Que la legislatura termine con cinco "grandes proyectos de derechos feministas". Es el objetivo que se marca la ministra de Igualdad, Irene Montero, 22 meses después de haber tomado posesión de su cargo. Así lo ha señalado este miércoles ante la Comisión de Igualdad y sentada junto a la presidenta del órgano parlamentario, la socialista Carmen Calvo. Los cinco hitos que persigue incluyen legislar contra todas las violencias machistas, blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizar el acceso al aborto, consagrar los derechos de las personas LGTBI y hacer del cuidado un derecho reconocido por ley.
1. Todas las violencias
"Hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un eje central de la nueva generación de derechos feministas". Irene Montero habla de "violencias invisibilizadas" e insiste en la urgencia de aplacar el maltrato que trasciende a las relaciones de pareja, el único marco que contempla la Ley de violencia de género. La ministra quiere "sacar del silencio" a las otras formas de violencia a través de proyectos como la Ley de Libertad Sexual –ley del sólo sí es sí– y la atención integral a todas las víctimas que marquen el 016. A la pretensión de ensanchar los márgenes de la violencia de género responde también la inversión que su ministerio ha hecho de los fondos europeos, mediante iniciativas como la creación de una red de centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, una de las grandes asignaturas pendientes en materia de igualdad. Montero pone el acento además sobre las medidas urgentes aprobadas en junio por el Consejo de Ministros para la lucha contra la violencia machista, una propuesta trazada por las instituciones tras el repunte de crímenes machistas y con la mirada puesta en la detección temprana, con "especial atención en los servicios de salud". En cuanto a los protocolos de coordinación interinstitucional, la ministra ha recuperado su compromiso de revisarlos y modernizarlos: será en noviembre cuando presentará una guía para la actualización y mejora de dichos protocolos.
2. Blindaje del Pacto de Estado
En septiembre de 2017, todos los grupos caminaron en una misma dirección: consensuar un Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Un acuerdo del que Unidas Podemos decidió al final abstenerse, al considerar que no cumplía con las expectativas de las organizaciones feministas. Cuatro años después, la ministra quiere evitar poner punto y final al pacto. Su compromiso pasa por hacerlo permanente, ya que fue concebido con una duración de cinco años. La permanencia llegará a través de la reforma de la ley de violencia de género. La norma, un hito que situó a España entre los países más adelantados en la lucha contra la violencia machista, se modificará para pasar a ser una "ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres" y para "institucionalizar el Pacto de Estado, haciéndolo permanente". El propósito de la cartera que pilota Montero es que el espíritu del pacto "vertebre de un modo atemporal la respuesta" contra la violencia que asola a las mujeres. El acuerdo, compuesto por más de dos centenares de medidas, incluye algunas de las principales demandas del movimiento feminista y recoge recomendaciones internacionales de calado para las mujeres.
3. Derecho al aborto
Es, en palabras de Irene Montero, uno de los "ejes transversales" que vertebra su ministerio. El Instituto de las Mujeres se marcó como prioridad la reforma de la ley del aborto de 2010. "Se está impulsando el trabajo participativo imprescindible para recabar el parecer de los agentes implicados" sobre una norma que "una década después necesita algunas reformas", reconoce Montero. El inicio de los trabajos para acometer la modificación ha supuesto "más de una veintena de encuentros con agentes feministas", organizaciones del ámbito sanitario y redes de mujeres "migrantes, mayores o víctimas de violencia obstétrica". El propósito es que "en los próximos meses" el proceso continúe abordando aspectos como la "explotación reproductiva que suponen los mal llamados vientres de alquiler, que será reconocida como forma de violencia contra las mujeres". Hasta ahora, la ley ha superado el trámite de consulta pública y el ministerio prevé tener lista una "propuesta de reforma este mismo mes de diciembre".
4. El futuro de la ley trans
La Ley de Igualdad LGTBI, que con tantos quebraderos de cabeza ha obsequiado al Gobierno, volverá al Consejo de Ministros en segunda vuelta durante el primer trimestre de 2022. Recapitulando, el anteproyecto de ley fue aprobado una primera vez el pasado junio en el Consejo de Ministros, para pasar enseguida a examen de los distintos órganos consultivos. El texto contempla la despatologización de las personas trans y la libre determinación de género, una línea roja que el ministerio de Irene Montero fijó en sus negociaciones con la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. "Deseo que el texto legal esté pronto en esta cámara porque me consta que los grupos van a ser fundamentales para mejorarlo en el proceso de enmiendas", reza la ministra. En pasado 9 de octubre, Montero participó en el IX Congreso de la Federación Estatal LGTB (FELGTB), en el que se comprometió a incluir en la norma a las personas no binarias y a las personas LGTBI en situación administrativa irregular, ambos colectivos contemplados en el primer borrador, pero finalmente excluidos de la norma tras el proceso de negociación.
5. Los cuidados en el centro
A mediados de septiembre, el Ministerio de Igualdad iniciaba una interlocución con otros cuatro ministerios para consolidar un "sistema estatal de cuidados". Para Montero, "fortalecer las políticas de cuidados, con la vista puesta en un sistema estatal fuerte, es fundamental" para que las mujeres alcancen "esa igualdad tan relacionada con la sobrecarga que suponen dichas responsabilidades". Ligado a ello, su ministerio apuesta sin titubeos por la "redistribución del tiempo, la riqueza y los cuidados". En esa dirección, el departamento hace alarde del Plan Corresponsables, que prevé el despliegue de políticas públicas para mejorar la conciliación, con iniciativas como bolsas de cuidado profesional y la acreditación de la experiencia informal de las mujeres cuidadoras. Las encargadas de desarrollar el plan son las comunidades, y son tres las que tienen "más avanzados los trabajos": Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears. "El Plan Corresponsables es la primera política pública de ámbito estatal que se hace cargo de la conciliación de las familias, desde una perspectiva de igualdad", presume la ministra. Entre sus propósitos, Montero recupera la pretensión de su partido de derogar la reforma laboral, una "pieza fundamental" para materializar su política redistributiva.
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6. El debate de la prostitución
Si algo ha copado la sesión parlamentaria, ha sido el debate en torno a la prostitución. Irene Montero se ha detenido en la necesidad de "erradicar la explotación sexual y la trata", pero lo ha hecho desde dos perspectivas: un plan de inserción socio laboral para las mujeres y las medidas contra la prostitución insertadas en la ley del sólo sí es sí. Ni rastro de una ley integral de trata, compromiso genuino de los socios de coalición, como se han encargado de recordar algunos grupos. La ley del sólo sí es sí, pendiente de debate parlamentario, contempla la penalización de quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" y también de todo aquel que facilite un local para favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento. ERC, CUP y Junts presentaron este miércoles una enmienda para eliminar estos dos artículos referentes a la prostitución de la futura norma. Una ley como esta, argumentan los grupos, no puede contemplar "sólo parcialmente" un asunto tan "complejo" como "la prostitución o el trabajo sexual". También En Comú ha registrado una enmienda en el mismo sentido, ya que el articulado "puede afectar de manera negativa a las mujeres que ejercen la prostitución".
Montero huye del conflicto. El de la prostitución es un debate de "honda profundidad en el movimiento feminista" y su pretensión al frente del ministerio no es resolverlo. Busca, en cambio, cumplir con el mandato de "no mirar para otro lado" a través de la persecución al proxenetismo y la concesión de alternativas para las mujeres. En este último sentido, la cartera de Igualdad insiste en la necesidad de reformar la Ley de Extranjería. "Entre el 70 y el 80% de las mujeres" víctimas de explotación sexual "están en situación administrativa irregular", así que la modificación normativa, defiende, servirá para que puedan acceder "el plenitud a sus derechos más fundamentales". Sobre la oportunidad de esta reforma, los socios de Gobierno podrían experimentar fricciones, pero los socialistas sí coinciden plenamente con sus compañeros en una cuestión: "La legislación tiene que ser abolicionista y priorizar la protección de las mujeres prostituidas", en palabras de la diputada Laura Berja. El PSOE se ha marcado como objetivo construir una ley abolicionista esta legislatura que tome como referencia modelos como el francés y el nórdico. Por delante, 26 meses y una negociación parlamentaria que difícilmente esquivará el complejo debate.
Que la legislatura termine con cinco "grandes proyectos de derechos feministas". Es el objetivo que se marca la ministra de Igualdad, Irene Montero, 22 meses después de haber tomado posesión de su cargo. Así lo ha señalado este miércoles ante la Comisión de Igualdad y sentada junto a la presidenta del órgano parlamentario, la socialista Carmen Calvo. Los cinco hitos que persigue incluyen legislar contra todas las violencias machistas, blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizar el acceso al aborto, consagrar los derechos de las personas LGTBI y hacer del cuidado un derecho reconocido por ley.