"Negación, parálisis e improvisación": la respuesta española frente al récord de solicitudes de asilo

"Sin duda, 2017 fue el año de las cifras récord en España en un sistema que está absolutamente colapsado". Así resume la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) la situación de los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país. La cifra de solicitudes ha alcanzado cotas nunca antes vistas y las autoridades españolas no han sabido dar una respuesta adecuada a todas ellas. Según Eurostat, 31.120 personas solicitaron asilo en España, constituyendo la cifra más elevada jamás alcanzada en un año. De hecho, esta se aproxima a la suma de todas las solicitudes registradas entre 2007 y 2014: 34.411. Sin embargo, solo se aceptaron el 35% de todas ellas. "Solo 4.670 personas recibieron algún tipo de protección, aproximadamente 1 por cada 10.000 habitantes en España", afirma Cear. 

Este incremento en las solicitudes ha modificado la situación de nuestro país con respecto al resto de Europa. Hasta 2016, España solía atender en torno al 1% de las peticiones de la Unión Europea. Ahora, en cambio, ha pasado a registrar el 4,4% del total de las presentadas en los Veintiocho. Así, por primera vez, nuestro país ocupó el sexto lugar en el ránkingránking de países con las cifras más elevadas. 

Estas cifras llegan un día después de que los 629 migrantes y refugiados rescatados la pasada semana por el barco Aquarius, llegaran al puerto valenciano. Su acogida en España fue una de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez que, a través de este gesto, celebrado por todas las ONG, inició el posible cambio de rumbo de las políticas migratorias y de asilo que, hasta el mes de junio, llevó a cabo el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy caracterizado, según Cear, por una actitud de “negación, parálisis e improvisación”. En este sentido, el porcentaje de reconocimiento de las solicitudes de asilo en España se situaron por debajo de la media europea (46%) y por debajo del que registró en 2016 (67%). Pero, además, Cear destaca otro dato "especialmente preocupante". Según el Defensor del Pueblo, a finales del mes de febrero de 2018 había un total de 42.025 solicitudes de asilo acumuladas esperando resolución, proceso que, de media, suele durar más de un año. 

Frontera sur: se triplican las llegadas

Más de mil migrantes han sido rescatados a lo largo del fin de semana en las inmediaciones del mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Entre el pasado viernes y las 19:00 horas de este domingo, Salvamento Marítimo ha rescatado a 1056 personas que viajaban en 71 pateras localizadas en aguas del Estrecho de Gibraltar o el Mar de Alborán. Pero estas cifras, en cambio, solo son la continuación del aumento de llegadas de migrantes a través de la frontera sur registradas el pasado año.

Según los datos presentados por Cear, España fue, en 2017, el tercer país de la Unión Europea con un mayor número de llegadas de migrantes a sus costas, a donde llegaron 22.414 personas, cifra sólo superada por Grecia (35.052) e Italia (119.369) que, tras la entrada en el Gobierno de la ultraderecha de la Liga Norte, ha comenzado a cerrar sus puertos y a impedir los desembarcos de las personas rescatadas en el mar por las ONG. Sin embargo, este cierre de fronteras tan solo provoca que los migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa cambien su ruta para conseguirlo, añadiendo de esta manera peligrosidad al camino. Tan solo en 2017, fueron más de 3.000 las personas que, intentando alcanzar el continente, murieron ahogadas en la ruta del Mediterráneo, calificada ya como la más peligrosa. En España, fueron 224 los fallecidos intentando llegar a las costas. 

 

Algunas de las más de 200 personas que navegaban a bordo de una balsa pinchada frente a las costas de Libia, en septiembre de 2017, y que fueron rescatadas por la misión Maydayterraneo. CEAR / Gabriel Tizón

Pero además, Cear denuncia las malas condiciones en las que se recibe a estas personas. Así, la organización pone de relieve "la improvisación como norma general de las actuaciones llevadas a cabo, la falta de coordinación entre los distintos agentes y la ausencia de garantías jurídicas en algunos puertos". En este sentido, además, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti) de Melilla volvió a sobrepasar sus posibilidades de ocupación, llegando a albergar a hasta 1.415 personas cuando la capacidad es de 984 personas. Lo mismo ocurrió en el Ceti de Ceuta, donde llegaron a convivir 700 personas en un espacio pensado para 512. 

Esta sobreocupación fue denunciada por el Defensor del Pueblo que, tras una visita a los dos centros y la constatación de la mala respuesta dada a las necesidades de estas personas, concluyó que los Ceti no son un "recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo". 

Además, denuncia Cear, las dos ciudades autónomas continúan siendo testigos de devoluciones en caliente, prácticas declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciadas en varias ocasiones por diversas ONG. El tribunal falló por unanimidad el pasado mes de octubre que la devolución de dos inmigrantes en 2014 fue ilegal. Según la sentencia, esta práctica vulneraba el Protocolo número 4 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Además, el fallo consideró que España vulneró el derecho a un recurso efectivo –artículo 13 de la Convención– ya que el 13 de agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente) fueron esposados y devueltos a Marruecos "sin ninguna medida administrativa o judicial previa", contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica. Por ello, el tribunal condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de ellos.

Al igual que en la frontera sur, la frontera del aeropuerto Madrid-Barajas también vio cifras nunca antes vistas: las solicitudes de asilo ascendieron hasta las 3.182. Cear, por su parte, atendió a 2.066 personas en 1.758 solicitudes, un aumento considerable con las 454 asistidas en 2016. 

Los CIE: un "agujero" de los derechos humanos

Durante 2017, fueron internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 8.645 personas, de las cuales el 38% fueron expulsadas y el 62%, 5.358, puestas en libertad. Sin embargo, estos espacios han sido denunciados en numerosas ocasiones por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero el Gobierno de Mariano Rajoy, antes de su salida de la Moncloa, anunció la apertura de tres nuevos espacios: uno en Málaga, para sustituir el que se clausuró, otro en Algeciras y otro en Madrid, "tres ciudades estratégicas en los procedimientos de deportación de personas migrantes", según Cear. 

Las denuncias contra estos centros fueron una constante durante 2017, cuando se produjo la polémica en torno a la prisión de Archidona (Málaga), utilizada de forma temporal como CIE y que acogió a 572 personas de origen argelino que habían llegado a las costas españolas de Almería y Murcia. Una de ellas falleció durante su estancia en la prisión, en lo que, a priori, pareció haber sido un suicidio. 

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Con este escenario, Cear solicita la adopción de un Plan de Acción a nivel estatal para dar una respuesta adecuada al incremento de las llegadas de migrantes y refugiados a las costas españolas, además de garantizar la adecuada protección de los niños y niñas en puestos fronterizos y territorios, evitando que sean detenidos bajo ninguna circunstancia. "Tenemos que trabajar, como nos enseñó Juanjo, para transformar esta realidad. Para que España y Europa estén a la altura de los valores que proclaman. Para que el Mediterráneo sea el mar que conduzca a las personas refugiadas no a la muerte, sino a la esperanza del futuro en paz que necesitan y merecen", escribe Carlos Berzosa, presidente de Cear.

 

Rescate de 11 personas (entre ellas, 2 posibles menores) que fueron trasladadas a Cartagena tras ser localizada su patera por el avión de Salvamento Marítimo. CEAR