Tanto en el PSOE como en Sumar reconocen que las últimas semanas han estado focalizadas en la negociación para la futura ley de amnistía, una medida que ha opacado el proyecto firmado por los dos partidos para el futuro Ejecutivo progresista. Ahora que los votos para la investidura están amarrados, en los partidos de la coalición cunde la previsión, según fuentes de ambas formaciones, de que el futuro Gobierno se pondrá a trabajar de manera inmediata y de que su hoja de ruta va a estar guiada por las políticas sociales.
Para contrarrestar el ruido que ha generado la negociación, explican fuentes socialistas, el Ejecutivo se pondrá manos a la obra desde el primer minuto y tiene previsto aprobar potentes medidas sociales. Serán iniciativas que mejorarán “el día a día” de la ciudadanía, según explican fuentes de estas formaciones. No desvelan por el momento cuáles serían esos primeros acuerdos y comentan que serán desgranados por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura.
Entre miembros de los dos partidos que formarán la coalición se fijan especialmente en varias medidas en las que pondrán un importante sello como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el aumento de las becas y de los permisos por maternidad y paternidd y la revalorización de las pensiones. Esta última medida suele pasar por el Consejo de Ministros en diciembre. El acuerdo entre el PSOE y Sumar estipula que se actualizarán “conforme al IPC, para asegurar el poder adquisitivo”. El año pasado subieron un 8,5%.
Asimismo, el compromiso de la coalición pasa por aumentar durante la legislatura “las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las contributivas hasta alcanzar la media europea”. PSOE y Sumar se han puesto también como meta progresar en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, “completando las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión final e incluyendo nuevos mecanismos para reducirla”.
El incremento del salario mínimo será también otro de los puntales del Ejecutivo. El PSOE y Sumar han acordado que “seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio”. Ha sido una de las obsesiones de Yolanda Díaz durante la negociación con los socialistas. El año pasado se aprobó que llegara hasta los 1.080 euros (en los últimos cinco años ha crecido un 47%).
El Gobierno espera la resistencia de la patronal
Para Sumar es de vital importancia vincular el SMI al Estatuto de los Trabajadores, tal y como aparece en el acuerdo de coalición, pero fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda asumen que no se realizará de manera inmediata porque previamente tendrán que negociarlo con los agentes sociales y prevén las trabas de la patronal, que ya ha manifestado su oposición al acuerdo. Aun así, subrayan que es una decisión política ya acordada y que la impulsarán quiera o no la CEOE, al igual que la jornada laboral de 37 horas y media.
Sobre si debe ser Díaz o Sánchez quien anuncie esa nueva subida del SMI, las fuentes consultadas sostienen que no tendrían problema en que fuera el socialista quien lo hiciera, pero puntualizan que se trata de una competencia de Trabajo, el ministerio en el que la líder de Sumar quiere repetir esta legislatura, y señalan que se decidirá “en función de la negociación”. Díaz necesita ese tipo de victorias políticas frente a los socialistas no solo para reafirmarse de cara al exterior sino también internamente, tras las críticas de formaciones como Podemos por la falta de “ambición” del acuerdo con el PSOE.
Aunque desde las filas de la coalición siempre han defendido que ni Junts ni el PNV van a impedir que se aprueben medidas de calado social, admiten que negociar según qué leyes en el Congreso no será fácil. Por ese motivo creían indispensable tener un acuerdo ratificado por escrito con los socialistas que sirviera como hoja de ruta para la legislatura. “Lo que está escrito está labrado en mármol y al mismo tiempo sujeto a una negociación continua”, señalaban fuentes de la formación tras rubricarse el pacto, asumiendo así estas complejidades derivadas de la negociación parlamentaria.
Sumar, al margen de las iniciativas relacionadas con el ámbito del trabajo, pone en valor las medidas relacionadas con la cartera de Derechos Sociales como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad o la universalización de la educación de 0 a 3 años y los avances en materia sanitaria, lo que ya deja entrever cuáles serán las prioridades políticas del socio minoritario de la coalición y también su interés por liderar esas carteras.
Cargos del PSOE y de Sumar son conscientes de que sus votantes esperan pronto medidas de corte progresista y social. Especialmente lo señalan parlamentarios socialistas, que indican que la amnistía es un paso necesario para que haya Gobierno pero que no se puede convertir en el tema principal. “Nuestros electores nos apoyaron para que no haya un gobierno del PP y de Vox y para que hagamos medidas de avance social”, indica un diputado del puño y la rosa.
Estas medidas sociales también han sido analizadas junto a los socios de investidura durante las negociaciones que han tenido durante las últimas semanas para que haya un Gobierno progresista. Y es que el PSOE y Sumar tienen la intención de que esta legislatura dure cuatro años y sostienen que los pactos alcanzados pueden dar estabilidad durante los próximos cuatro años.
Un gabinete "más político"
PSOE y ERC firman el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez
Tras la previsible investidura de la semana que viene, le tocaría a Pedro Sánchez elegir a los miembros del Gobierno. El PSOE y Sumar están trabajando en una estructura más reducida de ministerios para que sea un gabinete mucho más funcional y con menos ruido que el de la pasada legislatura.
En el PSOE, según varias fuentes consultadas, se espera también un Gobierno mucho “más político” que el que está en funciones ahora. En el partido interpretan que será una legislatura durísima, por la actitud de la oposición, la presión de las comunidades gobernadas en su mayoría por el Partido Popular y Vox y por la endiablada aritmética parlamentaria en la que siempre son necesarios los votos de ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG. Esta tensión también se está viviendo estos días con los ataques a las sedes de PSOE por parte de grupos de la ultraderecha.
Por eso, muchos cargos socialistas están trasladando a la dirección la necesidad de voces potentes en el Consejo de Ministros para contrarrestar todo ese ruido y hacer frente a una oposición “furibunda”. Será un Gobierno, analizan, que tendrá siempre enfrente con todas sus fuerzas a las derechas política, empresarial, judicial y mediática
Tanto en el PSOE como en Sumar reconocen que las últimas semanas han estado focalizadas en la negociación para la futura ley de amnistía, una medida que ha opacado el proyecto firmado por los dos partidos para el futuro Ejecutivo progresista. Ahora que los votos para la investidura están amarrados, en los partidos de la coalición cunde la previsión, según fuentes de ambas formaciones, de que el futuro Gobierno se pondrá a trabajar de manera inmediata y de que su hoja de ruta va a estar guiada por las políticas sociales.