Los hechos son muy simples: un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, encarga a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la que se supone que es una de las reformas clave de la legislatura: la de la ley del aborto. Sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso planteado por el Partido Popular –el partido de Gobierno– al texto de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y con el argumento del cumplimiento del programa electoral como principal justificación. Han pasado ya más de dos años de esto. Y los más optimistas en las filas conservadoras y en el Ejecutivo dan por hecho que, como muy lejos, el proyecto de ley llegará al registro de la Cámara Baja y allí morirá a medida que decaiga el periodo de sesiones. Eso, los más optimistas. Porque cada vez es más compartida la opinión, expresada a veces en público, de que el presidente del Gobierno y su equipo buscarán la fórmula de que no salga del Consejo de Ministros. El final de esta historia lo tiene que escribir Mariano Rajoy. Por el camino, el Ejecutivo se ha expuesto a un importante desgaste. Y sobre todo, el ministro de Justicia.
No hay que hilar muy fino para llegar a la conclusión de que el principal perjudicado en todo este proceso es Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro de Justicia llegó al Gobierno de Rajoy desde su despacho de alcalde de Madrid. Siempre sonó como uno de los posibles recambios para sustituir al líder del PP en el momento en el que éste decidiese dar un paso atrás. Pero, a día de hoy, sus opciones se han desdibujado. La reforma de la ley del aborto ha sido clave para este proceso de transformación puertas adentro y puertas afuera del partido. Lo explica muy bien uno de sus compañeros: “Cargos del partido han cuestionado el anteproyecto que presentó y los ciudadanos ya no le perciben tan 'verso suelto' del PP como antaño. Es más, esto le ha devuelto a la denominada 'ala dura' del partido”. Hay voces en el PP convencidas de que el encargo de esta ley a Justicia, y no a Sanidad, es una maniobra de Rajoy para el desgaste de un ministro que parecía querer rivalizar con él.
"Esto parece que no sale"
El paso del tiempo ha sido proporcional al distanciamiento que destacados miembros del PP y del Gobierno han mostrado con el anteproyecto. Hasta el punto de que el silencio de Mariano Rajoy respecto a esta reforma ha servido para que más de uno en el PP se haya guiado por esa expresión que apunta a que “El que calla, otorga”. Este domingo, un día después de que el diario El Mundo abriese su edición con una información que apuntaba a que el Gobierno se inclina por aparcar este proyecto, Borja Sémper, presidente del PP de Gipuzkoa, aplaudió en un acto de partido que el Ejecutivo piense en la retirada de la ley. “Un buen Gobierno también es aquel que sabe rectificar", valoró.
Las palabras del dirigente de los conservadores de Euskadi llegan menos de una semana después de que el PP celebrase una reunión interna, la primera de este curso político, en su sede nacional. Nada se dijo en ella de esta reforma legislativa. Y, a la salida, los dirigentes compartían, en privado, una reflexión: “Esto parece que no sale”. Una vez más, Rajoy evitaba zanjar este asunto y los debates internos. Y, de paso, respaldar a su ministro de Justicia.
Fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón insisten a infoLibre en que el ministro "no ha recibido ningún tipo de comunicación de Presidencia del Gobierno" que apunte a un cambio de planes respecto a este texto que lleva en la mesa de Mariano Rajoy desde el pasado mes de julio. "A nuestros efectos, todo sigue igual", recalcan.
A vueltas con los plazos
En este tiempo transcurrido desde que el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley han sido tantas las veces que se han ido modificando los plazos anunciados por Justicia sobre la aprobación definitiva del texto que algunas fuentes apuntan que Ruiz-Gallardón ha ido por libre. Que el texto es sólo obra de su departamento, que cuando ha hablado de plazos lo ha hecho sin consensuar con la Moncloa. Esta es la conclusión a la que llegaron algunos dirigentes del PP gallego tras una conversación con el presidente este verano, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de dichos encuentros.
Pese a que Rajoy mantiene que su intención con la reforma es la de volver al "consenso" de la ley de 1985 –de supuestos, frente a la de plazos de Zapatero–, lo que se conoce, por el anteproyecto, es que el supuesto de malformación fetal desaparece y por tanto es una ley aún más restrictiva. Es decir, que no puede decirse que la ley de 1985 es la que funcione como base. A esto apuntan los cargos del PP contrarios al borrador presentado por Justicia.
Otras fuentes hacen hincapié en la idea de que “nada” de lo que sale de las reuniones del Consejo de Ministros sale sin el visto bueno del presidente. Si bien recalcan que Ruiz-Gallardón se ha tomado esta reforma como algo "muy personal", como si su carrera política dependiera de ello. "Parece que es su principal empeño. Habrá que ver cómo reacciona si Rajoy la entierra. Porque en su carrera política ya ha amenazado varias veces con dimitir", subraya un veterano dirigente. Por contra, sus defensores mantienen que se ha limitado a ejecutar una orden de Rajoy.
En cuestión de plazos, la semana que comienza este lunes es decisiva. Al menos en lo que respecta al ministro, que a finales de julio al ver que el Gobierno no decidía sobre el texto que él ya les había remitido tras estudiar las observaciones de los órganos consultivos, fijaba un fecha de aprobación: "Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, pero el verano termina en septiembre", sostuvo. Y llegaba a concretar más: "Para mí acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología, no sé exactamente qué día de septiembre". Si nos atenemos a estas declaraciones, el último Consejo de Ministros en el que puede aprobarse es el de este viernes, 19 de septiembre. Más tarde, el verano se habrá acabado. ¿Volverá el ministro a fijar nuevos plazos ante el silencio de Rajoy?¿Recapacitará el presidente y lo llevará al Consejo de Ministros para evitar que Ruiz-Gallardón quede más tocado y su gestión de esta crisis en entredicho?¿Aprovechará Rajoy para anunciar que da carpetazo al proyecto de ley del aborto más restrictivo de la democracia? El PP y el Gobierno están a la espera de un gesto de su jefe de filas.
Cospedal tampoco se pronuncia
Esta historia con los plazos viene de lejos. Tras el parón que se dio al anteproyecto con motivo de las elecciones europeas, desde Justicia apuntaban a finales de junio o principios de julio como fecha en la que el proyecto podría llegar al Congreso de los Diputados. No fue en junio. Ni en julio. Rajoy optó por irse de vacaciones dejando abierta esta crisis. Se salvó de defender el texto en la rueda de prensa que protagonizó el 1 de agosto tras el Consejo de Ministros. Y Ruiz-Gallardón quedaba desautorizado, como tantas veces en las que el propio Rajoy o la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, habían evitado mojarse respecto a aquello que en su día defendieron como una promesa electoral.
Una promesa electoral que, por cierto, ya les costó lo suyo mientras se elaboraba el programa para las generales de 2011. Y es que se formó tal polémica interna –casi la misma que cuando Ruiz-Gallardón presentó su texto y algunos barones se pusieron en pie de guerra– que todo quedó redactado de una forma genérica para evitar herir sensibilidades. De nuevo, el sector más moderado contra el más conservador del PP en un momento en el que el ala dura comenzaba a perder peso y referentes.
A la espera de un pronunciamiento de Rajoy, hay que remontarse al Consejo de Ministros de hace una semana para conocer el último posicionamiento del Gobierno al respecto. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada en la rueda de prensa posterior a esta reunión sobre el momento en el que la reforma iba a ver la luz. "El Gobierno está analizando esos informes y trabajando para lograr el mayor consenso en un tema en que, desde luego, hay que tener muy presente la sensibilidad social", intentó zanjar. La mano derecha de Rajoy es considerada una de las voces más contrarias a esta reforma dentro del Gobierno.
Choque con Cospedal por la reducción de aforados
Nadie quiere asumir en el Gobierno el desgaste de la nueva ley del aborto
Ese mismo día, 5 de septiembre, también se le preguntaba sobre otra iniciativa polémica en manos también de Ruiz-Gallardón que, una semana antes, había señalado en una entrevista al diario El País, que apostaba por pasar "de 17.621 aforados que hay en España a sólo 22”. El ministro precisaba que es la propuesta que su departamento pretende llevar en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y se lamentaba de que una iniciativa de tal calado no pudiese realizarse vía ley orgánica, sino que requiere, en el caso de los diputados y senadores, una reforma constitucional y una reforma de los estatutos de autonomía en el caso de los parlamentarios autonómicos.
La secretaria general, María Dolores de Cospedal, había señalado que, a su juicio, no hacía falta esa reforma de la que hablaba su compañero de partido –juristas consultados por infoLibre sostienen lo contrario– y los periodistas querían saber si el Gobierno estaba con la número dos del PP o con Ruiz-Gallardón. La vicepresidenta evitó la polémica. La desautorización de Cospedal había caído como un jarro de agua fria en el ministerio.
Hay en el PP quien interpreta que Ruiz-Gallardón, como la heredera de su despacho en el Ayuntamiento, Ana Botella, se siente solo por falta de respaldo. Pero también hay quien interpreta que se siente solo porque ha ido por libre.
Los hechos son muy simples: un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, encarga a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la que se supone que es una de las reformas clave de la legislatura: la de la ley del aborto. Sin esperar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso planteado por el Partido Popular –el partido de Gobierno– al texto de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y con el argumento del cumplimiento del programa electoral como principal justificación. Han pasado ya más de dos años de esto. Y los más optimistas en las filas conservadoras y en el Ejecutivo dan por hecho que, como muy lejos, el proyecto de ley llegará al registro de la Cámara Baja y allí morirá a medida que decaiga el periodo de sesiones. Eso, los más optimistas. Porque cada vez es más compartida la opinión, expresada a veces en público, de que el presidente del Gobierno y su equipo buscarán la fórmula de que no salga del Consejo de Ministros. El final de esta historia lo tiene que escribir Mariano Rajoy. Por el camino, el Ejecutivo se ha expuesto a un importante desgaste. Y sobre todo, el ministro de Justicia.