El pulso político por las 35 horas mantiene en vilo a más de 400.000 funcionarios

El próximo lunes, 16 de enero, está subrayado en rojo en el calendario andaluz. La administración autonómica comienza a aplicar el decreto ley aprobado por el Parlamento para la vuelta de la jornada laboral de 35 horas de unos 270.000 trabajadores públicos, aunque su puesta en práctica se realizará de forma gradual. Si todos conformaran una ciudad, sería como Gijón, lo cual da una idea de la dimensión de la medida. Su implantación ha supuesto meses de preparativos. Su desarrollo exigirá la contratación de personal, especialmente en el área sanitaria, según los sindicatos. Pero nada garantiza que la reducción no sea efímera. Si Andalucía mantiene las 35 horas el Gobierno de Mariano Rajoy deberá una explicación a los funcionarios de otras comunidades autónomas a cuya reducción de jornada se ha opuesto con total firmeza. 

Todo depende de cómo se resuelva el conflicto entre el Gobierno (PP) y la Junta de Andalucía (PSOE), del que están pendientes los funcionarios de las administraciones autonómicas del País Vasco (unos 70.000) y Castilla La Mancha (unos 70.000), así como del Ayuntamiento de Madrid (27.000). En estos tres casos, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha presentado recursos ante los tribunales para frenar la medida, al entender que su aprobación vulnera las medidas del Ejecutivo central para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas.

Sólo las administraciones que llegaron a aprobar la medida suman más de 430.000 funcionarios. En Andalucía, a diferencia del País Vasco y Castilla La Mancha, el Gobierno no ha recurrido. Y no porque no haya tenido tiempo. El decreto de las 35 horas se aprobó en octubre y fue convalidado por el Parlamento en noviembre sin votos en contra, con las abstenciones del PP y Ciudadanos. Además provenía de un acuerdo entre la Junta y los principales sindicatos –CSIF, UGT, CCOO–, que habían solemnizado la reducción de jornada el 2 de junio, en un acto protagonizado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La líder del PSOE andaluz ha convertido esta medida en uno de sus principales orgullos políticos e incluso le pidió este viernes a Mariano Rajoy que "tome nota" de Andalucía y la permita en toda España.

El PP acusa a Díaz de utilizar la medida para confrontar con Rajoy, lo que le garantiza proyección como líder nacional, y de utilizar a los empleados públicos para su carrera en el PSOE. Según el PP, Díaz impulsa la norma sabiendo que es inconstitucional. La postura del partido liderado en Andalucía por Juan Manuel Moreno Bonilla es complicada, como demuestra su abstención en la votación parlamentaria. 270.000 trabajadores son muchos.

El decreto establecía que la norma entraría en vigor el 16 de enero. Pero tal fecha ha llegado sin que el Ejecutivo recurra, ni anuncie el recurso. Tampoco ha dicho que no recurrirá. Simplemente ha dejado pasar el tiempo, a pesar de que los preparativos han supuesto un importante esfuerzo logístico que resultaría inútil si finalmente acude al Constitucional. El único movimiento oficial ha sido el envío del Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, de una convocatoria para participar en una comisión bilateral, mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para resolver un conflicto de competencias sin llegar al recurso. Y hasta la vuelta de navidades la reunión de dicha comisión no ha tenido fecha: será el miércoles 18 de enero, dos días después de la entrada en vigor de las 35 horas.

Por parte de la Junta de Andalucía está previsto que acuda la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, según afirmó el martes el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Vázquez. No obstante, desde Hacienda señalan ahora que la delegación aún se está cerrando. Dependerá de qué perfil político lleve a la reunión el Gobierno, en el que están concernidos dos ministerios: Hacienda (Cristóbal Montoro) y Administraciones Públicas (Sáenz de Santamaría). Como máximo representante "irá alguien nuestro", explican desde el departamento de Montoro. El día antes de la reunión se celebra la conferencia de presidentes, en la que está previsto que coincidan Mariano Rajoy, Susana Díaz y los jefe de gobierno del País Vasco (Iñigo Urkullu, PNV) y Castilla La Mancha (Emiliano García Page, PSOE). También estará Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura (PSOE), que planteará el tema de las 35 horas, según ha avanzado ya él mismo. El debate político sobre las 35 horas, con mayor o menor medida, está abierto en otras comunidades autónomas.

Tres recursos y dos sentencias

¿Se está comportando Rajoy de manera diferente con Andalucía que con el resto de autonomías? El PP y el Gobierno lo niegan tajantemente. Afirman que el procedimiento es igual para todos. Primero se dialoga y luego, si no hay acuerdo, se recurre. Pero hay diferencias objetivas. En el caso del País Vasco, no hubo comisión bilateral. El Ejecutivo vasco aprobó las 35 horas un 2 de febrero y el Abogado del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 11 de marzo. La sentencia dio la razón al Gobierno el 20 de diciembre, si bien aún no se ha hecho efectiva porque está recurrida. Afecta a 70.000 trabajadores públicos, según el Gobierno vasco, que calificó el recurso del Ejecutivo de Rajoy como una "agresión al autogobierno" de Euskadi.

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), aprobó la medida a finales de mayo de 2016. El recurso del Gobierno llegó a principios de octubre. "Aún no hay fallo. La medida se está aplicando", explican desde el Ayuntamiento, que cuantifica en 27.000 los trabajadores afectados. Tampoco hubo un espacio de diálogo institucional formal para dialogar sobre la medida antes de presentar al recurso.

La Junta de Castilla La Mancha fue la primera administración en dar forma a la reducción laboral. El 2 de diciembre de 2015, con el voto a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP, el Parlamento regional aprobó por ley la reducción, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El Gobierno convocó la comisión bilateral el 6 de abril. No hubo acuerdo. El recurso ante el Constitucional cayó sólo 15 días después. El alto tribunal admitió a trámite el recurso en mayo, lo que supuso la paralización de la ley, ya que el sistema está diseñado para dar el beneficio de la duda al Gobierno central frente al autonómico cuando hay que dirimir conflictos que afectan a la Carta Magna. Es decir, si el presidente del Gobierno decide recurrir, las normas autonómicas se paran mientras el Constitucional dirime la cuestión. La sentencia llegó en septiembre y, de manera poco sorprendente, dio la razón al Gobierno central y anuló las 35 horas.

Así que ahora mismo no hay jornada de 35 horas en Castilla La Mancha, pero sí en Madrid ciudad (a la espera de sentencia) y en el País Vasco (a la espera de resolución de recurso). Y también, desde el lunes, en Andalucía.

Necesidad de refuerzos en sanidad

Durante los algo más de cuatro meses en los que estuvo en vigor en Castilla La Mancha la reducción, la Junta contrató a 400 profesionales sanitarios, asegura un portavoz de la Junta manchega, que afirma que no han sido despedidos tras el regreso a las 37,5 horas. Eso sí, de haber seguido en vigor la medida, hubieran tenido que contratar a más. El recurso ha dado a García Page argumentos para criticar a Rajoy. El PP ha acusado al presidente manchego –al igual que a Díaz en Andalucía– de "engañar" a los funcionarios.

¿Hará el Gobierno lo mismo con la Junta de Andalucía que con la de Castilla La Mancha? ¿Recurrirá tras la reunión de la comisión bilateral? Han pasado tres meses desde la aprobación del decreto, y dos desde su conversión en ley. El momento político es complejo, con la estabilidad del Gobierno de Rajoy dependiendo del PSOE, cuyo rumbo está fuertemente influido por Susana Díaz. Pero el tratamiento político diferenciado a Andalucía sería muy difícil de explicar para el Gobierno.

La presidenta andaluza, previsible candidata a la secretaría general del PSOE, afirma que la medida mejorará los servicios públicos y las condiciones de los trabajadores y creará empleo. El PSOE y el Gobierno andaluz intentan meter presión a Rajoy. Si el Gobierno no recurre, Susana Díaz gana; si recurre, tendrá un argumento con el que cargar contra Rajoy, que en política es otra forma de ganar. Ya ocurrió con la ley de función social de la vivienda, conocida como ley antidesahucios, en la legislatura del pacto PSOE-IU (2012-2015). Tras mucho dudar y posponer la decisión, finalmente el Gobierno central recurrió. No obstante, aquella era una medida de fuerte impacto mediático y político, pero menos repercusión inmediata.

El Tribunal Superior de Madrid suspende la jornada de 35 horas en el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena

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Sindicatos movilizados

Tanto CSIF como UGT y CCOO advierten de que si hay recurso, no se quedarán de brazos cruzados. Está por ver si el Gobierno andaluz –punto de mira de frecuentes protestas sanitarias– lograría salir indemne de unas eventuales críticas y movilizaciones.

De momento el lunes empiezan a cambiar horarios decenas de miles de trabajadores de sanidad y servicios centrales, así como de empresas públicas. Los empleados de educación, alrededor de 100.000, no reducirán la jornada hasta el próximo curso. Los de justicia, unos 8.000, no se benefician de la medida, porque su jornada laboral depende del Gobierno aunque la Junta pague sus nóminas. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha declarado que es "injusto".