En poco más de una semana, el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha intentado desmarcarse del anterior Ejecutivo del Partido Popular a través de gestos muy concretos. Y uno de ellos, y el que ha ocupado la actualidad durante los últimos seis días, ha sido el ofrecimiento de acogida de los 629 migrantes y refugiados que fueron rescatados por el barco Aquarius el pasado sábado. Fue una decisión muy aplaudida, sobre todo, desde las ONG, que lo consideraron como un gesto que podría significar el inicio del cambio de rumbo de la política de asilo que hasta ahora habían llevado a cabo los conservadores.
Apenas tres días más tarde de que el buque –operado conjuntamente por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras– pusiera rumbo a España, el Ejecutivo anunció otra medida migratoria que apuntalaría, un poco más, ese cambio de rumbo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves que una de sus prioridades es retirar las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos –instaladas en 2005, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y reforzadas en 2013, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa–. Está, dijo, "convencido" de que "se puede garantizar el mismo nivel de seguridad con medios menos cruentos". Porque hasta el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha manifestado siempre que el sistema de cuchillas instaladas en las fronteras de las ciudades autónomas constituyen un sistema de una "crueldad extraordinaria".
Y este viernes llegó el último gesto. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que el Gobierno recuperará, en un plazo de seis semanas, la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminará, así, el Real Decreto 16/2012 aprobado por el PP y por el que se privó de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
No obstante, estas medidas, que ejemplifican la diferencia ideológica en materia migratoria entre el PP y el PSOE, no han tenido una buena acogida por parte de todos los grupos políticos. Ha sido el caso del PP, que acusó al líder del Ejecutivo de utilizar la acogida de los migrantes y refugiados del Aquarius con "motivos propagandísticos". "Esto no contribuye a solucionar el problema, sino al contrario", dijo el portavoz de los conservadores en el Congreso, Rafael Hernando. Por su parte, los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, aunque celebraron la decisión de eliminar las concertinas, alertaron del posible efecto llamada que, a su juicio, podría provocar. Las organizaciones representativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado se debaten entre las que abiertamente sostienen que las concertinas son "ineficaces" y los que subrayan que la presión migratoria obliga a utilizar "elementos de disuasión". "Si no son concertinas, vale; pero tiene que haber otros elementos", sostienen desde el sindicato de mandos policiales SPP, según Europa Press.
Este argumento, el del denominado efecto llamada, es el más utilizado por los detractores del tipo de medidas adoptadas en la última semana por el nuevo Ejecutivo. Según sus defensores, si no se cierran las fronteras, la presión migratoria aumentará y, cada vez, serán más los migrantes y refugiados que intentarán cruzar las fronteras europeas. Pero, ¿existe verdaderamente ese efecto llamada, o es un mito?efecto llamada "Claro que no existe". Así se han respondido todas las organizaciones y expertos consultados por infoLibre.
"Nadie arriesga su vida por nada": los motivos que les empujan a huir no desaparecen
No existe, según las fuentes consultadas, por una primera razón evidente y que provoca que el argumento del efecto llamada caiga por su propio peso: las razones que empujan a estas personas a huir de sus países no dependen de los muros que levanten los estados. "El efecto llamada es en realidad la necesidad que tienen de marcharse de sus países porque son perseguidos o por otra serie de cuestiones que les hacen verse en la obligación de emprender viajes tan arriesgados", explica Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales y portavoz para temas de crisis de refugiados de Amnistía Internacional. "Cuando uno se embarca en una patera con bebés, estando embarazada, y soportando las violaciones que sufren durante todo el camino, no lo hace porque quiera pasar por eso. Lo hace por una cuestión pura de necesidad", añade.
Y con ella coincide Lara Contreras, responsable de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón. "Las causas por las que la gente se mueve siguen existiendo, así que estas personas se van a seguir marchando de sus países del mismo modo", asegura. Por eso, el refuerzo de una frontera en un lugar determinado solo provocará que los miles de migrantes y refugiados que se ven obligados a salir de sus países de origen busquen una alternativa. "Aunque se arriesguen la vida", lamenta Contreras.
El cierre de una entrada al continente europeo sólo genera la búsqueda de otra puerta, no la bajada del número de llegadas. En este sentido, y según un informe que publicó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el año 2013 –el mismo año que el PP reforzó las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla–, las entradas de migrantes irregulares a través del salto a las vallas de las ciudades autónomas solo supusieron un 15,75% del total. En cambio, al año siguiente, en 2014, y según los datos que publicó el Ministerio del Interior, llegaron por vía marítima 4.552 personas, un 40,6% más que en 2013. "Las rutas migratorias van cambiando como consecuencia de la falta de vías legales y seguras", asegura Barroso. Así, añade, los migrantes y refugiados "van buscando rutas donde corren menos riesgos".
Esto, del mismo modo, a nivel europeo. Con la entrada en vigor hace más de dos años del acuerdo UE-Turquía –por el que se decidió deportar a este país a todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios, que llegaran a Grecia a partir del 20 de marzo del pasado año 2016–, la ruta oeste de los Balcanes vio cómo el numero de entradas de migrantes y refugiados descendió. Pero sólo por esa vía. En su lugar, estas personas optaron por cruzar la ruta del Mediterráneo central, que parte de costas libias y desemboca en las italianas, según explicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). Por eso, en 2016 aumentaron exponencialmente las llegadas a las costas italianas.
Pero, además, otros factores como la situación propia de los países de origen o, incluso, las condiciones climatológicas, también influyen en el número de llegadas. "Si se toman como referencia los datos de los últimos años, en temporadas donde las condiciones son más favorables las llegadas por mar aumentan por distintas rutas", explica Barroso que, insiste, los movimientos migratorios y su repunte o descenso no tienen nada que ver con las políticas de cierre o apertura de fronteras. Así, explica, sólo se provoca que estas personas se jueguen la vida por otras rutas más peligrosas.
Necesidad de asegurar vías legales y seguras de tránsito
La solución, por tanto, pasa por el establecimiento de vías legales y seguras que permitan que estas personas lleguen sin jugarse la vida a la Unión Europea. Eso sí, una vez dentro, la responsabilidad es de todos los estados. "La responsabilidad compartida de todos los estados con los países costeros garantizará el reparto equitativo y una solución más estructurada a todo el tema de la gente que está en movimiento", explica Contreras. "Hay que seguir presionando por un acuerdo común de los Estados miembros en la acogida y en la solidaridad entre países, sobre todo con los miembros del sur", asegura Alberto Ares, del Servicio Jesuita a Migrantes.
Pero, además, las ONG y los expertos consultados no dudan en insistir en que la necesidad de estas vías legales y seguras responde, sencillamente, al respeto de los convenios internacionales de Derechos Humanos. "Es cumplir la legalidad internacional, no se puede hacer otra cosa", asegura Contreras.
"Negación, parálisis e improvisación": la respuesta española frente al récord de solicitudes de asilo
No obstante, la prohibición del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de no permitir el desembarco del Aquarius en ningún puerto del país ejemplificó que la normativa internacional no siempre se cumple. Y emplea el argumento del efecto llamada. Si se dificulta la entrada de migrantes, las llegadas disminuirán.
Por ello, si el argumento humanitario no funciona, Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, propone comenzar a utilizar un argumento más "positivo y utilitario". Explica, así, que la sanidad universal para los migrantes es necesaria para mantener una población sana que no esté en riesgo de contraer enfermedades "que no están controladas". "Esto no genera efecto llamada, es una medida para los que ya están aquí que, como pagan impuestos indirectos a través del consumo, tienen derecho a ser atendidos por los servicios públicos", afirma.
"Hay que lanzar un mensaje positivo: es bueno que se muevan las personas porque genera equilibrio demográfico y económico en el planeta", continúa. Rechaza, así, el argumento que apunta a que no es posible acoger a todos los solicitantes de asilo "porque no hay trabajo". "Somos un continente muy envejecido. Necesitamos gente joven que trabaje" pero, apunta, con respeto a sus derechos y fuera de la economía sumergida. "Si no somos capaces de apelar a los Derechos Humanos que se supone que forman parte de la Unión Europea, habrá que lanzar un mensaje positivo" sobre lo que pueden suponer las llegadas de solicitantes de asilo, concluye.
En poco más de una semana, el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha intentado desmarcarse del anterior Ejecutivo del Partido Popular a través de gestos muy concretos. Y uno de ellos, y el que ha ocupado la actualidad durante los últimos seis días, ha sido el ofrecimiento de acogida de los 629 migrantes y refugiados que fueron rescatados por el barco Aquarius el pasado sábado. Fue una decisión muy aplaudida, sobre todo, desde las ONG, que lo consideraron como un gesto que podría significar el inicio del cambio de rumbo de la política de asilo que hasta ahora habían llevado a cabo los conservadores.