El PSOE, acusación popular en el denominado caso Kitchen, solicita a la Audiencia Nacional que se condene al PP por beneficiarse de la operación de espionaje que la llamada policía política montó contra el extesorero Luis Bárcenas. Así consta en el escrito de acusación registrado por la representación de los socialistas, en el que solicitan que se castigue a la formación conservadora "como partícipe a título lucrativo" de la trama en la que habrían participado altos mandos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, desde el exministro Jorge Fernández Díaz al ex director adjunto operativo Eugenio Pino o el excomisario José Manuel Villarejo. Para todos ellos los socialistas piden penas superiores a los treinta años de cárcel por delitos como la pertenencia a organización criminal, malversación, cohecho o prevaricación, entre otros muchos.
La acusación popular considera que las maniobras no pueden separarse de los grandes casos de corrupción que han afectado al partido. De ahí que inicie su escrito haciendo referencia a las "conexiones existentes" entre Gürtel y Kitchen, dos casos en los que existe una "interrelación" entre los "principales protagonistas". "Como tampoco es posible entender y mucho menos explicar aisladamente las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia puesta en marcha por la dirección nacional del PP, primero en la oposición y después desde el gobierno para defenderse de la acción de la justicia que investigaba Gürtel y sus diferentes ramificaciones territoriales", señalan.
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De ahí que señalen a la formación conservadora como "partícipe a título lucrativo" de la trama. En este sentido, piden que el PP responda económicamente por el importe "equivalente al total de fondos reservados" empleados en la operación parapolicial. En su auto de procesamiento, el instructor, el magistrado Manuel García Castellón, ponía de manifiesto los problemas detectados durante la investigación en la utilización de ese dinero: "Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".
En el escrito, los socialistas señalan que se utilizaron "torticeramente" para "fines completamente alejados de su objetivo" –la seguridad ciudadana– los recursos de la Policía Nacional en una maniobra que "sólo perseguía encubrir mediante la sustracción y destrucción de pruebas" los "delitos cometidos" por dirigentes del PP, así como para "proteger su reputación pública". Cargos que, en aquellos momentos, "ocupaban puestos de responsabilidad", como la Presidencia del Gobierno o de Castilla-La Mancha.
Los socialistas quieren que estos máximos responsables políticos, que han salido limpios de polvo y paja, se sienten ante un tribunal. Al menos, como testigos. Por eso han pedido la comparecencia de diferentes pesos pesados del PP. Es el caso de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que se libró de Kitchen a pesar de las diferentes pruebas sonoras que la señalan, así como a su exjefe de Gabinete. O del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
El PSOE, acusación popular en el denominado caso Kitchen, solicita a la Audiencia Nacional que se condene al PP por beneficiarse de la operación de espionaje que la llamada policía política montó contra el extesorero Luis Bárcenas. Así consta en el escrito de acusación registrado por la representación de los socialistas, en el que solicitan que se castigue a la formación conservadora "como partícipe a título lucrativo" de la trama en la que habrían participado altos mandos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, desde el exministro Jorge Fernández Díaz al ex director adjunto operativo Eugenio Pino o el excomisario José Manuel Villarejo. Para todos ellos los socialistas piden penas superiores a los treinta años de cárcel por delitos como la pertenencia a organización criminal, malversación, cohecho o prevaricación, entre otros muchos.