La reducción del horario de religión en las aulas se topa con los tribunales

La reforma educativa aprobada por el exministro José Ignacio Wert colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad. 

Además, en el caso del Bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia. 

Sin embargo, la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones. 

De forma más reciente ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que ha fallado en contra del decreto del Gobierno regional (PSOE) que limitaba al mínimo las clases de religión en 1º de ESO y Bachillerato –de dos horas semanales a una hora– y recuperaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma, los jueces extremeños estimaron los recursos presentados por el Arzobispado de Mérida-Badajoz y los Obispados de Coria-Cáceres y Plasencia, los profesores que imparten la asignatura y la asociación de padres y madres Apadex. Determinaron que la reducción de las clases de religión que pretendía la Junta de Extremadura era "desproporcionada", además de "una medida discriminatoria". El Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. 

Varios fallos en la misma línea

Sin embargo, este no es el único fallo en esta línea que ha habido este curso. El pasado septiembre el Tribunal Superior Justicia de Aragón (TSJA) también estimó que no había "motivo expuesto" en la norma que justificara que la materia de religión se quedara en Aragón como la de menor carga lectiva de todas las que se cursan en Primaria. El Gobierno aragonés (PSOE-Chunta) había aprobado una orden que reducía al 50% –de 90 minutos semanales a 45– el horario de religión católica en Primaria al considerar "conveniente" minorar las enseñanzas confesionales en las escuelas. Como en el caso de Extremadura, el Tribunal Supremo tendrá que decidir al respecto. 

Este curso, no obstante, no es el primero en el que la jerarquía católica ha recurrido a los tribunales para blindar la asignatura de religión en los centros educativos. Las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, así como el Obispado de Mallorca, presentaron sendos recursos ante los tribunales superiores de sus comunidades el curso pasado. En ese caso, con el objetivo de que la materia confesional fuera de oferta obligada en Bachillerato después de que los Gobiernos de Andalucía y Baleares dieran vía libre a los institutos para que decidieran si la ofrecían o no en esta etapa educativa.

Entonces, tanto la Iglesia como los profesores de religión aludieron a los Acuerdos de 1979 entre España y el Vaticano en los que se establece que hasta BUP –actuales 3º y 4º de ESO y primero de Bachillerato– se "incluirá la enseñanza de religión católica en todos los centros", como argumento para justificar que la oferta debía ser obligatoria. Los tribunales dieron la razón a los prelados de Andalucía y Baleares.

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A pesar de que la LOMCE dejó a las comunidades autónomas libertad para establecer el horario de las asignaturas específicas y de libre configuración –entre las que está religión– y, por tanto, ha dado pie a las citadas reducciones, la norma trajo consigo la recuperación de otros privilegios por parte de la Iglesia católica. 

Con esta ley la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas, lo que hizo que el sistema educativo español regresara al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la LOGSE. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria).

Ambos serán aspectos que, sin duda, se debatirán en la subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer un gran pacto político y social que dé estabilidad legal al sistema educativo, algo inédito en democracia.