El recibo energético sigue subiendo pero de manera contenida un mes después de las medidas del Gobierno

El Congreso debate este jueves la convalidación del decreto ley de medidas urgentes sobre el precio de la electricidad que el Gobierno anunció el pasado 14 de septiembre. Mediante la norma, el Estado detrae 2.600 millones de euros de "beneficios extraordinarios" de las compañías eléctricas para bajar el recibo, anuncia la creación de una nueva subasta, reduce el Impuesto Sobre la Electricidad del 5% al 0,5% y pone un tope al ascenso de la tarifa regulada del gas, como principales medidas. El Ejecutivo, en principio, cuenta con mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, pero se podría aprobar también su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos hacer enmiendas y lo que abriría una puerta a la modificación de la minoración, que negocian Gobierno y compañías en las últimas semanas. 

Un mes después del decreto, los efectos alcanzados son notables, pero no los suficientes según los propios objetivos del Gobierno. Las medidas han amortiguado, pero no ha evitado la escalada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada que nota con más intensidad los máximos históricos alcanzados en el mercado marginalista español y europeo. Según cálculos de la organización de consumidores OCU, el precio que abona al mes una familia tipo con un consumo medio alcanzó en septiembre los 87,40 euros, frente a los 78,30 euros. Los cálculos de la asociación arrojan que, sin estas medidas, unidas al descenso del IVA al 10%, la factura habría sido de 107,40 euros en promedio. Es decir: el Ejecutivo ha logrado contener la escalada en un 25,5%, dejándola en un 11,6% con respecto al mes anterior frente al 37,16% hipotético que se habría alcanzado sin hacer nada. 

¿Por qué pasa esto? Porque el PVPC sigue indexado al resultado de la subasta diaria, y esta no ha dado ni un solo momento de respiro desde que se aprobó el decreto. Según los datos de Red Eléctrica Española, el descenso del 96% en los peajes y cargos que aplicó el Gobierno gracias al dinero que percibe de extraer los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas y del mercado de CO2 es insuficiente para compensar del todo un precio del kilovatio hora que alcanzó unos históricos 0,34 euros frente, por ejemplo, a los 0,20 euros del 13 de septiembre, días antes de publicar el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin tener en cuenta la rebaja en los impuestos, que ayuda al alivio, la reducción de las cargas solo implicó un 2% de descenso en el coste primario de la energía. Con respecto a la tarifa regulada del gas, el decreto introdujo un tope al aumento de un 4,6% hasta marzo de 2022

. Misma situación: subida contenida, pero subida. A diferencia de la luz, la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR) se fija cada seis meses y no depende del resultado diario de la subasta. Se genera un llamado "déficit de tarifa" que no saldrá gratis. A partir de dicho mes, los consumidores abonarán lo que ahora se ahorran. El Gobierno espera que ya para entonces los precios se hayan calmado y se asuma con normalidad el pago extra. La intervención permite a España disfrutar de uno de los recibos de gas más baratos y con menos incrementos del continente, como analizó la comparadora Selectra. Y las empresas energéticas no se han quejado de esta decisión: no les supone ningún menoscabo de sus beneficios a largo plazo. 

Por lo tanto, las medidas han ayudado a calmar la tormenta, pero no a hacerla desaparecer. Tampoco se ha alcanzado el objetivo del Gobierno con respecto a la luz: "Mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que en 2018", que estaba en 67,21 euros al mes. Para ello necesita que los precios del gas natural en el mercado internacional bajen o que Europa modifique de cabo a rabo el funcionamiento del mercado eléctrico, algo que no va a pasar a corto plazo. Sin embargo, la urgencia de la situación hace prever que el decreto saldrá adelante para evitar esos terroríficos 107,40 euros que se alcanzarían con la inacción. Se esperan los votos a favor de ERC, EH Bildu, Más País Verdes Equo, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias, según Europa Press, suficientes para la mayoría absoluta. 

En todo caso, el Parlamento no es el único escollo que tiene el Gobierno para cumplir sus planes. También hay fuerzas extraparlamentarias que llevan presionando un mes para que el Ejecutivo de marcha atrás en lo que consideran un "expolio". Las eléctricas se movilizaron en un primer momento a través de la patronal nuclear, que aseguró que sus centrales se verían obligadas a cerrar. El Gobierno contraatacó asegurando que toda clausura tiene que pasar por su visto bueno para garantizar la seguridad de suministro, como marca la ley, aunque Ascó I y Ascó II pueden simplemente no pedir la renovación de su licencia a corto plazo. También argumentó que, cuando se pactó en 2019 el cierre progresivo del parque nuclear, las instalaciones disfrutaban de unos beneficios similares a los que les garantiza la norma, por lo que no tienen motivos para la queja. 

La segunda gran ofensiva, más allá de declaraciones de los principales dirigentes de las eléctricas, se produjo a través de la patronal eólica. Aseguraron que la minoración de ingresos las abocaría a la parada de la producción, porque el recorte era tal que les obligaba a generar electricidad a pérdidas. El Ejecutivo publicó el día siguiente una nota aclaratoria para evitar esta situación, que no contentó a los empresarios de energías renovables. Fuentes de Transición Ecológica aseguraron que, al igual que con la nuclear, es ilegal parar los molinos de viento sin justificación y la ministra, Teresa Ribera, pidió a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) investigar posibles interrupciones, una fiscalización que el regulador ejecuta continuamente. 

Las presiones se suceden tanto para descafeinar el decreto como para endurecerlo o buscar un mecanismo alternativo para bajar más la factura. A un lado, las eléctricas, que llevan dos semanas reuniéndose con Ribera. La ministra reconoce, según contó Cinco Días, que la subida sin control del pool puede hacer que el hachazo a las compañías mediante la minoración sea demasiado. Poco trasciende del contenido de esas reuniones, pero las pocas propuestas que se filtran no tienen, según los expertos, mucho recorrido.

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Iberdrola puso sobre la mesa un precio fijo para la energía nuclear, al estilo francés, que los analistas consideran incompatible con el derecho comunitario. A una cuantía, de 60 euros el MWh, muy superior a lo que marca el pool en sus horas bajas. También quiere garantías de que la minoración desaparecerá en marzo de 2022, algo incompatible con los deseos de Unidas Podemos, socio de coalición gubernamental: los morados quieren que el fin de estos ingresos sea para siempre y presiona a Ribera para que no dé ni un paso atrás. Endesa propone quemar las reservas estratégicas de gas natural, descartado desde el minuto uno por el Ejecutivo por el riesgo de escasez durante este invierno. 

Y al otro lado, la industria electrointensiva, que asegura que no puede soportar más el alto coste de una materia prima principal para su actividad. Sidenor ha paralizado su producción hasta final de año, Asturiana de Zinc ha elaborado un calendario de paradas y Ferroglobe ha clausurado provisionalmente varios hornos. 

La previsible transformación del decreto en proyecto de ley adelanta que la sesión parlamentaria de este jueves no será, ni mucho menos, el último capítulo de esta reforma eléctrica de emergencia. El Gobierno, además, estudia desvincular al PVPC de la subasta diaria, para evitar el impacto masivo del precio del pool en el recibo. Pero fuentes ministeriales advierten del peligro: un mecanismo así podría lograr que la tarifa regulada sea más cara que las del mercado libre en tiempos de paz, cuando hasta ahora había sido, de media, un 30% más barata.