El PSOE activa otro de los mecanismos parlamentarios para buscar la dimisión del presidente del Gobierno. Es la reprobación en el Congreso a Mariano Rajoy, todo ello a cuenta del caso Bárcenas y las "mentiras" dichas por el jefe del Ejecutivo ante el pleno de la Cámara baja, el pasado 1 de agosto.
Ya la semana pasada, cuando desfilaron ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas y la actual número dos, María Dolores de Cospedal, los socialistas anunciaron que presentarían de forma inminente "nuevas acciones judiciales y parlamentarias" contra Rajoy. Por varias razones. Entre ellas, que el exgerente Cristóbal Páez reconoció pagos en negro, que Cospedal endosó a Rajoy y Arenas el pacto del "sueldazo" a Luis Bárcenas pagado desde 2010 hasta enero de 2013 y también porque el presidente afirmó el 1 de agosto que cuando él llegó a la Moncloa su extesorero "ya no estaba en el partido", una aseveración que desmintió una nómina, de mayo de 2012, publicada por El Mundo, y el hecho de que siguió siento militante del PP en 2011 y 2012, según adelantó infoLibre. Así que este lunes ese anuncio fue cogiendo algo de forma en la rueda de prensa en Ferraz, la sede federal. Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso, fue la que relató los detalles.
En realidad, se llama reprobación a un procedimiento más alambicado, porque no existe esa figura concreta en el Reglamento. Lo que han hecho los socialistas es registrar una interpelación urgente dirigida "al presidente del Gobierno sobre las responsabilidades políticas derivadas de las falsedades verdidas en sede parlamentaria en relación con el escándalo de financiación ilegal del PP". El Ejecutivo decidirá quién responde a esa interpelación, porque Rajoy no tiene la obligación legal de hacerlo. En la siguiente sesión plenaria, el partido de Rubalcaba defenderá una moción consecuencia de la interpelación, y es esa iniciativa la que contendrá la reprobación al presidente, y la que tendrá que pactarse con los grupos y votarse en la Cámara. La mayoría absoluta del PP impedirá que prospere, pero aunque lo hiciera no tendría efectos jurídicos. Es decir, que Rajoy no tendría por qué dimitir.
Según explicó hoy Rodríguez, los socialistas incluirán la solicitud de interpelación a Rajoy en la próxima Diputación Permanente –el órgano que sustituye al pleno en épocas de vacaciones–, pero si el PP la tumbase, se discutiría a principios de septiembre. "La mentira política en sede parlamentaria no puede quedar impune. Un presidente que miente en sede parlamentaria no puede seguir ocupando su puesto", abundó. La portavoz dijo no haber consensuado su iniciativa con el resto de los grupos, pero es previsible que el PSOE ambicione que toda la Cámara, salvo el PP, se sume a su exigencia de reprobación.
El debate, para septiembre
La petición de interpelación urgente va acompañada de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso [consúltala aquí en PDF], justo para taponar las fisuras que, a juicio del partido, contiene el actual texto, en sus artículos 180, 183 y 184. Con las modificaciones, el PSOE pretende que el presidente del Gobierno tenga que contestar "obligatoriamente" a las interpelaciones dirigidas de forma expresa a él, sin que pueda "delegar" en otro miembro del Gabinete, según explicó Rodríguez. Además, los socialistas quieren que cuando la moción consecuencia de interpelación "incluya la reprobación" del jefe del Ejecutivo o de cualquier ministro "por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria, se convocará una sesión plenaria para su debate y votación en el plazo máximo de 24 horas desde su presentación". Con ello, se acortarían los plazos y se produciría el debate en caliente.
Con estas modificaciones, el partido busca evitar lo que ya se huele, que no sea Rajoy quien responda a la interpelación y derive el tiro a uno de sus ministros. O sea, que pretende poner el "control" en manos de los grupos, no del Gobierno.
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Aunque el pleno aprobara una reprobación –el Congreso ya respaldó, por ejemplo, la de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, pero frenó la del actual titular de Educación, José Ignacio Wert–, no significaría en ningún caso que el señalado (el presidente o sus ministros) tuviera que dimitir forzosamente. Ello sólo lo permitiría el impeachment, una figura presente en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos y de otros países latinoameriacanos, pero no en el español. Rodríguez recordó que el PSOE ya ha anunciado su intención de presentar una propuesta "muy clara" de reforma de la Constitución, porque entiende que el impeachment debería quedar alojado en la Carta Magna, no bastaría con modificar el Reglamento. De modo que el partido "no descarta" que proponga una reforma que permita el juicio político al presidente, que suponga "de forma legal y vinculante" su dimisión, "por causas tan graves como la mentira".
Todavía queda en el aire la moción de censura. La portavoz insistió en la misma idea que lleva trasladando el partido en las últimas semanas: esa opción no está "descartada". Rodríguez sí que no adelantó qué medidas "judiciales" estudia el PSOE.
El PSOE activa otro de los mecanismos parlamentarios para buscar la dimisión del presidente del Gobierno. Es la reprobación en el Congreso a Mariano Rajoy, todo ello a cuenta del caso Bárcenas y las "mentiras" dichas por el jefe del Ejecutivo ante el pleno de la Cámara baja, el pasado 1 de agosto.