Apoderado de Escuela Europea de Dirección y Empresa SL (EUDE), una de las mercantiles supuestamente involucradas en la financiación ilegal del PP madrileño a tenor de lo investigado en Púnica. Ese, el de apoderado, es el cargo que entre 2012 y 2013 ostentó en Escuela Europea de Administración y Empresa SL (EUDE) Alberto Luceño Cerón, uno de los dos empresarios que al inicio de la pandemia obtuvieron seis millones en comisiones al intermediar para la compra de material sanitario destinado al Ayuntamiento de Madrid en una operación que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Amigo de quien en el caso que ahora investiga Anticorrupción aparece como el otro comisionista millonario -Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal-, Alberto Luceño se embolsó como intermediario cinco millones a tenor de lo desvelado por eldiario.es. El origen, las mascarillas, test y guantes suministrados en marzo de 2020 por una empresa china al consistorio que capitanea José Luis Martínez-Almeida.
Ocho años antes, en junio de 2012, Luceño se había convertido en apoderado de EUDE, una escuela de negocios que él mismo dirigía, de la que era socio según difundieron en 2012 medios especializados y que, como remarcan sus actuales responsables, "ni está investigada en Púnica" ni tiene nada que ver con sus anteriores propietarios. Antes denominada Formaselect España SL, se trata de una de las piezas del puzle que tanto informes de la Guardia Civil y la Fiscalía como autos judiciales definen como una trama de financiación del PP madrileño a través de facturas falsas endosadas a empresas colaboradoras.
"Marrones Alberto Luceño"
Un ejemplo de la familiaridad con que el PP trataba a EUDE se localiza en el móvil del extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez. La transcripción de los whatsapps almacenados incluye más de 150 veces esa palabra. El máximo responsable de Eude hasta 2015, Óscar Sánchez Moyano, con quien Beltrán Gutiérrez mantenía asiduos contactos, sigue en la lista de imputados de Púnica, según fuentes del caso. Entre los documentos informáticos que le fueron intervenidos figura una carpeta denominada "Marrones". Dentro hay otras dos. Y una de ellas se llama así: "Marrones Alberto Luceño". Su contenido: un excel con cifras cuyo significado ignora este periódico. A diferencia de Sánchez Moyano, el nombre de Luceño no figura en el extensísimo documento que transcribe los mensajes del móvil del antiguo gerente del PP de Madrid.
Tras un doble intento fallido efectuado el martes, infoLibre logró este miércoles contactar con los actuales responsables de EUDE, ahora en manos de accionistas ajenos a los que en 2012 y 2013 dominaban la empresa. Fuentes del equipo de comunicación de EUDE aseguraron lo siguiente: "Alberto Luceño lleva casi una década completamente desvinculado de EUDE. Su relación laboral se limita a los años 2012 y 2013, momento en el cual sale de la compañía. En cuanto a Óscar Sánchez Moyano, dejó de ser propietario de EUDE en 2017 y, desde entonces, no tiene ninguna relación con EUDE. En resumidas cuentas, EUDE está al margen de las causas legales en el ámbito personal que hayan podido tener sus antiguos accionistas o empleados. Desde 2017 EUDE forma parte de un nuevo grupo de propietarios, totalmente desvinculada de los socios anteriores".
En enero de 2018, Púnica absorbió todo lo relativo a la financiación del PP que hasta entonces se investigaba en Lezo.
En la centralita de EUDE, quien atendió este martes la llamada de infoLibre se limitó a decir que Luceño ya no trabaja allí. Según los datos del Registro Mercantil, en febrero de 2018 quedó inscrito el cambio de accionariado en EUDE, que pasó a tener como socio único a una empresa ajena a Sánchez Moyano y a su vez participada por otras compañías. En un segundo intento telefónico, este periódico pidió contactar con los directivos de las nuevas compañías accionistas, una de ellas -la mayoritaria-, mexicana. Y explicó a su interlocutor el contexto de la llamada: la presencia de EUDE en el caso Púnica. Quien descolgó el aparato se negó incluso a trasladar el mensaje a sus superiores.
El juez García Castellón ha decidido ya cerrar las investigaciones de la pieza de Púnica sobre la financiación del PP. Pero solo cuando dicte el auto que marcará el inicio del camino hacia el banquillo se sabrá en qué lugar quedan quienes hasta ahora constan como investigados o imputados. Y se sabrá también qué empresas aparecen como eventuales responsables civiles en caso de que haya condena.
Los pagos de Indra y Fundescam
Fue en abril de 2017 cuando un auto del juez que entonces investigaba Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, destapó la olla de un supuesto sistema de financiación electoral del PP a través de empresas interpuestas. El magistrado citaba de forma expresa cómo entre 2012 y 2013 se produjo “un flujo monetario” de 687.497,58 euros con origen en la mercantil Indra y destino final en los proveedores de servicios para el partido. Entre los dos extremos se interponía “una serie de mercantiles relacionadas” con un trío de imputados encabezado por Óscar Sánchez Moyano.
Esa serie de mercantiles, que a tenor del auto hacían el papel de estación de paso la formaban nueve compañías. Entre ellas, Formaselect Consulting y Escuela Europea de Dirección y Empresa SL.
Indra llegó a estar investigada como persona jurídica -o sea, como empresa en este caso- en Púnica. En marzo de 2021, el juez le levantó la imputación: una cosa es lo que determinadas personas al servicio de Indra hubieran hecho y otra, que la compañía estuviera involucrada como tal. Ese vino a ser su argumento.
Para descubrir la trama de pagos del párrafo anterior y cuya existencia ratificó en septiembre de 2019 el actual instructor de Púnica y Lezo, el juez Manuel García Castellón, resultó esencial la declaración de un testigo que había ocupado el cargo de subdirector de ICM, la actual agencia Madrid Digital del Gobierno de Madrid. Ese testigo se llama Silvano Corujo. Y lo que Corujo le contó al magistrado se resume así: que la Comunidad de Madrid infló contratos públicos para "sanear las cuentas" del PP. Y añadió que fue Ignacio González, en aquel momento mano derecha de Esperanza Aguirre como secretario general del PP y vicepresidente del Gobierno regional, quien que a finales de 2011 pidió al máximo responsable de ICM "en torno a un millón de euros" para pagar lo adeudado.
Pero los pagos de 2012 y 2013 a EUDE no fueron los primeros. En septiembre de 2019 y en el auto por el que inauguraba dentro de Púnica una pieza exclusivamente dedicada a investigar la financiación del PP de Madrid, el juez García Castellón hacía resurgir el nombre de Fundescam. Es decir, el de la fundación cuyo patronato había presidido Aguirre y que, con pagos a la trama Gürtel pero también a otras ajenas a Francisco Correa, el PP saldó deudas. El magistrado escribió lo siguiente: "Así, desde las cuentas de la fundación [Fundescam] se sufragaron en el año 2007 subrepticiamente gastos electorales" a siete sociedades. Y una de ellas era Escuela Europea de Dirección de Empresas. En total, el importe abonado por Fundescam fue "superior a los 500.000 euros".
Apoderado de Escuela Europea de Dirección y Empresa SL (EUDE), una de las mercantiles supuestamente involucradas en la financiación ilegal del PP madrileño a tenor de lo investigado en Púnica. Ese, el de apoderado, es el cargo que entre 2012 y 2013 ostentó en Escuela Europea de Administración y Empresa SL (EUDE) Alberto Luceño Cerón, uno de los dos empresarios que al inicio de la pandemia obtuvieron seis millones en comisiones al intermediar para la compra de material sanitario destinado al Ayuntamiento de Madrid en una operación que investiga la Fiscalía Anticorrupción.