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La Ley de Residuos y Suelos Contaminados ya ha salido del Consejo de Ministros con destino a su segunda parada antes de llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE): el Congreso. La norma, al menos antes de su tramitación parlamentaria, no supone ningún cambio de paradigma ni salto radical en un país que ha incumplido sus objetivos para 2020 y que cuenta con graves deficiencias en la materia. Sin embargo, los ecologistas celebran varias modificaciones que respetan la jerarquía –la prevención y la reutilización antes que el reciclaje, y el reciclaje antes que el vertido y la incineración– y que ayudarán en el camino hacia la meta final, una economía circular que evite el desecho por el desecho. Eso sí: lamentan la oportunidad perdida y el "continuismo" en un texto que, según fuentes del Gobierno, "abre la puerta" el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) pero no se moja en su implantación. Solo le quita trabas. El SDDR es la alternativa, según las organizaciones ambientales, al sistema basado en contenedores que rige en España. Para las organizaciones que representan a las empresas productoras y gestionadoras de estos residuos, como Ecoembes, apostar por ello sería un grave error.
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, abreviado como SDDR, consiste en el pago de una pequeña cantidad por cada envase que se consume, que se devuelve al establecimiento de manera manual (lo que en España se ha conocido siempre como devolver el casco) o de manera automatizada, mediante máquinas. Al depositar el envase se recupera el dinero pagado de más. Sus defensores aseguran que su implantación se puede plantear tanto para la reutilización –en el caso del vidrio o el cristal– como para un reciclaje mucho más eficiente en caso del plástico; y que los incentivos para la separación son enormes e imbatibles para el sistema tradicional, evitando la basura dispersa, sobre todo de plásticos, en entornos naturales como océanos, mares, ríos o bosques.
Los ecologistas consideraban la Ley de Residuos camino del Congreso como una oportunidad para apostar sin ambages por el SDDR. El Gobierno no lo ha considerado así. "En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo, la propuesta normativa revisa la regulación marco en coherencia con la normativa comunitaria", reza la nota de prensa difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir: que hacen mención a la directiva europea que aborda estos asuntos, dado que estaban obligados, pero no aplica cambios al respecto. "Esa puerta queda abierta, pero el proyecto no regula nada concreto al respecto", admiten fuentes del departamento de Teresa Ribera. "El SDDR puede acabar saliendo en las negociaciones de los grupos parlamentarios, o no. En todo caso, si se optara por ello, debería ir en desarrollo normativo específico posterior, si los estudios técnicos lo ven viable", aseguran a infoLibre.
"En ese tema se es muy continuista", lamenta el responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. "Se limita a copiar y a pegar los artículos de la directiva, pero no se desarrolla ese articulado. Una transposición no puede consistir en copiar y pegar literalmente. Se tiene que adaptar a la legislación de cada país. Nosotros pedíamos que se concretaran mucho más". El SDDR se engloba en el concepto acuñado desde Bruselas de la "responsabilidad ampliada del productor", que hace referencia a que las empresas que ponen productos en el mercado con potencial de convertirse en residuos perjudiciales son las que se deben hacer cargo de su gestión. Así, organizaciones como Ecoembes, Ecovidrio o Signus (neumáticos) pasan a ser SCRAP: Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor. No ha servido para que España avance sustancialmente con el depósito, devolución y retorno, pero sí para que, si la ley sale adelante en estos términos, las compañías pongan más de su parte para afrontar el problema del país con su basura.
Arribas explica –y celebra– que la norma establece la vía para que los SCRAP paguen más a los ayuntamientos para sufragar la recogida de basura: no solo la que se deposita en los contenedores, también la que aparece tirada por las calles o los entornos naturales. "A los ayuntamientos les va a llegar más dinero. Las contratas más costosas son siempre las de la limpieza y recogida, y una parte de ese coste lo estamos pagando todos. A partir de la aprobación, una parte va a ser cargada a las empresas. Eso es positivo", señala.
Por su parte, Ecoembes celebra una norma "que llevábamos tiempo esperando". "Ya era hora. Partimos de la base de que es una buena noticia, especialmente entre quienes venimos reclamando la necesidad de actualizar una norma sobre residuos que sea lo más ambiciosa posible en las metas, exigente en las responsabilidades –explica la organización en un comunicado remitido a infoLibre– y clara en la defensa de la eficiencia como garantía de cumplimiento de los objetivos". Ecoembes ha elegido, en esta ocasión, no hablar directamente del SDDR, aunque en otros momentos ha sido muy dura con un sistema que, en su opinión, es caro, no mejora sustancialmente las tasas al aplicarse solo a determinados tipos de residuos e impone unas máquinas inasumibles para el pequeño comercio.
Su postura de este martes se basa en la "eficiencia", lo que, indirectamente, es un ataque al depósito, devolución y retorno. Piden que el gasto en la mejora de la gestión de residuos sea el justo y necesario para mejorar los objetivos, sin dispendios ni experimentos. La organización no menciona a las claras ningún artículo del proyecto de ley pero insisten en que es necesario "facilitar que las empresas alcancen los objetivos de la ley sin poner en peligro ni la unidad de mercado ni su competitividad por el efecto acumulativo de los costes, sobre todo entre las más pequeñas y vulnerables". Estarán pendientes de los próximos pasos: "El trámite parlamentario previo a la aprobación de la futura ley de residuos debe blindar" la ambición de la ley, una vez más, "vinculándolo al principio de eficiencia".
El SDDR está vigente en países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia. Otros de Europa lo están estudiando, pero no es ni mucho menos la solución generalizada en el continente. Arribas, defensor del sistema, explica que se puede implantar tanto para el reciclaje, dado que el plástico resultante no está mezclado con otros residuos y es de muy alta calidad, como para la reutilización. "En Alemania, la mayor parte de las cervezas se venden en botellas que se limpian y se devuelven. Lo he visto con mis ojos, en el supermercado no ves una botella de cerveza nuevecita". "Para reutilizar", una acción preferente con respecto al reciclaje según el espíritu de la norma, "es básico el SDDR", asegura el ecologista.
Los neerlandeses reciben un ticket por cada lata, botella o botellín que depositan en los aparatos que encuentran en cada supermercado. Reciben un ticket que pueden canjear en metálico o invertirlo directamente en un descuento en su próxima compra. En Noruega, otro país referente del SDDR, se recupera el 96,6% de las latas y el 95,4% de las botellas de plástico, aunque la tasa de reciclaje de otros productos ha caído.
Unos impuestos muy necesarios
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La ley de residuos establece varios objetivos de tasas de reciclado según el material y dos impuestos. El primero, a los envases de plástico de un solo uso que no quedan directamente prohibidos, como los cubiertos desechables o las pajitas, con 0,45 euros por kilo. El Gobierno busca fomentar así la prevención, que las empresas opten por otros materiales en sus productos, en vez de invertir en la recuperación o el reciclaje posterior. Ecologistas en Acción aplaude la medida pero celebra especialmente la tasa por utilizar los vertederos, un impuesto que ya estaba vigente en varias comunidades pero que el Gobierno pretende implantar en todo el territorio.
Se trata de una medida que, explica Arribas, no estaba presente en el primer borrador y que los ecologistas han conseguido meter, hablando tanto con Transición Ecológica como con otros ministerios, como el de Consumo. Tiene gran potencial para espolear a los ayuntamientos, considera, y que inviertan más en la separación de los residuos. El primer paso es la recogida separada de la materia orgánica con contenedores específicos, una de las pocas actuaciones que pone de acuerdo a los activistas y a Ecoembes. Los restos de comida y bebida manchan el resto de materiales y hace difícil su reciclaje, por lo que, invirtiendo en estos cubos, los Gobiernos municipales gastarán menos, dado que llevarán menos toneladas de basura al vertedero. La ley obliga a instalarlos en los municipios de más de 5.000 habitantes a partir de 2022.
La tasa a los vertederos también podría incentivar la imaginación de las administraciones locales, instalando sistemas como la recogida puerta a puerta, donde cada día de la semana se recoge en cada domicilio una fracción diferente de la basura, haciendo muy difícil la mezcla dado que las bolsas no se pueden simplemente depositar en el contenedor. Todo ello en búsqueda de una de las asignaturas medioambientales pendientes en España, la de los residuos. Como recuerda Transición Ecológica, "la tasa de reciclado de residuos municipales generados en 2018 (último año disponible) se sitúa en torno al 35%, un valor que ha ido creciendo paulatinamente, pero que está lejos del objetivo comunitario del 50% para el año 2020. Lo que significa que estamos desaprovechando gran parte de los recursos en un contexto en el que las materias primas cada vez son más escasas y caras".
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