Patologías previas y edad avanzada. Han sido las características más reiteradas cuando el marcador de víctimas mortales empezó a correr. El coronavirus dejaba entonces de sonar como un enemigo remoto y se convertía en una realidad palpable. Además de aquellas personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las personas mayores se presentaban como las más vulnerables. Y las residencias de ancianos, por tanto, como espacios de riesgo.
Las vidas que se ha llevado por delante el coronavirus se cuentan por miles: se acercan a los once mil este viernes. Pero su impacto ha sido especialmente arrollador en las residencias de mayores, pensadas como espacios seguros y de cuidados para los más vulnerables, donde cerca de 280.000 españoles disponen de una plaza. Los números, inexactos y cambiantes, dejan una lectura dramática. Según ha informado la Cadena Ser, más de 2.100 ancianos han fallecido en los centros del país, excluyendo la Comunidad de Madrid, desde que el virus irrumpió en suelo español hacia finales de febrero.
Los focos de contagio se extienden por todo el territorio, la prensa local está colmada de titulares devastadores al respecto. En la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón los ancianos que han perdido la vida en las paredes de sus residencias no dejan de aumentar.
Los datos
El pasado 26 de marzo, la Comunidad de Madrid informaba de un total de 1.065 ancianos ingresados en geriátricos que habían perdido la vida en el mes de marzo. Pero no concretaba los motivos, ni el peso del coronavirus en esas pérdidas. Aquel mismo día, la Consejería de Políticas Sociales subrayaba la dificultad de conocer con exactitud el impacto del virus, debido a los lastres a la hora de realizar las pruebas a las personas fallecidas. Este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dimensionar el problema, sin excesiva precisión: "Estaremos en torno a los tres mil, que es una cifra aproximada". La presidenta regional ha insistido en que existen "hasta 500 residencias" en la comunidad con "más de 50.000 residentes".
La cifra se sitúa en 362 en el caso de Cataluña. Los datos pertenecen al Govern de Quim Torra y fueron comunicados este mismo miércoles. Tal y como detalló el departamento de Asuntos Sociales y Familia, el virus ha segado la vida de 362 ancianos ingresados en alguna de las 1.073 residencias de las que dispone la comunidad. De ellas, 158 acogen a personas que han resultado positivo en el test y 317 cuentan con al menos algún caso sospechoso.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco confirma también el efecto del virus en las residencias de mayores de Castilla y León, a través de su Consejería de Familia. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a este viernes, 332 residentes en este tipo de centros han perdido la vida tras contraer el virus. La cifra escala a 461 si se trata de muertes con síntomas compatibles y a 859 cuando hablamos de personas cuyo contagio ha sido confirmado. Según los datos oficiales, 2.573 personas han sido confinadas con síntomas y 4.789 han quedado en aislamiento preventivo. La información se extrae de los 1.214 centros que existen en la comunidad: 141 de ellos con fallecidos, 43 con un solo caso y 39 con más de cinco.
En Castilla-La Mancha, las autoridades han contabilizado un total de 227 personas fallecidas en residencias para la tercera edad y 788 contagiadas en los centros. En la Comunitat Valenciana han fallecido 131 residentes hasta la fecha, mientras que en Aragón las residencias han registrado 579 contagios entre usuarios y trabajadores, 112 fallecimientos y 177 personas hospitalizadas. En Extremadura, el último recuento eleva 113 el número de fallecidos en centros residenciales. La cifra de muertes desciende a 82 en el caso de Andalucía y a 27 en Galicia.
Las denuncias
La asociación del Defensor del Paciente, con Carmen Flores al frente, lleva "un mes denunciando absolutamente todo", especialmente "la poca información que tienen los familiares de los pacientes". Flores trata de explicar, en conversación con infoLibre, la incertidumbre que soportan las familias con ancianos ingresados en centros. "Asumimos no poder verlos, pero sí necesitamos información" sobre su estado, quizá a través de videollamadas que "parece se empiezan a hacer en algún hospital".
Esta opción, la de llevar a cabo comunicación telemática, se está poniendo en práctica también en las residencias castellanas. Así lo afirma Francisco José Núñez, presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam). "Todos los días, puntualmente, ofrecemos información con llamadas o videollamadas y en las residencias hay personas dedicadas a la comunicación externa", asegura a preguntas de este diario. La prioridad del personal, subraya, no es otra que "informar y decir la verdad", aunque no desestima la existencia de "algún caso extraño" que difiera de la dinámica habitual.
Las experiencias narradas por las voces de los diferentes territorios demuestran ritmos dispares en función de la comunidad: la madrileña, con los servicios sanitarios y asistenciales saturados, presenta un diagnóstico mucho más frágil. Tanto es así que el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que investigue la muerte de al menos 140 ancianos en los centros para mayores, pero también a la Fiscalía General del Estado que "reconsidere la investigación de este problema que es nacional". Flores insiste en la excepcionalidad de los hechos pero remarca su emergencia. "Esto no es normal, no podemos dejarlo cojo", reflexiona.
El pasado 23 de marzo, la Fiscalía General anunció la apertura de diligencias de investigación, a raíz del hallazgo de cadáveres en residencias de ancianos tras la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en la desinfección de los centros. Este miércoles, sin embargo, el Ministerio Público dio un paso atrás y archivó la investigación, aunque las fiscalías provinciales seguirán con las pesquisas pertinentes en caso de percibir indicios de delito.
A raíz de la actuación de los militares en los centros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se expresó con rotundidad: "Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias".
En el ojo del huracán
Unas declaraciones que no han sentado del todo bien en el sector. "¿No hay caos en los hospitales?, ¿en los centros de salud?, ¿en todos los ámbitos afectados por la crisis?". La batería de preguntas la lanza José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en conversación con infoLibre. "¿Por qué sólo se resalta el caos en las residencias, donde se dejan la piel a diario 200.000 trabajadores, de manera comprometida y en muchos casos con sueldos miserables?", continúa el entrevistado, quien no entiende la falta de apoyo a espacios que, recuerda, son asistenciales y no de atención sanitaria. A Ramírez le preocupa que los centros y sus trabajadores hayan sido arrastrados al "ojo del huracán de este cataclismo que les ha tocado vivir" mientras los empleados "tienen que desarrollar su labor sin medios materiales".
Cree que las declaraciones de Margarita Robles han sido, cuanto menos, "desafortunadas". Pero sobre todo que han contribuido a "criminalizar al sector de las residencias", un extremo "injusto con los trabajadores: no entendemos cómo ni la clase política, ni los gobernantes, ni los medios de comunicación han sabido entender el trabajo abnegado de todos los que se están dejando la piel". En ese contexto, enfatiza, la noticia debería ser que "no ha habido apoyo sanitario" y que los ancianos están siendo "atendido en centros de servicios sociales que en ningún caso son responsables de atención sanitaria".
En el diagnóstico coincide Núñez: "Lo preocupante es que no tenemos material, no tenemos equipos y los test no nos llegan". Sin las herramientas adecuadas, sostiene, conocer a qué se enfrentan resulta un imposible. En añadido, en Castilla-La Mancha "al menos un 30% de los profesionales están de baja", de manera que el déficit va en aumento. Núñez recalca igualmente la labor de los profesionales que están "cuidando a los mayores como mejor saben" y carga contra la ministra por alumbrar un retrato de los trabajadores que poco tiene que ver con la realidad. "Los primeros interesados en que todo salga bien somos nosotros", remacha el portavoz.
Flores rompe una lanza en favor de los profesionales. "Si hay quince trabajadores para 200 personas, no me imagino cómo tienen que estar", reflexiona, "además que ellos se infectan también". Lo tiene claro, la presidenta del Defensor del Paciente, y por eso insiste en el cambio de foco: los trabajadores no son los responsables pero eso no significa que quienes están al frente de la gestión de las residencias queden eximidos.
En esa línea se expresa también Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare). En conversación con este periódico, recuerda que los errores que han ido encadenando las residencias "no son culpa de los trabajadores, sino de los responsables" de los propios centros. "Todos sabemos que esto nos ha sobrepasado a todos y que no estábamos preparados", concede, "de sobra se sabe el esfuerzo que están haciendo" los empleados. A pesar de ello, o sobre todo por ello, es importante "que se investigue en qué residencias no se ha cumplido y por qué", pero además que se determine "si hay negligencias por parte de los responsables y por parte de la administración".
La administración y el negocio
Flores detecta con relativa facilidad a los máximos responsables: las comunidades. "Lo único que hacen es reconocer la dependencia del anciano, dar un dinero y a partir de ahí se olvidan", lamenta. Las condiciones de las que parte el modelo de ayuda a la dependencia han sido el caldo de cultivo perfecto para la crisis.
Familiares de las residencias: "Nos sentimos impotentes ante la incompetencia de unos y el lucro de otros"
Vázquez habla, sin titubeos, de negocio. "El 92% de residencias de la Comunidad de Madrid están en manos privadas, es un negocio", lanza. Los ratios de personal, "irrisorias y con cálculos erróneos", sólo parecen tratar de preservar el negocio en lugar de la atención, denuncia el portavoz de la asociación.
El servicio de atención a los mayores no ha sido inmune al auge de las privatizaciones en el sector sanitario. La media nacional arroja el siguiente saldo: el 74,4% de las residencias de personas mayores están en manos privadas. Y acogen una media de 69,8 plazas por residencia. Si nos atenemos al total de plazas —381.158—, 227.819, el 59,8%, son de financiación pública. El resto, el 40,2%, privada.
Tampoco se cumple, lamenta el líder de Pladigmare, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reservar cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años. El resultado: si existe más demanda que oferta, los precios se disparan. Entretanto, las familias quedan "endeudadas para poder acceder a una plaza". La crisis, unida a la "dejación de las comunidades autónomas", se ha demostrado como detonante. "Ahora estamos pagando las consecuencias", sostiene Vázquez y remarca que todos los errores sólo podrán enmendarse tomando nota y con "planes de creación de residencias públicas".
Patologías previas y edad avanzada. Han sido las características más reiteradas cuando el marcador de víctimas mortales empezó a correr. El coronavirus dejaba entonces de sonar como un enemigo remoto y se convertía en una realidad palpable. Además de aquellas personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, las personas mayores se presentaban como las más vulnerables. Y las residencias de ancianos, por tanto, como espacios de riesgo.