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Rodrigo Rato ya ha cumplido su primera deuda con la justicia. Acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Sin embargo, no es ni mucho menos la última a la que debe enfrentarse a la macrocausa abierta en los juzgados de Madrid que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. El exvicepresidente económico del Gobierno y expresidente de Bankia está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido a través de sus empresas tras el proceso de privatización de sociedades como Repsol, Endesa o Telefónica, donde habría "colocado" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".
Esta causa lleva abierta casi seis años pero paralizada desde 2019 debido a que el juez Antonio Serrano-Arnal está reorganizando las actuaciones para elevarlas a la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que deberá confirmar las conclusiones y fijar una fecha para el juicio. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre calculan que el instructor cerrará previsiblemente las diligencias esta primavera y emitirá el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que definirá claramente cuáles son los delitos por los que envía a juicio a Rato y los hechos concretos que haya podido probar durante la investigación.
Una condena y una absolución
La causa sobre el origen de su patrimonio es la última cuenta que le falta a Rato por saldar con la justicia, pero podría ser la que más consecuencias penales tenga para él, a la luz de los delitos que se le imputan. El exvicepresidente entró en prisión por el caso de las tarjetas black en octubre de 2018 y exactamente dos años después obtuvo el tercer grado que le permitió salir con control telemático. El juez de Vigilancia Penitenciaria valoró entonces su “avanzada edad” –71 años–, las enfermedades coronarias que padece, que hay baja posibilidad de reincidencia, que los permisos de los que había disfrutado no habían tenido incidencia negativa y que abonó una multa y devolvió el gasto opaco realizado con las tarjetas de crédito de Caja Madrid, que ascendió a casi 100.000 euros. Ahora ha llegado la libertad condicional al haber cumplido la mitad de la pena impuesta por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo y porque ha realizado un programa de justicia restaurativa.
Al poco de haber entrado en prisión, Rato hizo frente a su segundo juicio, el que examinó la operación de salida a Bolsa de Bankia en 2012, en el que la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir para él ocho años y medio de cárcel por delitos de estafa de inversores y falsedad contable. Ni el expresidente de la entidad ni el resto de la treintena de acusados resultó condenado y el Ministerio Público optó por no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo.
Los problemas legales de Rato no acaban aquí. En los próximos meses se espera su procesamiento por la causa en la que se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre 2004 y 2015. Estas diligencias, que se han acabado conociendo como caso Rato, comenzaron teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, y a lo largo de la instrucción el también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha defendido su inocencia, arremetiendo contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".
Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
"Importes excesivos": casi 72 millones de euros facturados
En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad" con sus sociedades, informó Europa Press. El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
La Fiscalía pide para Rato más de 80 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros
El exvicepresidente iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit. La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones de euros. Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras once personas, entre ellas el ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, juzgado y absuelto igual que Rato en el caso Bankia.
Pero el procesamiento no se anuló por el hecho de que el tribunal no viera indicios contra Rato, sino que dio marcha atrás para que el juez instructor ordenara toda la instrucción y acumulara todas las piezas para convertirlas en un único proceso. Los magistrados consideraron que haciéndolo así, se evitarán en el futuro "pronunciamientos contradictorios" que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio del exvicepresidente.
Y este es el momento en el que se encuentra el caso Rato. El juez instructor debe elevar a la Audiencia Provincial un único procesamiento que podría volver a sentar en el banquillo de los acusados en unos meses al expresidente de Bankia por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Según el Código Penal, la pena prevista para el fraude fiscal es de entre uno y cinco años de cárcel; el de blanqueo, de entre seis meses y seis años; y el de corrupción en los negocios, de entre seis meses y cuatro años. La Fiscalía ya presentó escrito de acusación por este último delito en el primer procesamiento –pidió cuatro años–, pero ante la nueva situación procesal deberá remitir un nuevo informe en el que aclare cuánto solicita por cada ilícito por el que sea enviado a juicio.
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