Tras pactar el cambio del delito de sedición, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) busca hacer lo propio con el de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del procés. Sin embargo, mientras que la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos tiene un amplio consenso en los partidos que forman parte del bloque de la investidura, no sucede lo mismo con la malversación. El cambio que plantea ERC podría favorecer a los ya condenados por causas de corrupción que no se hayan lucrado a título personal. Es decir, a los condenados por los casos de ERE, Nóos y Gürtel.
El propio portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reconocido que "hay que ser quirúrgico en el debate y articulación de estas enmiendas" y ha planteado que la reforma de la malversación vaya dirigida solo a eximir a los condenados de sedición. "Se trata de que no use el Código Penal como castigo ideológico, y no somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela", ha afirmado Rufián en rueda de prensa desde el Congreso. El portavoz catalán ha admitido que la "clave" es buscar un "equilibrio".
El portavoz del PdeCat, Ferrán Bel, ha avalado la tesis de ERC para diferenciar entre casos en los que se produzca beneficio personal o no. "Debe haber un diferente trato en la pena", ha asegurado. Bel ha sugerido hacer una "formulación genérica" de la que no se puedan aprovechar condenados por casos de corrupción, pero sí quienes fueron castigados por "malversación en grado de tentativa" en el marco del referéndum ilegal de 2017.
En cambio, al representante de Compromís, Joan Baldoví, no le parece "una gran idea" abordar esta reforma. El valenciano ha asegurado que ve bien suprimir el delito de sedición, pero no tiene “claro” que se pueda “diferenciar” una malversación de otra. “Al fin y al cabo todo son caudales públicos. Esperaremos al texto definitivo para poder opinar”, ha señalado.
División en Unidas Podemos
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El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha sido otro de los dirigentes que más ha presionado para reformar el Código Penal y que la supresión del delito de sedición afecte también al de malversación. El líder de los comunes en Madrid coincidió el lunes en la idea ya planteada por ERC: diferenciar entre quienes consiguen un lucro personal con el robo de las arcas públicas y de los que no se han beneficiado económicamente.
Una tesis también avalada por el secretario general del PCE y diputado de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que este martes ha señalado que es "conveniente" adaptar este delito y actualizarlo. Así, ha diferenciado entre "el manejo indebido, erróneo o inadecuado de recursos públicos" y "robar recursos públicos". "Una administración deficiente debe tener unas responsabilidades y robar recursos públicos debe tener otro tipo de responsabilidades", ha argumentado.
Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha advertido de que todavía no se ha celebrado un debate en el seno del espacio confederal para fijar una posición común y ha circunscrito las palabras de Asens a su papel como portavoz de los comunes. La formación mayoritaria de ese espacio, Podemos, no asegura el apoyo a la reforma y subraya que es un tema “delicado” y con “muchas aristas”. "Así como la derogación de la sedición es algo claramente positivo, al mismo tiempo el agravamiento del delito de desórdenes públicos merece ser estudiado, porque tendría efectos para la protesta pacífica, y una supuesta reforma del delito de malversación tiene aristas, como no se le escapa a nadie, y cuando llegue una propuesta del tipo que sea tomaremos una decisión", ha explicado Echenique.
Tras pactar el cambio del delito de sedición, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) busca hacer lo propio con el de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del procés. Sin embargo, mientras que la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos tiene un amplio consenso en los partidos que forman parte del bloque de la investidura, no sucede lo mismo con la malversación. El cambio que plantea ERC podría favorecer a los ya condenados por causas de corrupción que no se hayan lucrado a título personal. Es decir, a los condenados por los casos de ERE, Nóos y Gürtel.