Publicar una lista de maltratadores: ¿Populismo punitivo o medida eficaz contra la violencia de género?

La polémica surgió este miércoles, precisamente en el Día Internacional contra la Violencia de Género: ¿Hay que publicar un listado de maltratadores? Para el PSOE la respuesta es afirmativa. Así lo recoge en su programa electoral para las generales del 20 de diciembre, donde apuesta por difundir la lista de condenados con sentencia firme. Los socialistas creen que la medida sería una herramienta "de prevención de la violencia de género, disuasiva, proactiva y ajustada a Derecho". Podemos, en cambio, opina que constituiría un ejercicio de "populismo punitivo", que sería un elemento "contraproducente" que "desincentivaría a las víctimas a denunciar".

Fuentes de la Secretaría de Igualdad del PSOE señalaron a infoLibre que los maltratadores "son reincidentes" en un alto porcentaje de casos y defendieron que la medida "tiene que estar en el programa electoral". Preguntados por el objetivo aseguraron que no se trata de "señalar" a los hombres condenados, sino de que las mujeres "estén protegidas". En esta línea sostuvieron que, para una mujer que sufre una situación de maltrato, comprobar en el listado que su pareja tiene antecedentes por ese mismo tipo de delitos podría empujarle a dar pasos para salir de la relación violenta. Y resaltaron que, en todo caso, la medida no es ni mucho menos el eje central de sus propuestas para luchar contra esta lacra.

La responsable de Igualdad de Podemos, Clara Serra, manifestó por su parte a preguntas de este medio que la propuesta presenta "varios problemas". "Creemos que la medida incurre en un enfoque desacertado en materia de violencia de género: la medida es, sobre todo, efectista, y creemos que de cara a la prevención puede ser incluso contraproducente", señaló la dirigente morada. Serra agregó que hay mujeres que no querrían ver en un listado de estas características el nombre del padre de sus hijos, incluso si se tratara de un maltratador con condena firme, y alertó de que una medida de este tipo puede implicar "efectos de por vida". "La medida es de trazo grueso y, además, puede ir contra la reinserción", concluyó.

Horas después, la secretaria de Igualdad socialista, Carmen Montón, respondió a las críticas de Podemos. Afirmó que el partido morado hace "electoralismo" con esta medida. "¿Quién puede estar en contra de acabar con la impunidad de los maltratadores?", se preguntó la dirigente del PSOE. Montón señaló que ya en agosto su partido presentó una propuesta de pacto compuesto por diez medidas y que Podemos es "experto en la anécdota" porque pone el foco en una medida menor en comparación al resto. "Me entristece y me parece vergonzoso que Podemos aparezca creando polémica con la vida de las mujeres y de sus hijos y sus hijas", concluyó.

Una reinserción casi imposible

El principal argumento de quienes apuestan por la publicación del listado está vinculado a la idea de que la reinserción de los maltratadores es casi imposible. Así lo cree Pilar López, doctora en Ciencias de la Información y experta en violencia machista, género, comunicación y políticas de igualdad. López apunta que, a diferencia de otro tipo de delincuentes –como por ejemplo los defraudadores fiscales–, "rehabilitar a los maltratadores es muy difícil", entre otras cuestiones porque tienen interiorizada "la ideología de la supremacía masculina sobre la mujer", algo que no logran suprimir los tratamientos psicológicos a los que se les somete con frecuencia en los centros penitenciarios.

"Lo habitual es que los hombres maltratadores sigan diciendo que las mujeres los provocan y que sus víctimas 'están bien muertas', porque la ideología machista no se modifica –comenta–. Suecia es el país que más ha invertido en rehabilitar maltratadores, y el fracaso es generalizado". La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, es de la misma opinión. Considera que los autores de estos crímenes no pueden quedar "impunes" y que además del correspondiente castigo penal merecen una "sanción social". "Y todo lo que vaya en esa línea puede ser positivo, aunque está claro que esta no es la medida que acabará con la violencia de género", agrega.

"Con esa lista se podrían evitar muertes", insiste López. La experta razona que hay mujeres "que querrían estar informadas" de los antecedentes de los maltratadores y que se lograría que "individuos que fueron condenados, que pasaron por la cárcel y que al salir vuelven a matar" no cometieran nuevos asesinatos. López recuerda que en Gran Bretaña, por ejemplo, se puede solicitar información relativa a los antecedentes por delitos como pederastia, y Soleto arguye que pese a la polémica la medida "no es nueva", porque en Castilla-La Mancha estuvo en vigor una norma similar ya hace más de diez años, cuando se publicaba la relación de sentencias firmes por maltrato siempre y cuando la víctima diera su consentimiento.

Límite a las libertades

Asociaciones de jueces y fiscales cuestionan, en cambio, el sentido de la norma. Para Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, "el principio constitucional de la reinserción es una cuestión irrenunciable" y "a nadie se le puede condenar eternamente por el delito por el que ya ha cumplido condena". ¿Significa eso que el listado es incompatible con la reinserción? "Afirmar tal cosa podría ser excesivo –dice Rodríguez–, pero podría dificultarla. La estigmatización que produce este tipo de delitos es una realidad: hay un desvalor especial hacia quienes cometen delitos de violencia de género".

Rodríguez insiste en que "desde el punto de vista de la opinión social, conocer el nombre de los delincuentes va a estigmatizar" al condenado "incluso más allá del periodo legal que contempla el Código Penal para la cancelación de los antecedentes". Conrado Gallardo, presidente de Foro Judicial Independiente, considera que "esta especial publicidad de los delitos" podría "provocar" nuevos casos y, quizá, "ser contraproducente". "Habría que estudiar científicamente si publicar los nombres realmente va a provocar una disminución de los delitos", pide. En la misma línea, Gallardo califica de "más que discutible" el listado por cuando implica "marcar a una persona una vez ha acabado la condena".

Álvaro García, presidente del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, considera que "la finaldad de una condena es la rehabilitación y no la exposición pública de los delincuentes en listados". El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, añade que "la gente tiene derecho a resocializarse", que "todo lo que sea limitar libertades debe hacerse con mucho cuidado" y que "habría que especificar muy bien" qué casos se incluyen en el listado.

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Debate legal

Los juristas plantean, por último, el debate sobre si es necesario modificar el actual marco jurídico para poder publicar el listado. El PSOE cree que no haría falta –"nuestro planteamiento no crea inseguridad jurídica ni hace falta cambiar ninguna ley", indicaron fuentes de la Secretaría de Igualdad socialista–. García, por contra, recuerda que "las sentencias son públicas" pero considera que elaborar el listado es ir un paso más allá que debería "habilitarse" expresamente a través de una nueva ley. Frías coincide: "Haría falta una ley habilitante. Las sentencias son públicas, pero sólo para los interesados, no son de dominio público".

Los representantes de las asociaciones de jueces expresan más dudas. Gallardo dice que "no sería necesaria una especial reforma" porque las sentencias "son, tradicionalmente, públicas", si bien admite que "todo lo relativo a la protección de datos está en un proceso de revisión en los últimos años" y que habría que analizar la situación en profundidad antes de tomar una decisión. Celso Rodríguez considera que la cuestión "no está clara" porque se podría producir un choque entre "el principio de publicidad de las sentencias" y "otros derechos a proteger", como el de la privacidad. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura recuerda, por ejemplo, que cuando se difunden sentencias relevantes porque sientan jurisprudencia se "eliminan los nombres de los afectados".