mesa del Congreso ha levantado los vetos el Gobierno no lo ha aceptado y lo ha llevado al Constitucional. La Mesa es el órgano ante el que el Ejecutivo tiene que manifestar su veto. En dos ocasiones al comienzo de esta legislatura, Ciudadanos se unió a PSOE y Podemos para revertirlo. Rajoy, entonces, decidió plantear sendos conflictos de atribuciones ante el Constitucional con la pretensión de que el tribunal de garantías reconozca su derecho a impedir cuantas normas considere que afectan a los ingresos y los gastos.
El TC, por ahora, ha admitido a trámite los conflictos de atribuciones pero no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto: si el Gobierno podía o no vetar la paralización de la aplicación de la LOMCE y una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones de los trabajadores subcontratados a las de los directamente empleados por una misma empresa. Esas dos iniciativas –ambas del PSOE– son las únicas sobre las que se he levantado el veto. En las otras 25 ocasiones, PP y Cs han sumado fuerzas en la Mesa del Congreso –donde suman cinco de los nueve votos– para que se mantenga el criterio del Ejecutivo.
Posible recurso al TC
En la dirección del grupo parlamentario socialista barajan ahora la posibilidad de recurrir al Constitucional para que delimite el alcance de la capacidad de veto del Ejecutivo. Consideran, sin embargo, que esa vía presenta dos inconvenientes: la primera, según las fuentes consultadas por infoLibre, que el tribunal podría tardar años en resolver y que su decisión podría llegar "cuando la legislatura estuviera ya agotada". La segunda, que hay al menos dos sentencias del TC que, en casos similares, vino a avalar que la facultad de veto del Ejecutivo es amplia.
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Ambos fallos datan de 2006. En el primero de ellos, el tribunal de garantías rechazó una modificación del reglamento de la Asamblea de Extremadura que establecía que, si había desacuerdo entre el Gobierno y la Mesa a la hora de vetar la tramitación de una iniciativa, decidiese el Pleno de la cámara regional. El Constitucional consideró entonces que Mesa y Pleno no podían erigirse en "jueces de su concurren o no las circunstancias que permiten oponerse a la tramitación de iniciativas", porque únicamente corresponde al Gobierno "decidir si se produce o no" una alteración de los ingresos o los gastos.
En la segunda de esas sentencias, el TC rechazó un recurso del PP contra un veto que el Gobierno vasco, en manos del PNV, había impuesto a la tramitación de una de sus iniciativas por considerar que supondría una disminución de los ingresos de la Hacienda vasca. Los magistrados indicaron que el veto podía ser válido incluso si afectaba a ejercicios presupuestarios futuros y que, si el Gobierno no ejercía el veto de forma arbitraria o irrazonable sino motivada, era válido.
Pese a estas dos posibles dificultades, el PSOE contempla la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en un intento por resolver la situación. Mientras tanto, señalan fuentes de su grupo parlamentario, intentará plantear todas sus iniciativas "con la máxima inteligencia" para que el Gobierno no pueda vetarlas. Aunque Ciudadanos ya ha indicado que va a seguir apoyando los vetos, según denuncia el PSOE, el grupo socialista intentará "trabajar políticamente para denunciarlo y dejarlos en evidencia", tanto al Ejecutivo como al partido de Rivera.
El PSOE estudia la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de impedir que el Gobierno vete sistemáticamente la tramitación de leyes de contenido económico en el Congreso de los Diputados. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha recurrido en casi 30 ocasiones al poder que le otorga la Constitución para impedir que se debatan en la Cámara aquellas iniciativas que, a su juicio, suponen una reducción de los ingresos o un aumento del gasto. Los socialistas consideran que ese recurso sistemático al veto anula la vida parlamentaria y barajan pedir al tribunal de garantías que se pronuncie.