"Me siento parte y vinculada al acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida", un Ejecutivo que es la "garantía para blindar" el Estado del bienestar y que "levanta la bandera de la igualdad y la libertad". Lo decía la socialista Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en la sesión de control a su Gobierno en el Parlamento autonómico. Podría parecer una obviedad para un bipartito con casi dos años de vida. Pero hoy jueves esas palabras adquirían un peso mucho mayor.
El Ejecutivo de PSOE e IU sufre ahora su mayor crisis desde 2012. Y se debe al realojo de la veintena de familias desahuciadas de la corrala La Utopía, un edificio sevillano propiedad de Ibercaja ocupado hace dos años y que una orden judicial ordenó vaciar el pasado domingo. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, entregó en la tarde noche de ayer las llaves de pisos de la Junta a diez familias afectadas. Sin embargo, Presidencia consideraba que ese camino no era el "correcto" porque suponía saltarse el orden de adjudicación de los pisos sociales, rozar la prevaricación. El conflicto, que ayer fue creciendo a medida que pasaban las horas, acabó con el anuncio, anoche, de que Díaz firmaría este jueves un decreto por el que retirará provisionalmente las competencias de adjudicación de vivienda a Cortés y abriría una investigación interna en el departamento. Un puñetazo encima de la mesa. Un frenazo a los planes de IU. La federación, mientras, defendía que esos realojos se ajustaban a la ley, y se aferra al auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que ordena a las administraciones "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".
Esta mañana se convocó de urgencia el comité de seguimiento del pacto de gobierno, para intentar buscar una solución a la crisis y evitar la ruptura de la coalición. Al encuentro convocado en el Parlamento andaluz asisten, en la delegación del PSOE, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el secretario de Organización del partido, Juan Cornejo, y el portavoz en la Cámara, Mario Jiménez. Y por parte de IU, su coordinador, Antonio Maíllo; el vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro. La consejera Cortés se encuentra de viaje en Colombia, invitada al Foro Mundial de Ciudades.
"De la estabilidad de mi Gobierno me preocupo yo"
La reunión, que comenzó poco antes de las diez, tuvo que ser interrumpida a las doce de la mañana para que los miembros del Ejecutivo y los dos portavoces se sentaran en el hemiciclo para asistir a la sesión de control. Fue entonces cuando Díaz evidenció que no piensa ni desea una ruptura de su Ejecutivo, siempre que se respete la "legalidad", precisamente la razón por la que ayer amenazó con cortar el paso a Cortés: "Tenemos la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, dentro de la ley". Sé que tenemos un acuerdo del que me siento parte y vinculada [...]. No es poco lo que nos queda por hacer a este Gobierno de izquierdas, que levanta la bandera de la igualdad y la justicia, en el marco de la legalidad vigente", respondió la presidenta a Castro. Uno y otro, guardando sus espadas y exhibiendo cordialidad.
Más tarde le preguntó Carlos Rojas, el portavoz del PP, quien la acusó de liderar un "Gobierno roto", de ser presidenta "en precario" y de dar un "espectáculo bochornoso". "De la estabilidad de mi Gobierno me preocupo yo. Quien preside este Gobierno es esta presidenta, y haré lo que tenga que hacer para que impere la igualdad, la justicia y la legalidad", replicó, con palpable acritud. El Ejecutivo, "cumple con su programa, con el acuerdo de Gobierno" y responde "a lo que los ciudadanos votaron mayoritariamente" en los comicios de 2012.
Si IU cede, el decreto no entrará en vigor
A la salida de la sesión de control, la presidenta respondió a los periodistas que ya está firmado el decreto por el que retira a Cortés las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta, aunque añadió que confía en que se "recupere la normalidad legal". ¿Se podrá revertir? "Siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social. Yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, evidentemente se podrá revisar el decreto", agregó, informa Europa Press. Ahora sólo queda que el decreto entre en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La sensación que cunde es que la situación es crítica, pero el pacto se mantendrá, y de hecho la negociación sigue todavía a estas horas a pesar de la firma del decreto. El acuerdo de PSOE e IU "no peligra", dijo con rotundidad Castro. Tampoco hay voluntad de romper la alianza por parte de los socialistas andaluces, según las fuentes consultadas por infoLibre. La portavoz adjunta de IU en la Cámara autonómica, Alba Doblas, criticó la voluntad de la presidenta de abrir una investigación en Fomento y Vivienda.
Y Cayo Lara, el coordinador federal, negó en los pasillos del Congreso que haya "crisis" en el bipartito y dijo que tiene "confianza plena" en que las dos formaciones logren entenderse. Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, expresó su apoyo a Díaz y se mostró convencida de que la crisis se resolverá y no habrá anticipo electoral.
¿Qué estrategia se va a seguir? "Si IU se baja de la burra, el decreto, aunque ya esté firmado, no se llegará a publicar en el BOJA ni entrará en vigor. Si no lo hace, se le quitan las competencias a la consejera y luego ya se verá. Pero probablemente haya acuerdo. Se está hablando en buenos términos. Castro no lo ha sacado en la sesión de control... Se va a arreglar", apuntaban fuentes del PSOE andaluz.
El PP pide la salida de Cortés y ofrece sus diputados
Las 24 horas en las que el Gobierno andaluz estuvo pendiente de un hilo
Desde IU, también se percibía que la batalla se estaba destensando. Y precisaban que la consejería comenzó ayer a hacer "alojamientos transitorios", y no realojos ni adjudicaciones de vivienda, con "determinadas familias" de la corrala. Y siempre actuando "con urgencia y por mandato judicial", con respeto a la legalidad, para buscar una solución a familias que están en la calle y que han pasado dos años en un edificio sin luz ni agua.
Lo que está claro es que esta es la primera gran crisis del Gobierno bipartito en sus dos años de recorrido. Hasta ahora, todas las diferencias se resolvían de forma silenciosa, sin estridencias, y así se superaron escollos como la elaboración de dos Presupuestos regionales en tiempos de restricción e incluso una comisión de investigación del fraude de los ERE. En los últimos meses, sobre todo a partir del relevo de José Antonio Griñán en la Junta, ha planeado la duda de si Díaz adelantaría las elecciones para pasar la reválida de las urnas y consolidarse en el poder. La presidenta nunca ha ocultado que su objetivo es que el PSOE recupere la mayoría social que perdió en 2012 –entonces, ganó el PP, por primera vez– y pueda capitanear el Gobierno autonómico, si puede, en solitario, "libre de hipotecas".
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, pidió directamente a Díaz que destituya a Cortés "si se ha cometido una regularidad", y le ofreció sus diputados para sustentar un Gobierno en Andalucía, "si acepta la agenda reformista" de su partido.
"Me siento parte y vinculada al acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida", un Ejecutivo que es la "garantía para blindar" el Estado del bienestar y que "levanta la bandera de la igualdad y la libertad". Lo decía la socialista Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en la sesión de control a su Gobierno en el Parlamento autonómico. Podría parecer una obviedad para un bipartito con casi dos años de vida. Pero hoy jueves esas palabras adquirían un peso mucho mayor.