Tras semanas de contradicciones, de jugar al despiste y con la amenaza de una moción de censura sobre sus espaldas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá este jueves, 1 de agosto, en el Congreso de los Diputados para hacer un balance de la situación política y económica de España. Y para, según admitió el pasado lunes en rueda de prensa en la Moncloa, resolver "dudas que legítimamente tiene mucha gente" sobre el caso Bárcenas. Un escándalo de corrupción que afecta al PP, el partido que preside, y a él personalmente, ya que el extesorero le ha señalado como uno de los perceptores de sobresueldos y como una persona que estaba al tanto de todo lo que ocurría en la sede nacional del partido.
A la espera de cómo pueda armar su discurso, en el PP dan por hecho que no entrará al fondo de la cuestión y que se limitará, en gran parte, a recuperar el discurso y las propuestas anticorrupción que ya enumeró en el debate sobre el estado de la nación de los pasados 20 y 21 de febrero. Unas promesas que, en la práctica totalidad, están poco avanzadas y sin ver la luz.
En aquel debate, al que Rajoy alude siempre que se le pregunta por su opinión sobre el caso Bárcenas y sobre las iniciativas que estudia para ponerle coto, el presidente del Gobierno puso sobre la mesa tres bloques de medidas: aplicar los criterios de la futura Ley de Transparencia a los partidos, organizaciones empresariales y sindicatos; incrementar el control sobre los partidos, sus cuentas y su gestión a través de un proyecto de ley orgánica, y aprobar una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones públicas. De todos ellos, el único avanzado es el que se refiere a la ley de transparencia, que este jueves finalizó los trabajos de ponencia y entrará en fase de tramitación en el próximo periodo de sesiones tras las vacaciones de verano.
Efectivamente, la ley de transparencia afectará a partidos, organizaciones empresariales y sindicatos. Fue el punto de partida de la elaboración de un texto para el que el Gobierno quería el máximo consenso. De hecho, parecía que así iba a ser hasta que las sucesivas negativas del presidente del Gobierno y del PP a comparecer para rendir cuentas sobre el caso Bárcenas hicieron que el PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto se levantaran de la ponencia. ¿Qué sentido tenía buscar el consenso para una ley de este calado cuando el presidente del Gobierno tenía una actitud de todo menos transparente?, era la pregunta que rondaba la cabeza de estos partidos, que han dejado en suspenso su apoyo a esta ley a la espera de que el jefe del Ejecutivo suba a la tribuna del Senado el próximo jueves. Con el hemiciclo del Congreso en obras, la sesión, que dará comienzo a las 9 horas, será trasladada a la Cámara Alta. Cámara Alta.
De las otras dos propuestas del presidente del Gobierno no hay rastro en el registro de actividades de la Cámara Baja más allá de ese 20 de febrero, cuando Rajoy pidió al resto de grupos que se sumasen a este paquete de medidas a favor de la regeneración democrática y la transparencia. Es decir, que los trabajos parlamentarios para hacerlas realidad no han comenzado.
Poco habituado a concretar la letra pequeña de sus propuestas, el presidente del Gobierno sí añadió algunos detalles a estas medidas contra la corrupción, que propuso hace ya más de cinco meses. Por estas fechas, la opinión pública acababa de conocer los bautizados como papeles de Bárcenas y que el hombre que durante años tuvo la llave de la caja del PP tenía más de 12 millones de euros en cuentas en Suiza (una cantidad que luego se incrementó hasta los 48 millones).
¿Cuáles fueron las propuestas de Rajoy?
Sobre el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, el presidente comentó que "propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas". Dijo, además, que se tratará de una "norma exigente sobre el procedimiento mínimo de aprobación de las cuentas de los partidos políticos, que deberá necesariamente figurar en sus estatutos y obligará a depositar aquellas en un registro público específico".
Respecto al papel del Tribunal de Cuentas, Rajoy apostó por reforzar sus funciones "con más medios para su labor de control". Una tarea que "se extenderá también a los ingresos y los gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos". Muy ligado con la situación que atraviesa el PP, el presidente del Gobierno dijo desde la tribuna que "se regularán los procedimientos de contratación de los partidos políticos, estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre". Y "se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económica de los partidos políticos". Es decir, los tesoreros y gerentes.
En su última declaración ante el juez Pablo Ruz, Luis Bárcenas entregó una lista de 23 empresarios que, según su testimonio, hicieron donativos al PP, una cantidad que pasaba después a engrosar la caja B de la formación.
Para los responsables de las finanzas de los partidos, Rajoy propuso en el debate sobre el estado de la nación "un doble control externo sobre sus funciones". "Por un lado, con su deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y, por otro lado, con su obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en la que se ha gestionado los recursos de todos los partidos representados". Rajoy no explicó en qué medida servirían estas propuestas para evitar nuevos casos Bárcenas, si se tiene en cuenta que los partidos ya presentan sus cuentas oficiales al Tribunal de Cuentas, pero lógicamente no incluyen en las mismas la comisión de presuntas irregularidades.
En el tercer paquete de propuestas, el presidente del Gobierno, con el objetivo de "garantizar la actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración" y de "todos" los que representan a los ciudadanos, propuso una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones públicas. "Se trataría de un verdadero estatuto del cargo público en que el deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que pueda haber compensación tras el cese, reforzando también la Oficina del conflicto de intereses".
En este último punto propuso el establecimiento de un procedimiento "de comprobación a través de una auditoría de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo que han desempeñado cualquier cargo público". Además, apostó por incluir la regulación parlamentaria de los lobbieslobbies.
Integrado en este epígrafe, Rajoy también mencionó la necesidad de que todos los que se dedican a la política respondan "sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia" y tengan claro "las declaraciones tributarias de bienes y actividades" que tienen que publicar y cómo tienen que hacerlo. "Con unos estándares que debemos cumplir todos". Hasta la fecha el PP, que se comprometió a principios de febrero a publicar las declaraciones de la cúpula del partido, no lo ha hecho. Están a punto de cumplirse seis meses de esta promesa y, siempre que se les pregunta sobre la cuestión, los conservadores argumentan que lo harán cuando pacten con el principal partido de la oposición un cuestionario común que sirva de base al resto de partidos y, de paso, al Congreso y al Senado.
En el PP y en el Gobierno no tienen dudas de que su jefe de filas volverá a enumerar estos asuntos en su discurso antes que entrar al fondo del caso Bárcenas, un tema "judicializado". La novedad, apuntan las fuentes consultadas, podría ser ahora que se fije un calendario de aplicación o que pueda avanzar los pasos que su equipo haya ido dando estos meses para hacer realidad estas propuestas.
Aquellas medidas anunciadas en el debate sobre el estado de la nación se convirtieron en propuestas de resolución aprobadas el 26 de febrero. Concretamente, la resolución número uno establece que "el Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones".
Grupo de trabajo en la Moncloa el pasado 13 de marzo
Poco después, el 13 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió una reunión en la Moncloa "constitutiva del grupo de trabajo que liderará las reformas del Gobierno en materia de regeneración democrática". Según informaron desde el Ejecutivo, este grupo, constituido "para dar cumplimiento del Acuerdo Parlamentario sobre Regeneración Democrática, está coordinado por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y por representantes de "primer nivel" de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda e Interior.
Del discurso del presidente y de las propuestas de resolución, el Gobierno concretó 6 puntos: Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos políticos, reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Públicas, reforma de la Ley Orgánica del Código Penal y Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre aseguraron que estas reformas están en "fase de análisis". "Se trata de seis leyes con un entramado jurídico complejo y en este momento los técnicos en cada una de las materias, que corresponden a diferentes ministerios, siguen trabajando de forma coordinada para hacer una propuesta homogénea", precisaron las mismas fuentes.
Con estos mimbres acudirá el presidente al Senado el jueves. Esta es la parte controlada del escenario. Lo que no puede controlar es la reacción de su extesorero, la documentación de la que dispone, lo que siga declarando ante el juez y los ases en la manga que se guarde. Por ello, hay en el PP quien considera que en esta comparecencia tiene una gran oportunidad de anticiparse a futuras revelaciones y dejar a Bárcenas sin argumentos.
Otras fuentes, las más proximas al presidente, marcan una frontera entre lo que es el Parlamento y los juzgados y apoyan que el presidente del Gobierno no entre demasiado en un terreno judicializado. Este es precisamente uno de los temores de los partidos de la oposición.
"Estamos hablando de dos dimensiones diferentes [...] Todos tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de dos parámetros diferentes. El presidente del Gobierno ha decidido comparecer en el momento y la forma que él ha estimado oportuno en cumplimiento de lo que es la responsabilidad de un Gobierno, que es dar explicaciones a los ciudadanos, no servir a estrategias procesales de nadie ni a las estrategias políticas de otros", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.
Las preguntas
Rajoy recula y acepta comparecer en el Congreso para hablar del 'caso Bárcenas'
En el escrito enviado al Congreso para solicitar la comparencia "a petición propia" de Rajoy ni siquiera se menciona el nombre de Bárcenas. Pero el PP aceptó acumular a esa petición otras dos –una realizada por los grupos Izquierda Plural y Mixto y otra formulada por los grupos Vasco y Catalán–, en las que se exige al presidente del Gobierno que explique "su relación con el denominado caso Bárcenas" e informe "de manera transparente a la ciudadanía".
Los grupos podrán valorar el próximo jueves hasta qué punto Rajoy rinde cuentas y aclara las dudas que se ciernen sobre su partido y sobre él en particular a cuenta de este escándalo. No pasa inadvertido que los socialistas han dejado en el aire su amenaza de moción de censura a la espera de la comparecencia.
¿Se atreverá el presidente del Gobierno a pronunciar en esta ocasión el nombre de la persona a la que aupó a la tesorería del partido?
Tras semanas de contradicciones, de jugar al despiste y con la amenaza de una moción de censura sobre sus espaldas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá este jueves, 1 de agosto, en el Congreso de los Diputados para hacer un balance de la situación política y económica de España. Y para, según admitió el pasado lunes en rueda de prensa en la Moncloa, resolver "dudas que legítimamente tiene mucha gente" sobre el caso Bárcenas. Un escándalo de corrupción que afecta al PP, el partido que preside, y a él personalmente, ya que el extesorero le ha señalado como uno de los perceptores de sobresueldos y como una persona que estaba al tanto de todo lo que ocurría en la sede nacional del partido.