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La declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el caso Delcy, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la entrada de Brahim Ghali en España para tratarse de una infección por covid-19, la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, la causa del 8M... Son sólo unos pocos ejemplos de la intervención judicial en decisiones del Poder Ejecutivo a raíz de la presentación de querellas, demandas y recursos, sobre todo por parte de una oposición que ha descubierto en esta vía una estrategia más de su política de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez.
Reconocidos juristas y expertos consultados por infoLibre han detectado un fuerte incremento de la utilización de los tribunales con fines políticos, como una manera de escenificar y querer amplificar la labor política de determinados partidos o colectivos. En su opinión, estas organizaciones acuden a los tribunales –ya sean juzgados ordinarios, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional– contra actos del Ejecutivo puramente políticos que no tienen implicaciones penales en ningún caso, pero que su mera tramitación en un tribunal dota a los temas que están de actualidad de una cierta espectacularización. Unos lo califican de "preocupante"; otros, de "nocivo".
No es un fenómeno nuevo. Tal y como recuerda el magistrado Joaquim Bosch, "históricamente ha habido una cierta instrumentalización" de la justicia por parte de la política, pero admite que en los últimos años ha habido un aumento considerable. Hace años, un partido en la oposición recurría ante el Constitucional una determinada ley con la que, ideológicamente, no estaba de acuerdo, pero se aplicaba un filtro, no se impugnaba todo, o casi todo. En el último año y medio, el tribunal de garantías se ha visto inundado de recursos, sobre todo de Vox –aunque también, en menor medida, del PP–, disparando las estadísticas.
Casi dos recursos al mes en el tc
Tal y como publicó este periódico el pasado mes de julio, el partido de Abascal ha acudido en casi una treintena de ocasiones al Constitucional desde febrero de 2020. Los 52 escaños logrados en las elecciones generales de noviembre de 2019 le permiten interponer recursos de inconstitucionalidad y la formación de extrema derecha lo está aprovechando como nadie antes. Las cifras arrojan una media de casi dos recursos por mes (1,64), en su mayoría dirigidos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Constitucional ya ha tumbado más de una decena de impugnaciones, pero al mismo tiempo ha dado en parte la razón a Vox en el recurso de mayor relevancia, el que pedía anular el primer decreto de estado de alarma. Los de Santiago Abascal lo vendieron como una victoria política al Gobierno de Sánchez aunque se muestre inútil, ya que la sentencia no tiene efectos prácticos al haberse dictado más de un año después de que decayera el decreto.
Pero no sólo se acude a los recursos de inconstitucionalidad para hacer oposición. Cuando no se trata de una ley que, a ojos del denunciante, vulnera la Constitución, se acude a los tribunales ordinarios o, si se quiere ir contra un miembro del Gobierno, al Tribunal Supremo, o a la Audiencia Nacional si se pretende impugnar una decisión de un ministerio. Se presentan querellas o recursos contra actuaciones que, a ojos de los expertos consultados, no merecerían ni una revisión judicial puesto que son decisiones estrictamente políticas, del gobierno de turno, y tendrán que ser los ciudadanos en la siguiente cita electoral los que valoren si esas decisiones políticas han sido correctas o no.
Para el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, el último suceso "preocupante" en este sentido ha sido la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para tratarse de una infección grave por coronavirus. Las diligencias se siguen en un juzgado de Zaragoza a raíz de una denuncia presentada por un abogado y lo que se investigan son las circunstancias que rodearon la entrada y salida de Ghali de España. Llegó al país el pasado 18 de abril en un avión argelino a la base aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió de España desde Pamplona.
"Fue una decisión estrictamente política y por razones humanitarias", remarca Martín Pallín, quien además recuerda que España también tiene motivos "históricos" para tomar una decisión así, simplemente por el hecho de que el Sahara Occidental tuvo el estatus de colonia hasta 1976. A esto se une que Ghali tiene nacionalidad española desde 2004, tal y como recordaba este jueves El País.
indultos, GHALI, 8M Y DELCYGATE, MUNICIÓN CONTRA EL GOBIERNO DELCYGATE
El de este caso no es el único ejemplo. Véase las causas que se han abierto con motivo de las decisiones políticas con motivo de la pandemia, desde la que investigó al ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por autorizar la marcha del Día de la Mujer en 2020, que acabó archivándose, hasta las decenas de querellas que recibió el Tribunal Supremo contra ministros. En todos los casos, los denunciantes, ya sean particulares o partidos políticos como Vox, buscan sentar en un banquillo a responsables políticos del Ejecutivo por la gestión que hicieron de la epidemia. Lo más reciente ha sido la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid por una querella de Abogados Cristianos contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Otro ejemplo: la querella que interpuso Vox en el Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, precisamente en el marco de la causa por la manifestación del 8M. Tal y como recuerda Martín Pallín, "si se tiene libertad absoluta para la designación, también se tiene para la destitución". Esto es, si el cargo del coronel era de libre designación, esa potestad también sustenta su cese. Y es precisamente lo que acaba de sentenciar la Audiencia Nacional, que considera legal la destitución al haber sido aducida una "pérdida de confianza".
Un caso muy emblemático de estas denuncias o querellas contra decisiones políticas fue el conocido como Delcygate, la reunión que mantuvo José Luis Ábalos, exministro de Transportes, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas a pesar de que la dirigente del país sudamericano teníaprohibido entrar en el espacio Schengen por las sanciones impuestas por la UE contra el régimen de Nicolás Maduro por vulneración de los Derechos Humanos. La explicación del Supremo sobre por qué no había delito en este hecho resume muy claramente por qué decisiones políticas con las que un partido no esté de acuerdo o vea sospechosas no tienen por qué tener reproche penal: Ábalos incumplió el acuerdo europeo, pero "las obligaciones derivadas de las decisiones" de la UE "tienen una naturaleza esencialmente política" y su "incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la UE", por lo que "el control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo Europeo".
Los indultos a los nueve presos del procés es uno de los grandes pulsos que la oposición ha echado al Gobierno, recurriendo por la vía Contencioso-Administrativa una medida que, salvo en contadas ocasiones, no se suele discutir. Y si se hace, suele ser la parte afectada, no a partidos políticos que, a priori, no habrían sido perjudicados directos por la decisión del Gobierno. Ahí está una de las dudas que habrá de resolver la Sala Tercera del Tribunal Supremo –aparte de si anula o no las medidas de gracia–, saber si PP, Ciudadanos y Vox están legitimados para impugnar.
Pero no todas las denuncias o querellas con intención política las examina el Supremo, avisan los expertos consultados, sino que hay casos que llegan a jueces ordinarios. En algunos casos, archivan, pero en otros se han decidido a investigar, como ha ocurrido en los mencionado sobre el 8M y la entrada de Brahim Ghali, en Zaragoza, o en el del rescate a la aerolínea Plus Ultra, en Madrid. En este último procedimiento, fueron denuncias de PP, Vox y el falso sindicato Manos Limpias por un presunto delito de malversación las que se admitieron a trámite y la juez encargada llegó a paralizar uno de los préstamos por valor de 34 millones de euros. El riesgo de insolvencia de la compañía llevó un mes después a desbloquear el pago.
Para Martín Pallín, "lo que pone los pelos de punta" de esta estrategia de oposición es que "los jueces entren en el juego y admitan las denuncias". En su opinión, hay un "exceso de intervencionismo o activismo judicial en casos en los que los hechos que se denuncian pertenecen al ámbito de las decisiones estrictamente políticas". "Si seguimos por esta senda, sin objeción alguna por parte de los constitucionalistas o representantes políticos, caminamos hacia una subversión de los principios constitucionales que proclaman que la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. A la vista de lo que está sucediendo, realmente vivimos bajo una monarquía judicial", subrayó en un reciente artículo publicado por este periódico.
El magistrado emérito recuerda el caso, que analizó él, de las querellas que se presentaron en el Supremo formuladas por varios miles de ciudadanos españoles que exigían al expresidente del Gobierno José María Aznar y dos de sus ministros responsabilidad penal por la participación de España en la invasión de Irak de 2003 sin la previa autorización de las Cortes. Según dictó el alto tribunal en enero de 2004, "no procede pronunciarse como pretende la parte querellante ni sobre la legalidad internacional del conflicto, ni sobre la significación de la denominada declaración de las Azores como supuesto equivalente formal de una declaración de guerra, ni sobre la naturaleza de la participación de las tropas españolas en la intervención".
Martín Pallín, que no esconde su total oposición a la intervención de España en esa guerra, explica que el Supremo archivó las querellas porque se trataba de "una decisión estrictamente política en la que los jueces no tenían nada que decir", por muy en desacuerdo que se pueda estar con ella.
Buscar la espectacularidad
Bosch está de acuerdo en que en los últimos años se ha visto un "incremento de la utilización política de los tribunales", algo que achaca a la percepción de que si un asunto llega a la justicia, se "redimensiona el conflicto político". Todo ello, apunta, en un contexto en el que han surgido numerosos medios de comunicación, en muchos de los cuales "no se filtra tanto como antes" lo que es verdaderamente relevante de una noticia. Este panorama, unido a la eclosión de las redes sociales y a la necesidad de búsqueda constante de la espectacularidad en cualquier asunto, genera un caldo de cultivo para ese uso político de las causas judiciales. "Más que argumentar, se quiere escenificar. Y esto no es positivo ni para la política, ni para el prestigio de la justicia", resume el magistrado, que advierte además de la sobrecarga de trabajo que esto supone para una Administración de Justicia ya .
Pero a diferencia de Martín Pallín, Bosch sostiene que los jueces no pueden archivar de plano una denuncia o una querella, por mucho que salte a la vista que las motivaciones exceden el ámbito de los tribunales. Aunque reconoce que acudir a la justicia como parte de una estrategia política es una práctica "nociva", no ataca un derecho fundamental como sí lo haría, el de la tutela judicial efectiva, no hacer nada. Ante la duda, añade, los jueces intentan agotar el camino mínimo imprescindible y el tiempo que pasa entre la apertura de un procedimiento y su final, aunque sea archivo, da un tiempo a los partidos para disponer de "munición política" frente al oponente, apunta.
Eso sí, los magistrados consultados están de acuerdo en que debería haber una respuesta más dura para imponer sanciones ante querellas o denuncias así, con el objetivo de disuadir a organizaciones o partidos cuyos fines no sean estrictamente los de buscar justicia. Bosch cree que se podría regular de alguna manera ante "casos claros", siempre sin poner en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva.
El Supremo marca el camino a los jueces para poner freno a la judicialización de decisiones políticas
Denunciar no es la única manera de utilizar los tribunales para desgastar al Gobierno. Personarse en causas judiciales es otra vía. No es extraño que partidos políticos pidan entrar en una causa que afecta a su oponente político como acusación popular. Salvo excepciones, los jueces suelen admitirles. Ha pasado con el PSOE en los casos Gürtel, Púnica, Lezo o Tándem; el PP en la macrocausa de los ERE de Andalucía; y ahora Vox es una constante en causas que pueden salpicar a partidos del Gobierno. Así ocurre en el llamado caso Neurona sobre las finanzas de Podemos que investiga un juez de Madrid o en el caso Dina sobre el supuesto robo del teléfono de una exasesora de Podemos y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación.
La última ocurrencia del partido de extrema derecha ha sido pedir a la Audiencia Nacional su personación en el caso en el que declaró el jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien acaba de declarar bajo secreto sobre supuestas conexiones entre ETA, la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno bolivariano. Carvajal, que está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, también mencionó a Podemos, según publicaron algunos medios de comunicación, y se comprometió a aportar documentación.
Martín Pallín recuerda que es un firme defensor de la acción popular, pero está de acuerdo en que los partidos políticos deberían ser excluidos. Precisamente es una propuesta que figura en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que plantea una verdadera revolución en los procedimientos penales. Su tramitación sigue en fase de consultas previas y el Consejo de Ministros tiene pendiente reactivar el proyecto para enviarlo a las Cortes Generales.
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