El PSOE no pedirá por ahora el escaño a Chaves y Griñán pese a su imputación en el ‘caso ERE’

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro citó a declarar por el caso de los ERE de Andalucía en calidad de imputados a los expresidentes de esta comunidad Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los diputados, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según una providencia hecha pública este martes.

El PSOE, sin embargo, no pedirá el escaño por el momento a ninguno de los cinco aforados. El listón que puso la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el secretario general del partido, Pedro Sánchez, era que se les imputara algún delito, y eso no aparece en la providencia. En ello se escudó el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo: que no hay "motivo" para que Chaves y Griñán dejen sus actas de diputado y senador porque "no se les imputa ningún delito".

Recordó que ambos pidieron comparecer voluntariamente ante el Supremo y ahora tendrán la oportunidad de expresarse, por lo que tendrán la "oportunidad de aclararlo todo y de que se les escuche". "Siempre hemos dicho que ante casos de imputación de algún delito, cosa que no ha ocurrido en el caso de Chaves y Griñán, entonces de pronunciaría el partido", según dijo Cornejo, quien aseguró que será el juez el que diga, tras haber tomado declaración a los expresidentes, si se les imputa o no algún cargo.

Si se produjera esa imputación de delito, entonces el partido se pronunciará el partido en relación con "todo", dijo Cornejo, como la posibilidad de que tuvieran que abandonar sus escaños en las cámaras en las que están en este momento.

Chaves dice "nada ha cambiado en absoluto"

El portavoz de la Junta, el socialista Miguel Ángel Vázquez, también secundó esta tesis. Insistió en que Díaz dejó "meridianamente clara" su posición de que no haya ningún imputado con señalamiento de delito en ninguna Cámara. Vázquez subrayó que el Gobierno andaluz no comenta las decisiones judiciales y que esta vez no va a ser una "excepción". "Respetamos el funcionamiento de la Justicia, no interferimos y colaboramos permanentemente con la información que se nos solicita", apuntó, informa Europa Press. Se le preguntó si la Junta se personará en la causa de los ERE, y respondió que será el gabinete jurídico del Ejecutivo el que marcará el criterio a seguir. 

Y desde Madrid, se pronunció en el mismo sentido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Antonio Hernando defendió que los expresidentes pidieron declarar voluntariamente y "no hay otra forma" de hacerlo que en calidad de imputados. Por eso "no tendrán que entregar sus actas". Si luego se les culpa de algún delito, sí tendrían que dejar sus escaños, "cumpliendo así con la palabra del secretario general del PSOE". Hernando rectificó las primeras declaraciones que hizo tras conocerse la citación de Chaves y Griñán. En un primer momento, en rueda de prensa en el Congreso se remitió al código ético del PSOE, que fija la exigencia de responsabilidades cuando se abre juicio oral. 

El propio Chaves respondió a los periodistas en la Cámara baja que no se irá por ahora, que su situación procesal no ha cambiado porque contra él no pesa ninguna "imputación formal". Dijo tener la "conciencia tranquila" y confiar en que la causa se "archive". "No hay auto de imputación formal contra nosotros, no hay inculpación, ni indicio de delito, simplemente es así por tener que ir a declarar, nada ha cambiado en absoluto", señaló el expresidente, quien añadió que se ha sentido "respaldado" por su partido. También confió en que su citación no influya en las elecciones andaluzas del 22 de marzo, informa Europa Press. 

El PP pide a Sánchez que también pase el mocho en Andalucía

Ya infoLibre avanzó en noviembre que la única forma que tenían los aforados de dar explicaciones ante el TS era como imputados, pues ello les permite ir acompañados de abogados y disfrutar de garantías procesales. Cuando hayan prestado declaración, el Supremo podría atribuirles delitos concretos a cada uno o considerar que son inocentes y no hay materia para inculparles delitos concretos.

El PP vio una oportunidad en la imputación de Chaves y Griñán, más ahora en la precampaña electoral andaluza. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, emplazó a Sánchez a "coger el cubo y la fregona y a pasar el mocho también por el PSOE andaluz", dentro de la operación de limpieza que ha puesto en marcha en su partido al destituir a Tomás Gómez sin ni tan siquiera estar imputado por el caso del tranvía de Parla.

El conservador Hernando le dijo al líder del PSOE que, "a la ahora de limpiar, no se deje una zona un tanto oscura" en Andalucía porque allí su partido acumula ya "demasiados casos de corrupción" y se cuentan por centenares los socialistas implicados, informa Europa Press. "Cuando se hacen declaraciones de limpieza hay que ser coherentes y consecuentes", agregó. 

Documentación requerida

La providencia conocida este martes [consúltala aquí en PDF] especifica que los expresidentes, ahora senadores, tendrán que testificar en el Supremo el 9 de abril, en el caso de Griñán, y el 14 del mismo mes, en el de Chaves. Para el 7 de abril es citado José Antonio Viera; para el 16 de abril, Gaspar Zarrías; y para el 21 de abril, Mar Moreno. Todos ellos son citados en calidad de imputados en la presente causa, aunque no se especifica ningún cargo.

De esta forma, los cinco aforados socialistas tendrán que dar explicaciones finalmente en el Tribunal Supremo sobre sus decisiones en relación con los ERE de Andalucía. El propio magistrado que instruye el caso, Alberto Jorge Barreiro, especifica que a Chaves se le interrogará sobre sus decisiones como presidente de la Junta de Andalucía "con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a empresas de la referida autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

En similares términos se expresa sobre la comparecencia como imputado de Griñán, "en su desempeño en la Consejería de Economía y Hacienda y en la Presidencia de la Junta".

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Pero la providencia de Barreiro da cuenta de una diligencias de gran importancia para la investigación. En concreto se trata de la decisión del magistrado de encargar a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que analicen las deliberaciones de la Comisión General de Viceconsejeros, presidida por el consejero de Presidencia, y denominadas por uno de los imputados como consejillos.

De esta forma, el juez quiere que los funcionarios le informen de los temas que se trataban en los mencionados consejillos consejillosen relación a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de control financiero y cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas en el periodo comprendido entre 2000 a 2012.