Las reclamaciones por falta de transparencia se disparan mientras Moncloa lleva cuatro años sin desarrollar la ley

Cada vez más ciudadanos protestan al considerar que, tras una demanda previa de información, la Administración no ha facilitado todos los solicitados. La reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)se han disparado desde la entrada en vigor de la ley de transparencia en diciembre de 2013. Así se pone de manifiesto en la última memoria de cumplimiento de esta legislación, correspondiente a 2016 y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los datos facilitados por el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, en 2016 se resolvieron 890 reclamaciones, que afectaban a órganos de la Administración General del Estado (557) y órganos autonómicos y entes locales (333). 

"Considerando que la cifra de reclamaciones resueltas en 2015 fue de 517, el número de reclamaciones se ha incrementado de un año para otro en un 72,15%", refleja esta memoria que debe ser elevada anualmente a las Cortes Generales. El artículo 24 de la ley de transparencia establece que "frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso [a la información] podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa". 

Del total de 890 reclamaciones formuladas ante el CTBG en 2016, 320 fueron estimadas. Un año antes, la cifra fue de 96, lo que supone un incremento del 233%. 

Esta tendencia al alza de las reclamaciones no se invertirá en el informe que el CTBG presente dentro de un año. Según los datos que ofrece este organismo en su página web, en 2017 el número de reclamaciones fue de 1.067, lo que implica que se hayan duplicado desde la entrada en vigor de la ley a finales de 2014.

Sin reglamento

El CTBG considera que "el nivel genérico de cumplimiento de la ley durante 2016 por los distintos sujetos involucrados ha de considerarse, a nivel global, aceptable". Pero saca los colores al Gobierno al recordar que "a 31 de diciembre de 2016 no se habína aprobado todavía las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la ley de transparencia" previstas en el articulado de la misma. 

"Este desarrollo debería completar las previsiones de la ley, concretar aspectos técnicos y acotar algunos conceptos sobre los que ésta, de acuerdo con su naturaleza y jerarquía normativa, no ha descendido en detalle", puede leerse en la memoria.

A día de hoy, ese reglamento sigue sin aprobarse. Esta tarea pendiente desde 2014 –la ley vio la luz el 9 de diciembre de 2013– forma parte del plan normativo para 2018 anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a finales de 2017. 

A ojos del CTBG, la necesidad del desarrollo reglamentario de la ley es clave, entre otros asuntos, porque tanto la transparencia como el derecho de acceso, son cuestiones novedosas en nuestro sistema jurídico "y no existe prácticamente jurisprudencia al respecto en los tribunales de justicia".

En este sentido, el organismo considera que la carencia de reglamento contribuye en buena medida a la "judicialización" de las discrepancias surgidas entre algunas administraciones y el CTBG.

El Estado pelea en algunas ocasiones para que la información demandada por los ciudadanos siga guardada en un cajón. La base de datos del CTBG contabiliza 34 recursos de la Administración General del Estado contra sus resoluciones desde 2015.

Desconocimiento

Otro de los puntos negros de la que fue concebida como una de las leyes estrella de la primera legislatura de Mariano Rajoy es que el número de ciudadanos que conocen esta legislación y las herramientas que tienen a su alcance para demandar a las instituciones que rindan cuentas sobre sus actuaciones es "todavía muy reducido".

Así, los datos del CTBG apuntan a que sólo el 51% de la población general y un 70,89 de la universitaria conocen o han oído hablar de esta ley.

En este contexto, se considera "imprescindible" la puesta en marcha de planes y programas específicos de formación, comunicación... para que los ciudadanos se sensibilicen con la cultura de la transparencia. Además, plantea que ahora, en una coyuntura económica más favorable que en el momento en el que se dio luz verde a la ley, "sería imprescindible abordar la cuestión de los recursos asignados a la política de transparencia" para impulsar definitivamente el citado cambio cultural.

Dificultades de acceso

El pasado diciembre, la ley de la transparencia cumplió cuatro años. En todos esos años, instituciones, organizaciones que trabajan en el campo de la Transparencia e incluso el Defensor del Pueblo, han insistido en lo complejo del proceso para demandar información a la Administración General del Estado. El informe del CTBG no pasa estas cuestiones por alto y considera que el uso de certificados electrónicos , el recurso al sistema Cl@ve para la obtención de claves concertadas o del PIN con validez de 24 horas pueden, "por su complejidad, dificultar el ejercicio del derecho de acceso a la información".

El TC, a la cabeza 

En la memoria, el CTBG ofrece un listado en el que se evalúa a los órganos constitucionales en lo que tiene que ver con la información que deben ofrecer de forma obligatoria. El Tribunal Constitucional lidera las calificaciones con un 9,83 (sobre 10). Le siguen el CGPJ (9,70), Banco de España (9,43) y Casa del Rey (9,42). De 15 organismos, el Senado ocupa el décimo puesto (8,62) y el Congreso el duodécimo (8,33). Siguen al Congreso el Consejo de Estado (6,16), la Fiscalía General del Estado (5,66) y el Consejo Económico y Social (5,24), la institución que peor nota saca.

En lo relacionado con el sector público estatal, encabezan el ranking Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A. (SENASA) y el Consejo General de la Abogacía, con un 9,75. Y cierran la tabla Casa Asia (6,12) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (5,18).