La desconfianza con el Gobierno por parte de los grupos que apoyaron la moción de censura y la incapacidad del Ejecutivo a la hora de construir certidumbres con sus socios potenciales acabó este viernes por frustrar una votación clave para Pedro Sánchez, la que debía abrirle la puerta a un incremento presupuestario de 6.000 millones de euros en 2019 con el que impulsar el gasto en sanidad, educación y dependencia y marcar la diferencia con Mariano Rajoy.
Ni el Gobierno ni el PSOE ofrecieron a los partidos cambios en la senda de estabilidad que la ministra de Economía había trasladado hace dos semanas a Bruselas y que, en síntesis, relajaba la reducción de déficit y de deuda pactada por el Gobierno de Rajoy con las autoridades comunitarias.
Eso sí, a la vista de las reticencias de los grupos a apoyar una propuesta como la planteada por el Gobierno, que el PP quiere vetar en el Senado aprovechando que allí tiene mayoría absoluta, los socialistas les trasladaron, al menos a Unidos Podemos, el compromiso de reformar la ley para que el partido de Pablo Casado no pueda bloquear la nueva senda presupuestariareformar. Pero sólo, y este es un detalle importante, después de que los conservadores hubiesen consumado su veto. Esto es: primero aprobar en el Congreso el documento que condiciona el techo de gasto, luego someterlo a votación en el Senado y, sólo si el PP cumplía su amenaza de tumbarlo, reformar la ley para que los de Pablo Casado no puedan condicionar las decisiones presupuestarias aprovechando su sobrerrepresentación en la Cámara alta, donde el sistema electoral les otorgó una amplísima mayoría absoluta con sólo el 33% de los votos. Así lo confirmaron a infoLibre fuentes del grupo socialista que participaron en los contactos.
Este planteamiento extendió en Unidos Podemos la sospecha de que el Gobierno podría estar esperando convencer en última instancia al PP para que no vetase el techo de gasto en el Senado y sacar adelante la nueva senda de estabilidad sin negociar nada con sus aliados naturales. Fuentes de este grupo parlamentario admitieron a infoLibre que la propuesta del Ejecutivo dividió a Unidos Podemos. De un lado, los partidarios de aceptarla, entre quienes estarían la mayoría de los miembros del equipo económico de la organización. Del otro, los dirigentes más cercanos a Pablo Iglesias, que pedían votar no porque, en su opinión, el Gobierno y el PSOE no han asumido que están "en absoluta minoría parlamentaria" y necesitan que "se les marque el terreno". Del debate entre unos y otros nació la decisión intermedia de abstenerse en la votación, que a la postre acabó inclinando también la decisión del PDeCAT y de Esquerra, que según las mismas fuentes no ganaban nada apoyando una propuesta que sin Unidos Podemos tenía garantizado el rechazo de la Cámara.
Los de Pablo Iglesias creen que había, y que todavía hay, margen para buscar un acuerdo antes de la votación que la ley exige repetir en el plazo de un mes, a finales de agosto, y ello a pesar de que el Ejecutivo insiste en que no puede cambiar lo que ha acordado con Bruselas. Una posible salida sería encontrar algo que permita visualizar que una parte de la senda, quizás las previsiones en relación con los ayuntamientos, es el resultado de las demandas de Unidos Podemos.
En cualquier caso los socios potenciales del Gobierno en el Congreso sostienen que en ningún momento hubo una negociación digna de tal nombre. Y ese es precisamente el núcleo de su reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez y lo que ha acabado con su derrota estrepitosa en el Congreso: 88 votos a favor (PSOE y PNV, menos de la mitad de los que llevaron al líder socialista a la Moncloa) frente a 173 en contra (PP y sus satélites, Cs, EH-Bildu, Coalición Canaria y el diputado de Podemos Diego Cañamero). En medio, y pidiendo expresamente una rectificación al Gobierno para que negocie un nuevo objetivo de déficit e impulse una reforma legal para poner fin a la capacidad del Senado para vetar las decisiones del Congreso, se situaron con su abstención otros 84 diputados (Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT y Compromís).
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, acusó a Podemos y a los independentistas de poner “excusas” porque la senda de estabilidad con quien ha de negociarse es con Bruselas y no con los grupos.
Distancia difícil de salvar
Ahora mismo, la distancia entre el Gobierno y los grupos cuyo apoyo necesita para prolongar la legislatura parece insalvable. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó en los pasillos del Congreso, después de la derrota, que no tiene intención de modificar la propuesta del Gobierno. En el plazo de un mes presentará la misma senda de estabilidad presupuestaria que este viernes se estrelló en la Camara baja, mientras trabaja en un proyecto de ley de presupuestos para 2019 basándose en el límite de déficit en vigor, heredado del PP. “Tal y como se ha producido la votación entiendo que, salvo que recapaciten los grupos políticos, si la senda no sale volveremos a la anterior”, explicó la ministra.
Lo que el Gobierno no va a hacer, subrayó la titular de Hacienda en referencia a la posición del PP y de Ciudadanos, es llevar al Congreso una senda que le quite más recursos a los ciudadanos de los que le pide Bruselas, porque sería “incomprensible”.
Y, pese a la oferta que el PSOE hizo a Unidos Podemos durante las negociaciones, descartó una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para sortear el anunciado veto del PP en el Senado, porque al haber perdido la votación en la Cámara baja “no se ha expresado una discordancia entre la decisión del Congreso y el Senado y por tanto no da lugar a una modificación”.
Txema Guijarro, el encargado de defender la posición de Unidos Podemos desde la tribuna, puso el énfasis en la ausencia de un programa económico común negociado y aprobado con su formación. Después de “remar a favor” de la moción de censura, de ofrecer sin éxito a Sánchez “un Gobierno de coalición para sostener al nuevo ejecutivo con la base de 156 escaños en lugar de los 84 actuales” y de recibir la callada por respuesta tras proponer “un acuerdo marco de 20 medidas concretas objetivamente factibles”, “ahora llegamos a este trance legislativo y, de nuevo nada, señorías”, se lamentó.
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No obstante, y a pesar de su derrota parlamentaria, el Gobierno “no debe resignarse”, pidió Guijarro. “Puede reformar la ley y regresar dentro de un mes con nuevos objetivos. Para nosotros todo está abierto”, pero deben entender que “no están en condiciones de servir lentejas. Nuestra abstención de hoy no es un no: tómensela como una invitación franca para hacer las cosas bien”.
Las quejas de Joan Margall, de Esquerra Republicana, y de Ferran Bel, del PDeCAT, fueron por el mismo camino: no ha habido una negociación y aunque se hubiese producido no tendría sentido si no se cambia la ley para que el PP no pueda vetar el resultado.
Joan Baldoví, de Compromís, cuyos cuatro diputados también se abstuvieron y que gobierna en la Comunitat Valenciana con el PSOE, pidió “hacer los deberes” y “aprender de los errores” para “aprobar en septiembre”. Desde su escaño, la ministra Montero negaba con la cabeza.
La desconfianza con el Gobierno por parte de los grupos que apoyaron la moción de censura y la incapacidad del Ejecutivo a la hora de construir certidumbres con sus socios potenciales acabó este viernes por frustrar una votación clave para Pedro Sánchez, la que debía abrirle la puerta a un incremento presupuestario de 6.000 millones de euros en 2019 con el que impulsar el gasto en sanidad, educación y dependencia y marcar la diferencia con Mariano Rajoy.