Las 24 horas en las que el Gobierno andaluz estuvo pendiente de un hilo

El pacto de gobierno de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía está a salvo. Ninguno de los socios quería desde el principio el divorcio –y ninguno quería cargar con el mochuelo de ser acusado como culpable de la separación–, porque a ninguno le convenía, y los dos por eso se emplearon en buscar una salida a su mayor crisis política desde 2012. Una rendija, por pequeña que fuera. Y en la noche de este viernes se halló. La distensión se producía después de una tarde de intensas negociaciones, en las que PSOE e IU analizaron los expedientes de las familias a las que el Departamento de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, concedió las llaves de su nueva vivienda temporal. Para los socialistas, era crucial cerciorarse de que el procedimiento se había ajustado a la ley. Era una condición sine qua non. Sólo entonces, una vez hechas todas las verificaciones, estarían dispuestos a devolver las competencias sustraídas a la consejera.

A la salida de la reunión, de más de cinco horas –a las que se suman las 12 horas del jueves–, las dos delegaciones se negaron a desvelar si se habían zanjado las diferencias, pero por sus palabras hicieron ver que la crisis se estaba reconduciendo. Los representantes de IU apuntaron que "quedan flecos", y añadieron que "habrá noticias pronto", pero no daban por cerrado nada. El PSOE, por su parte, se reconoció "satisfecho de los avances producidos", informa Europa Press. Los trabajos de acercamiento continuaron durante la madrugada, hasta que se conocía el acuerdo final a través de un comunicado.

La jornada de ayer viernes fue de vértigo. Arrancaba con otro gesto de autoridad de la presidenta. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía escupía a primera hora el decreto que Susana Díaz anunció en la noche del miércoles: trasvasaba el poder de adjudicación de viviendas a la Consejería de Hacienda, controlada por la socialista María Jesús Montero. IU sintió el decreto como un navajazo en el estómago, y no faltaron quienes criticaron a la jefa del Ejecutivo por su "soberbia y deslealtad". Díaz aseguró que ella, como presidenta de "todos los andaluces", no podía olvidarse de los 12.000 sevillanos que aguardan en lista de espera para tener un techo bajo el que dormir y que "no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pasen realmente mal". "Y eso es lo que estoy haciendo", dijo a las nueve de la mañana, en un desayuno informativo con Elena Valenciano en Sevilla. "Por encima de cualquiera de nosotros está el reto en un momento difícil para miles de hombres y mujeres de demostrar que en Andalucía otra política y camino es posible, el de la igualdad en el marco de la ley".

La "suspensión momentánea" del acuerdo

El puñetazo de Díaz fue respondido por otro de IU, que se sentía indignada por la "soberbia" y la "deslealtad" de la presidenta. Así, Antonio Maíllo, el coordinador andaluz, convocó de urgencia a su dirección colegiada, a la que se sumó Cayo Lara, el líder federal, y su número dos, José Luis Centella, el hombre que con la hoy jefa del Ejecutivo construyó hace dos años el pacto y con la que mantiene buenas relaciones. Resultado: IU anunció una "suspensión momentánea" del acuerdo de gobierno y defendió la legalidad plena de los realojos ordenados por Fomento. La decisión no tuvo, no obstante, un efecto práctico inmediato. Los tres consejeros (y los altos cargos) se mantuvieron en sus puestos, y el bipartito no se daba por roto aún. 

La consecuencia más palpable del viraje de la federación se notó en la reunión que comenzó por la tarde. Los socialistas mantuvieron a sus negociadores –el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez–, pero IU rebajó el nivel y lo situó en la esfera puramente política: sacó del diálogo al vicepresidente, Diego Valderas, al líder regional, Maíllo, y al portavoz parlamentario, José Antonio Castro, y metió al coordinador de la ejecutiva, el senador José Manuel Mariscal; y a los responsables de Comunicación e Institucional, Javier Moreno y Carmen Cantero. 

Todos ellos, según fuentes de ambas formaciones consultadas por infoLibre, estuvieron escrutando todos los expedientes. “Estamos garantizando que se cumpla el principio de igualdad. Que los que están realojados reúnen los requisitos para ello”, indicaba un miembro socialista del Ejecutivo. “Están haciendo un análisis porque queremos dejar claro que no hemos cometido ninguna irregularidad, están viendo el procedimiento global que se ha seguido”, apuntalaba un alto cargo de IU.

De las 22 familias iniciales a ocho

Información. Ahí estaba uno de los escollos. Los socialistas acusaban a la federación de haber "escamoteado información" en la reunión del jueves. "Dieron pocos documentos", se quejaban en el Ejecutivo. De hecho, fue esa "falta de claridad" la que llevó a Díaz a culminar su ultimátum y publicar el decreto en el BOJA. Desde Fomento, aseguraban que sí aportaron papeles en el largo encuentro de ayer. Pero hoy viernes dieron "aún más". La consejería, además, hizo público un primer balance: la Junta había realojado provisionalmente en viviendas de titularidad autonómica a ocho familias expulsadas de la corrala La Utopía. Todas, con informes sociales "favorables", "en riesgo de exclusión social" o con menores a su cargo, los requisitos que imponía el auto judicial del 25 de febrero. El realojo provisional, aseveró, es "diferente de la adjudicación de vivendas", y permite "atender a familias en situación de emergencia sobrevenida". 

El departamento de Cortés hablaba ya de ocho familias, y no 22. Ese número, 22, era el que se manejaba hasta ahora, porque era el que había sido contabilizado por el Ayuntamiento, la Junta y el Defensor del Pueblo andaluz. La consejería sólo pudo facilitar llaves a las citadas ocho, siguiendo un "respeto escrupuloso" por la legalidadrespeto escrupuloso. Entre estas, no estaba Irma Blanco, una de las líderes de la corrala y en quien se habían centrado los focos por su condición de militante de IU y porque tenía un trabajo de seis meses en un ayuntamiento gobernado por la federación. Blanco anunció este viernes que renunciaba a un piso. "Ella tenía la expectativa de ser una de las elegidas. Pero nunca estuvo en el grupo que nos marcaba el auto judicial", alegaban fuentes próximas a Cortés. 

PSOE e IU intentan reconducir la crisis en el Gobierno andaluz

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Estos gestos eran vistos como "positivos" por el PSOE, al igual que la oferta de mayor información. Era la condición de la presidenta de la Junta: garantizar que no se ha saltado la ley, que todos los afectados cumplen los requisitos. 

IU, mientras, se cuidó en sus declaraciones públicas de hablar de fractura total. Maíllo, en un acto en Huelva por la tarde, insistió en que IULV-CA no "rompe nada" porque no tiene "nada que romper". Lara remarcó que la federación "no quiere romper el pacto" en Andalucía. "Estamos en el Gobierno por responsabilidad, y nos hemos trabado muchos sapos por esa responsabilidad". 

Este, para IU, puede ser su último sapo. Pero todos, PSOE e IU, son conscientes de que la "confianza está deshecha", y de que este capítulo no pasará en balde.