Recta final de la cuenta atrás para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o, en su defecto, convocar nuevas elecciones. PSOE y Unidas Podemos celebraron una reunión este jueves en el Congreso y el 23 de septiembre –día tope para investir presidente– se acerca sin que ninguna de las dos formaciones que tienen en su mano desbloquear el acuerdo cedan en su exigencia, unos, y en su rechazo, otros, de conformar un Gobierno de coalición.
Pero además de al Ejecutivo, el tira y afloja está afectando a otra institución: la Jefatura del Estado, que prometió en julio convocar una nueva ronda de consultas con los partidos pero que ve cómo el tiempo corre sin novedades. El rey, según aseguran los expertos consultados, no podría negarse a convocar una segunda votación de investidura si Sánchez se ofreciera como candidato aunque no tuviera garantizados los apoyos. Pero, igualmente, Felipe VI tampoco podría forzar al líder socialista a presentarse de nuevo ante el Congreso si él se negase a hacerlo.
Tras la primera investidura fallida, los días 23 y 25 de julio, la Casa del Rey hizo público un comunicado a través del cual Felipe VI se daba por enterado oficialmente del fracaso de la votación y comunicaba "su decisión de no iniciar, por el momento, nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos". La intención del rey era que los partidos pudieran "llevar a cabo las actuaciones que consideren convenientes" para alcanzar un acuerdo que desbloqueara la investidura, y según aseguraba en su comunicado, se ha mantenido en contacto durante el último mes y medio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para estar informado puntualmente.
No obstante, en ese anuncio, el jefe del Estado también anunciaba que "en todo caso, y antes de que finalice el plazo constitucional de dos meses desde la primera votación de investidura", Felipe VI "realizará nuevas consultas" con los partidos. Y lo hará haya un acuerdo encarrilado y viable o no, ya que busca "constatar si, de la disposición que le trasladen los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria [...] puede proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios". Si eso no fuera así, señala el comunicado, el rey no nombraría nuevo candidato y procedería "a la disolución de ambas Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales" cuando se cumplan los dos meses que estipula la Constitución.
Pero el retraso de las negociaciones puede terminar provocando que esta ronda se haga en el último minuto. El pasado martes, Sánchez afirmó que hay "tiempo" suficiente para llegar a un acuerdo, pero aún no ha puesto fecha para reunirse con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Y, habida cuenta de ello, en el mejor de los casos solo quedarían dos semanas para cerrar un acuerdo, convocar una ronda de consultas –el rey despachó la anterior en dos días– y convocar y celebrar una nueva votación de investidura, por lo que los contactos del rey con los partidos se tendrían que celebrar prácticamente en el último minuto. Además, a ese apretado calendario se suma el problema de que las posiciones de PSOE y Unidas Podemos siguen tan alejadas como lo están desde hace semanas, y por el momento Sánchez no cuenta con los votos para ser investido.
Los socialistas llevan semanas asegurando que su líder no se presentará a una nueva investidura si no tiene los votos asegurados para ser elegido presidente del Gobierno, y Unidas Podemos, por su parte, insiste en que no tiene ninguna intención ni de firmar tan solo un acuerdo programático que no contemple su entrada al Ejecutivo ni de, en ningún caso, regalar sus votos a Sánchez sin recibir ninguna contrapartida y pasar directamente a la oposición. Pero, si finalmente la coalición morada se abriese a este último supuesto –el que, según fuentes de Unidas Podemos, busca realmente el PSOE–, el rey tendría las manos libres para nombrar a Sánchez candidato de nuevo... solo si él quisiera.
El papel de Meritxell Batet
La viabilidad de la investidura queda pendiente de la intervención final de Sánchez e Iglesias
Y es que el PSOE ha deslizado en los últimos días que no está interesado en que Podemos le ceda los votos a cambio de nada, porque supondría adentrarse en una legislatura muy embarrancada en la que Unidas Podemos se uniría por la izquierda a la oposición que PP y Ciudadanos harían por la derecha. El propio Sánchez afirmó públicamente el martes que no tiene intención de aceptar "votos gratis". Y José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, asegura que el rechazo del expresidente Mariano Rajoy a ser candidato en 2016 pese a la propuesta del rey abre la puerta a que Sánchez pudiera rechazar presentarse a la investidura pese a tener posibilidad de que saliera adelante.
"Lo que quedó claro entonces es que, si alguien no quiere presentarse, en la práctica el rey no puede forzarlo", explica Morales, que sostiene que un eventual nombramiento de Sánchez como candidato tendría que contar con su beneplácito. Y con él coincide parcialmente Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad, que afirma además que la designación de Sánchez como candidato tiene que tener la aprobación de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. Según su interpretación, "Batet se podría negar a firmar el candidato propuesto por el rey" si, por ejemplo, entendiera que no cuenta con los apoyos.
¿Y si se diese el caso contrario y fuera Sánchez quien, pese a lo que ha dicho, quisiera presentarse a una segunda investidura aun sin tener garantizados los apoyos? Pues, según Urías, la respuesta es la misma: "Si Batet dijera al rey que Sánchez debe ser candidato, el rey no podría negarse a nombrarlo". Y Morales coincide: "Si Sánchez se lo pidiera al rey, aunque no tuviera cerrados todos los votos, seguiría siendo el candidato de la fuerza con más opciones de salir elegido" y por tanto tendría que ser nombrado candidato.
Recta final de la cuenta atrás para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o, en su defecto, convocar nuevas elecciones. PSOE y Unidas Podemos celebraron una reunión este jueves en el Congreso y el 23 de septiembre –día tope para investir presidente– se acerca sin que ninguna de las dos formaciones que tienen en su mano desbloquear el acuerdo cedan en su exigencia, unos, y en su rechazo, otros, de conformar un Gobierno de coalición.