El PSOE finalmente se abstendrá en la tramitación de una ley trans en plena pugna con Montero sobre la autodeterminación

El PSOE ha confirmado este martes que se abstendrá en la votación sobre la admisión a trámite de la ley trans en el Congreso. El texto de la proposición de ley que se debatirá en Pleno es idéntico al que viene trabajando y proponiendo el Ministerio de Igualdad, aunque la iniciativa parlamentaria haya sido registrada por ERC y por el Grupo Plural. En palabras de Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista, el texto es "mejorable" y necesita seguridad jurídica. La falta de apoyo de los socialistas condena la iniciativa a la derrota, ante una previsible oposición del Partido Popular y Vox. Todo ello ocurre después de que el grupo señalase este lunes que ellos no se opondrían nunca a que “se produzca un debate parlamentario sobre algo tan importante para nosotros como los derechos de las personas trans”. Esas mismas fuentes añadían que “es una buena noticia que ahora todo el mundo pueda hacer aportaciones” a ese debate y la propia Carmen Calvo celebraba la existencia de una iniciativa parlamentaria.

En el equipo de la ministra Irene Montero prefieren ser prudentes para salvaguardar una negociación que aún sigue su curso en el seno del Gobierno entre los equipos de Igualdad y de la vicepresidencia primera de Carmen Calvo. Pero sí admiten que esas negociaciones “están bloqueadas” desde el mes de enero por las objeciones de la parte socialista de la coalición en la libre autodeterminación de género, la verdadera razón de ser de la ley a juicio del departamento de Igualdad.

Otras dirigentes de Unidas Podemos en el Gobierno se muestran mucho más críticas con el PSOE y no disimulan su profundo malestar. “Están incumpliendo el acuerdo de coalición y tienen intervenida la capacidad legislativa del Ministerio de Igualdad. Llevan meses impidiendo que Irene Montero lleve al Consejo de Ministros un texto que es menos ambicioso que el que se va a empezar a tramitar ahora en el Congreso”, se quejan esas mismas fuentes.

La de la Ley Trans es una de las batallas políticas más enquistadas en el seno del Gobierno de coalición desde hace meses y una de las banderas irrenunciables para Unidas Podemos. En Igualdad le otorgan máxima relevancia a este proyecto hasta el punto de que la propia ministra, Irene Montero, ha comunicado oficialmente a la presidencia del Congreso que será ella personalmente quien defienda la postura del Gobierno en el debate que se producirá este martes por la tarde.

A los votos a favor ya confirmados tanto de Unidas Podemos como de la mayoría de socios parlamentarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se sumaría el voto afirmativo de Ciudadanos y PNV. En el PP no han hecho oficial su postura pero fuentes parlamentarias conservadoras no descartaban que el voto final pudiera ser una abstención. En el Gobierno, la negociación sigue viva, pero muy lejos de un acuerdo. Así lo señalan distintas voces implicadas en el proceso: “No vemos voluntad de acuerdo”. Preguntado al respecto, el sector socialista insiste en la normalidad de los tiempos y subraya que las partes continúan “trabajando discretamente”.

El empuje de los colectivos

A principios de febrero, se conocieron los dos textos del Ministerio de Igualdad: el borrador de la Ley Trans y el de la Ley de Igualdad LGTBI. Dos de los grandes compromisos legislativos del Gobierno en materia de no discriminación, junto a la ley Zerololey Zerolo. Aquello que se presentaba como el paso determinante hacia la consolidación de los derechos del colectivo, fue sin embargo el principio de una serie de desencuentros continuados entre los socios de gobierno. La Ley Trans se convirtió en el campo de batalla: el departamento de Irene Montero insistía en blindar el derecho a la autodeterminación de género sin condiciones, mientras que el ala socialista templaba el entusiasmo de sus compañeros al reprochar la ausencia de garantías y de una base jurídica sólida.

El registro en el Congreso se produjo hace un mes, el pasado 17 de marzo. ERC, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y JxCat decidieron presentar una propuesta prácticamente idéntica –con cuatro novedades en materia de género no binario, aborto, migración y subsidios para mayores trans–a la que en su día confeccionó el Ministerio de Igualdad. El origen: los colectivos. Son las principales organizaciones LGTBI quienes a lo largo del verano pasado se sentaron junto al Gobierno para trazar una ley que blindase los derechos de las personas trans. Y son ellos quienes están detrás del registro de la ley en la Cámara Baja.

A comienzos del mes de marzo, activistas de la Plataforma Trans, Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries España decidieron iniciar una huelga de hambre ante las escalinatas del Congreso con una firme reivindicación: que Unidas Podemos, respaldado por el resto de fuerzas progresistas, siguiera la vía parlamentaria para dar impulso a la ley. La protesta surgía tras acumular semanas en vilo, desde que el borrador de la ley se hiciera público y tras la falta de acuerdo para llevar el proyecto al Consejo de Ministros. Pese a la llamada de los activistas, los morados optaron por seguir trabajando en el seno del Gobierno, así que el registro de la proposición corrió a cargo de otros seis partidos. Las formaciones dieron un ultimátum al Gobierno: pidieron un compromiso explícito y por escrito en favor de la ley. Si aquel gesto se producía, los grupos renunciarían a presentar la proposición. El Ejecutivo optó por no pronunciarse.

Entre los colectivos, los ánimos son diversos. La Plataforma Trans celebra el simple hecho de haber logrado introducir la proposición en la cámara. Es de por sí, sostiene su presidenta, Mar Cambrollé, una victoria. Se muestra optimista, pero nerviosa. “Los números dan, pero quien deberá decidir si está al lado de los derechos de las personas trans es el PSOE”, dice al otro lado del teléfono. Los socialistas tendrán que sopesar si quieren posicionarse al lado del “transfachito”.

Del lado optimista está también el Ministerio de Igualdad. La propia Irene Montero se ha pronunciado este lunes afirmando que la ley que aterriza en el Congreso lleva su sello. “La ley que se debate es la ley del Ministerio de Igualdad”, ha subrayado. “Somos conscientes de que tenemos una deuda histórica” con las personas trans, así que el ministerio va a “trabajar para garantizar todos sus derechos y por una vía o por otra utilizar todas las herramientas legislativas para garantizar que sus derechos sean ley”. Fuentes de la cartera así lo confirman. “Deseamos que salga adelante” porque su tramitación “no es incompatible” con el proyecto del ministerio y de hecho es posible que “los textos a futuro confluyan en el debate parlamentario”. Las mismas voces insisten en que la pelota está ahora en el tejado de los socialistas, cuyo posicionamiento acarrea además una enorme carga simbólica a un mes del Orgullo LGTBI.

No son tan optimistas en la Federación Estatal LGTB. Según fuentes próximas a la organización, la vía parlamentaria implica un riesgo elevado de congestión: la interposición de enmiendas y el control socialista de la Comisión de Igualdad implicaría, pronostican las voces consultadas, un estancamiento de la ley, como ya ocurrió anteriormente con otros proyectos de igualdad LGTBI.

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En el seno del colectivo no han ocultado en ningún momento que todas sus expectativas están volcadas en los consensos gubernamentales. Recientemente reclamaron, junto a Chrysallis y Fundación Triángulo, trabajar sobre una única ley –como piden los socialistas– que contenga la autodeterminación de género como eje central –como defiende el Ministerio de Igualdad–. En esta entrevista con infoLibre y elDiario, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reconoció que "seguramente va a haber una sola ley con un capítulo específico dedicado a los derechos de las personas trans en cumplimiento del acuerdo de Gobierno". Igualdad, por su parte, señaló que aceptaría una ley siempre que fuese integral trans y reconociera la autodeterminación.

División en el movimiento feminista

El disenso escenificado entre los socios de coalición, esencialmente entre los departamentos de Irene Montero y Carmen Calvo, guarda una evidente relación con la división en el seno del movimiento feminista. Este mismo martes, colectivos feministas críticos con la ley han organizado una concentración a las 12.30 horas frente al Congreso para expresar su rechazo a la norma. “El Congreso contra las mujeres y la infancia”, rezan las convocantes. Del otro lado, organizaciones en la órbita de la Comisión 8M han expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a la ley. A finales de enero, un manifiesto feminista por el derecho a la libre determinación de género cosechó el apoyo de 614 colectivos y 11.022 activistas.