El PSOE gallego ataca a la jueza que imputó a su líder: “No hay separación entre poder judicial y político”

El PSOE de Lugo ha vuelto a cargar este jueves contra Pilar de Lara, la jueza que investiga al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, por una decena de delitos en la operación Pulpo y el caso Garañón, tras subrayar que ambos casos parten de decisiones tomadas por el PP sin que este partido se haya visto salpicado. Al hilo de ello, ha advertido de que "está instalada la percepción de que no hay separación entre el poder judicial y el poder político".

El número uno de los socialistas gallegos fue imputado el pasado viernes en una segunda causa, la operación Pulpo. La magistrada Pilar de Lara investiga si pudo cometer hasta seis ilícitos penales –cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos– y estudia si, en su etapa como presidente de la Diputación de Lugo, se amañaron contratos para favorecer a determinadas empresas y si se pagaron "cuantiosos gastos de dudosa legalidad" –gafas, prótesis, audífinos, ayudas para vivienda e incluso vacaciones subvencionadas– a funcionarios de la citada administración.

Pero es que sobre Besteiro ya pesaba una imputación anterior, en este caso por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La magistrada cree que el líder de los socialistas gallegos pudo obtener una rebaja en la compra de un piso y una reforma a cambio de dar luz verde definitiva a una operación urbanística. Pilar de Lara cuestiona varios aspectos de la operación de compra del inmueble –especialmente varios pagos en efectivo que considera extraños y que suman 36.000 euros– y sospecha también de la reforma que el dirigente realizó en el inmueble, porque pagó los trabajos a la constructora con cinco años de retraso.

"Beneficia al PP"

En una multitudinaria rueda de prensa, el portavoz del PSOE en la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha sostenido en referencia a la operación Pulpo que "el desarrollo de los hechos beneficia al PP". "Lo digo clara y rotundamente: sí, con intencionalidad o sin ella, pero sí que le beneficia", ha sentenciado. En este sentido, ha puesto de manifiesto que los últimos autor de la jueza colocan "una losa de dudas" sobre la Diputación de Lugo utilizando para ello datos "no muy claros, no muy rigurosos y no muy escrupulosos". 

De igual modo, en lo que atañe al programa de gasto social –partida con la que se sufragaron distintos gastos a funcionarios en lo que la jueza cree que pudieron ser ayudas ilegales–, ha señalado que fue aprobado por el Gobierno provincial del PP en 1991 y ha agregado que sigue vigente, "como en cualquier otra administración pública de España" –incluido "el Ministerio de Justicia"–, aunque "con modificaciones".

Para explicar esta afirmación, ha exhibido datos [ver los documentos en PDF] que certifican que en 2006, último año antes del ascenso de Besteiro a la Presidencia, la cuantía de esta iniciativa superaba 1,3 millones de euros; mientras que en 2014, un año antes de que el actual líder socialista renunciase al cargo, se situaba en 620.000 euros. Dicho esto, ha deslizado que los escasos meses de Elena Candia (PP) al frente de la Diputación tras las elecciones de mayo de 2015 sirvieron para incrementar ese presupuesto: "La ayuda para gafas pasó de 350 a 500 euros", ha ejemplificado.

En cuanto al programa KM0, también analizado en la operación Pulpo, ha lamentado que "se ponga en duda su legalidad" cuando estaba financiado con fondos comunitarios, que están "sometidos a rigurosos controles" y "todos ellos" se superaron "con nota". "La Diputación de Lugo siempre ha actuado conforme a la legalidad", ha aseverado. Como prueba de ello, ha esgrimido una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Lugo que avaló la adjudicación del contrato de transporte a una de las compañías del Grupo Monbús, propiedad de Raúl López, también investigado en este caso.

Explicado esto, Santos ha recordado que la operación Pulpo comenzó en 2013 "tras una denuncia por un supuesto caso de acoso laboral", de modo que ha cuestionado que "los avances en este asunto", que "no está resuelto", hayan llevado "a la imputación del expresidente de la Diputación" por asuntos "que nada tienen que ver". Maxime, ha abundado, cuando ningún cargo del PP está siendo investigado ni por el citado programa de ayudas sociales para el personal de la Diputación ni por los viajes. "Pero sí se utilizan para imputárselos a un gobierno posterior", ha reprobado.

Dimite el número uno del PSOE gallego, imputado por diez delitos

Ver más

Cuestiona su imparcialidad

"Tiene mucha similitud con lo que pasa en el caso Garañón", ha relacionado así ambos casos: "Se le imputan una serie de delitos a Besteiro sobre una obra en la que no se habla del PP". Se ha referido a que fue un alcalde del PP quien aprobó el planeamiento urbanístico que permitía edificar en las inmediaciones del parque Rosalía de Castro "no sólo el Garañón, sino un Garañón más grande", según sus palabras. "Aquí se investiga a quien, con su gestión, redujo la edificabilidad y racionalizó el urbanismo en esa zona y no se investiga a aquellos que se cargaban las cuestas del parque directamente", ha acusado.

Así las cosas, ha indicado que, "como ciudadano", le es difícil creer en la "imparcialidad" de la Justicia. "No es habitual que una denuncia de acoso laboral entre dos funcionarios, que no se resuelve, dé pie a ir abriendo y abriendo hasta hacer una macrocausa", ha opinado, y ha llegado a preguntarse si "no suena a investigación prospectiva" –algo prohibido por ley– tras admitir su "ignorancia en asuntos jurídicos".