Empezaron a salir a la calle cuando la pandemia era más que una amenaza, cuando las medidas de prevención y lucha contra el virus comenzaron a generalizarse en todo el país. En agosto, la Plaza de Colón de Madrid se llenó de negacionistas que clamaban principalmente contra las mascarillas. Desde finales de octubre, especialmente desde que algunas comunidades apostaron por el toque de queda y el Gobierno decretó un nuevo estado de alarma, las calles de diversas ciudades se han llenado de nuevo de protestas que en algunas ocasiones han derivado en disturbios. ¿Quién está detrás de estas convocatorias? ¿Quiénes las secundan y difunden?
En agosto emergió un nombre propio: Fernando Vizcaíno Carles. Un profesor de acroyoga valenciano detrás del canal de youtube ReVelión ReVenge (anteriormente ReVelión en la Granja). Vizcaíno Carles habla de "timovirus", rechaza las consecuencias de la pandemia mundial y cuestiona los datos oficiales al respecto. El canal de Telegram de ReVelión en la Granja, con 8.946 suscriptores, clama contra "la vacuna obligatoria", apoya y difunde las movilizaciones y, sobre todo, comparte los vídeos que cuelga Vizcaíno Carles. La otra parte del támdem es La Quinta Columna, otro de los grupos afines a las marchas desde el principio, con Ricardo Delgado Martín al frente. Delgado Martín habla de los "comprados medios", la "vacuna transgénica", la mascarilla como "un bozal que nos han puesto a modo de sumisión" y reconoce ser "no negacionista, sino afirmacionista de que están asesinando a gente: empezaron por los ancianos, ahora irán probablemente a por nuestros hijos y a por toda la población general".
Las últimas movilizaciones han sido además protagonizadas por jóvenes que se definen como apolíticos y que dicen salir en defensa de sectores afectados como la hostelería. Los disturbios comenzaron en ciudades como Sevilla, Bilbao, Burgos y Barcelona. El diario La Vanguardia reseñaba la "presencia evidente de viejos conocidos de los Casuals y los Boixos Nois que en un momento de la protesta lideraron el estallido de violencia". A preguntas de este diario, fuentes oficiales de los Mossos d'Esquadra confirman que existe "una investigación abierta sobre los incidentes" que si bien se centra en Barcelona no descarta que se vayan "abriendo posibilidades" que conduzcan a "tirar de los hilos hasta llegar" a diversos frentes. No confirman la participación de la extrema derecha, aunque señalan que "si fuese así formaría parte de la investigación para ver qué hay detrás de las movilizaciones y altercados".
Otro de los grupos que de manera continuada difunde las protestas es el M2020, un movimiento que "nace para luchar" por los "derechos y libertades" de la ciudadanía, que están "siendo arrebatados con la excusa de una falsa pandemia". En su grupo de Telegram se declaran "apartidistas" y recalcan no ser antivacunas, sino "pro ciencia real". Pese a rechazar el sobrenombre de antivacunas, lo cierto es que muestran una oposición explícita a la vacuna contra el covid, pero también cargan contra otras como la antigripal. Su cabeza más visible es Carlos Alberto Garcés, expresidente de Vox en Barcelona, tal y como explica el investigador y experto en redes Marcelino Madrigal. En su blog, Carlos Garcés habla de "falsa pandemia" y señala que "los alborotadores" y "los que queman contenedores" en las manifestaciones "los pone el genocida Estado para desacreditar lo que son concentraciones pacíficas". En las entrevistas publicadas en su canal de Youtube se autoproclama "portavoz del Movimiento por el Despertar Ciudadano".
En el canal de Telegram del M2020 no sólo se difunden las marchas en suelo español, sino que se mira con especial atención a las italianas y las polacas, por el momento mucho más exitosas que las españolas. Sostienen que en algunas de las movilizaciones, como la celebrada en Logroño, los antidisturbios "atacan primero a los jóvenes" que se manifiestan y que "los que generan disturbios son grupos pagados para ese fin". Precisamente otra de las particularidades de las últimas semanas tiene que ver con elogiar los discursos de policías que se manifiesten públicamente a favor de las tesis negacionistas. Si hasta ahora estos grupos ensalzaban la disidencia entre los sanitarios, ahora ocurre algo similar respecto a las fuerzas de seguridad. De compartir los mensajes del colectivo Médicos por la Verdad, a promocionar el movimiento de Policías por la Libertad.
Madrigal, que lleva tiempo estudiando estos movimientos, recalca que existen tres aspectos: quién convoca las marchas, quién difunde sus mensajes y quién acude a la llamada. Y los perfiles son diversos. "En general, convocan negacionistas, pero es un grupo muy heterogéneo que engloba a gente que niega la pandemia, antimascarillas o personas contra el 5G". Quien acude, por contra, abarca a personas de un espectro más amplio. Y entre quienes difunden empiezan a surgir grupos antisistema vinculados a la extrema derecha: hay "hasta grupos nazis con tesis negacionistas". "Quizá no convocan, pero sí lo alientan".
Elena Campos-Sánchez, doctora en Biociencias Moleculares y miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APTP), explica a este diario que si bien al principio los manifestantes eran alentadas por negacionistas, lo cierto es que está en duda que sean los mismos quienes "acaban yendo a las manifestaciones que ya son vandálicas". La Quinta Columna ya se ha desentendido de estos episodios. "No sé si la amalgama de grupos que está generando tantísimo ruido y daño está aprovechando el tirón del negacionismo a través de grupos extremistas que además aprovechan el descontento en ciertos ámbitos sociales", sostiene la doctora.
Democracia Nacional es un ejemplo de ello. A través de redes sociales, el partido de extrema derecha difunde las marchas contra las medidas dictadas en las comunidades autónomas y a nivel estatal. Pero ante los disturbios aseguran que los responsables son "grupos antifascistas y de menas" que han "aprovechado las protestas para robar y arrasar comercios". Según el partido ultra, los disturbios responden al "terrorismo callejero clásico de la extrema izquierda y del movimiento antifa que también hemos visto durante meses en Estados Unidos" como el movimiento del Black Lives Matter. En España, reitera, "también se observa la presencia de minorías étnicas entre los violentos". En todo caso, la formación dice no descartar que "ultraderechistas al servicio del ministerio de turno hayan participado en algún altercado para criminalizar de nuevo a los negacionistas". En su canal de Telegram presumen de ser "el único movimiento de carácter político que se ha mostrado en contra del uso de mascarillas y confinamiento dictatorial con motivo del covid-19".
En la misma línea, agrupaciones se han volcado en el respaldo a las convocatorias bajo la premisa de salir a las calles para defender "los intereses del pueblo español". Otro denominador común tiene que ver con la crítica constante hacia los medios de comunicación: "Los sicarios asocian el canal a grupos de extrema derecha. Y nosotros nos sentimos orgullosos del ataque", citan en el grupo Resistencia Española.
¿Y por qué esa predisposición por los canales de Telegram? A juicio de Marcelino Madrigal, "utilizan mayoritariamente Telegram porque el control es prácticamente nulo" y además "es ideal para que se organicen". También Elena Campos-Sánchez recuerda que "no se organizan ya en Whatsapp, Facebook les retira el material y Google también está haciendo un esfuerzo, pero no Telegram". El propio Ricardo Delgado Martín explica a través de un vídeo que la red de Mark Zuckerberg "censura a todos y no precisamente por decir palabras malsonantes o algún tipo de incitación a nada, sino por dar información que se sale de la oficial".
Dentro de todo este conjunto de realidades, hay dos cuestiones de las que por el momento no cabe duda, expone Marcelino Madrigal: la ausencia de grupos antifascistas en la organización de estas manifestaciones y la nula participación de los partidos que componen el arco parlamentario. "No hay pruebas de que los partidos las hayan convocados, hay indicios de que en algunos casos fueron convocadas por algún partido residual, muy ligados a las tesis del negacionismo". Según publicó El País, Vox ha tratado de desvincularse de los disturbios dando orden de publicar únicamente mensajes en redes sociales que se ajustaran a las tesis oficiales. Algunas cuentas del partido borraron mensajes en redes sociales en apoyo a las protestas violentas. Pese a la advertencia, sí existen responsables del partido que sin embargo mantienen sus llamadas a las movilizaciones. Es el caso de José Casado Ortega, coordinador de Vox en Mataró, quien en su cuenta de Instagram ha difundido las marchas contra las medidas de la Generalitat en Barcelona.
El amplio espectro de los negacionistas
Aquellos que se echan a las calles en protesta de las políticas contra el coronavirus abarcan un entramado de grupos de diferente índole, pero que se asientan la mayoría sobre la base del negacionismo. Unos cimientos que no brotan de la nada. El negacionismo echa raíces entre los antivacunas, las pseudoterapias e incluso los grupos negacionistas del cambio climático y la violencia de género. Algunos de los canales acogen textos e imágenes contra líderes climáticas como Greta Thunberg y otros tantos son abiertamente antifeministas. Carlos Garcés, por ejemplo, señala en una entrevista que la igualdad de los ciudadanos ante la ley es "la única igualdad" en la que cree. En el caso de los negacionistas del cambio climático, sus teorías están muy vinculadas a tendencias norteamericanas próximas al trumpismo, mientras que la obstinación contra las políticas de igualdad tienen también relación con la extrema derecha del este europeo. Estas dos formas de negacionismo han ido creciendo, o al menos han abandonado un ámbito más residual, como reacción al auge de la movilización ciudadana y política por la lucha medioambiental y feminista.
Elena Campos-Sánchez recuerda que "son minorías, pero tienen su impacto". En el ámbito sanitario, por ejemplo, "los profesionales que también promulgan las pseudoterapias e incluso las ofrecen, aunque vaya contra su código deontológico y la normativa vigente, son los menos, pero suficientes para poner en riesgo la salud de todos". La doctora señala que "no se conoce la proporción", pero se detiene en un dato importante: un estudio del Ministerio de Sanidad publicado en agosto concluía que tres de cada diez españoles no se pondría la vacuna contra el covid-19. Esto "pone sobre la mesa que no lo estamos haciendo del todo bien a la hora de explicar cómo se desarrolla el conocimiento científico", lamenta la profesional.
A su juicio, casi todas las personas que se declaran negacionistas "forman parte de lo mismo porque al final se basan en los mismos postulados". Se instalan, entiende la doctora, en "la antimedicina" a través de las "falsamente denominadas terapias alternativas". Todos ellos además "reniegan de los avances tecnológicos", como ocurre con la tecnología del 5G. "Apuestan por las terapias naturales, defienden que se utiliza la tecnología para controlarnos y ahora para difundir el covid", algo que "no tiene ningún sentido pero puede calar en una sociedad con cierto hartazgo" que además asiste con frecuencia a "mensajes contradictorios" por parte de los líderes políticos.
Margen de actuación
¿Y qué se puede hacer para contener sus efectos? En el ámbito de los grupos antivacunas, algunos territorios sí han empezado a tomar medidas que dificultan su imposición en los ámbitos públicos. Galicia anunció, el verano pasado, la obligatoriedad de contar con el calendario de vacunación oficial actualizado para los ingresos en las escuelas gallegas financiadas con fondos públicos. Países como Italia y Alemania contemplan multas para los progenitores que no pongan determinadas vacunas a sus hijos. Legislar sobre la práctica puede ser una opción viable, pero no tanto hacerlo sobre el discurso. Así lo explica Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional.
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"El problema es que la verdad, jurídicamente, no existe". El constitucionalista señala que "en términos de debate público, en una democracia no puede haber una única verdad, sino que debe poder ser contestada por otras personas". Esta idea, añade, trasladada al ámbito normativo significa que "no puede existir una norma que diga que está prohibido decir algo en público porque es falso". En algunos países sí se ha ido un paso más allá, cita el experto: en Alemania "se han prohibido afirmaciones radicales sobre el nazismo, está prohibido decir que los campos nazis no existieron". Sin embargo, completa, en suelo español "el propio Tribunal Constitucional ha dicho que una norma así no sería posible". La población, por tanto, tiene "derecho a argumentar" sus ideas. En síntesis, sería posible prohibir la no vacunación, pero no sería viable prohibir que alguien exprese su rechazo hacia las vacunas. Igual que se puede legislar contra la violencia de género, pero no prohibir que alguien cargue contra la lucha feminista.
Sí pueden existir, por contra, mecanismos que controlen estos discursos cuando entren en el terreno de los bulos. Este jueves precisamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden para actuar contra la desinformación a través del Consejo de Seguridad Nacional. El objetivo, garantizar "el acceso a información veraz y diversa" como uno de "los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas". El texto alerta sobre una "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación" que persigue "influir a la sociedad con fines interesados y espurios". Por ello, el Consejo de Seguridad Nacional desarrolla un plan que contará con la colaboración de otros organismos, como la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades competentes. El procedimiento para detectar campañas de desinformación estará sustentado en cuatro niveles: uno para actuar a nivel técnico e implantar una alerta temprana; otro para coordinar, sincronizar y priorizar todos los esfuerzos; un tercero para adoptar decisiones de carácter político-estratégico y un último dedicado a la gestión política de la respuesta.
Elena Campos-Sánchez se reconoce escéptica ante esta nueva orden, pero sugiere darle tiempo para observar sus efectos. De todas formas, añade, "en el ámbito sanitario se cuenta desde 1996 con normativa que, de respetarse y velarse efectivamente, debería atajar la difusión de información falsa". Por otro lado, el Plan de Protección de la Salud frente a las pseudociencias de 2018 también "iba en la misma línea, pero no parece que se esté implementando al ritmo que debiera y que exige la situación". Para la doctora, lo fundamental es que "las plataformas que alojan estos contenidos se pongan las pilas y se responsabilicen de la veracidad de la información que los usuarios comparten". Sin ese paso, lamenta, "poco se puede hacer".