La decisión del rey emérito de fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos ha emergido como la pieza que aspira a completar el puzle de un escándalo donde lo que la Fiscalía describió como "cuotas defraudadas" –entre 30 y 56 millones– no pasará factura al presunto defraudador: Juan Carlos I.
El abanico de los requisitos forzosos para que el emérito se vea legalmente exento de pagar impuestos en España tras haber ocultado dinero en Suiza se encuentra ya a punto de cerrarse: como remarca El Mundo, que adelantó este viernes la noticia sobre su nueva residencia fiscal, el anterior jefe del Estado no pasa en España más de 183 días al año ni, al carecer ya del sueldo que le entregaba la Casa Real, se localiza en el territorio nacional lo que Hacienda define como el “núcleo principal” de sus intereses económicos. Las rentas percibidas conforman ese "núcleo". Pero también, por ejemplo, el patrimonio inmobiliario.
"El único elemento de duda es si tiene patrimonio en España. Sabemos que sí lo tiene en el extranjero pero no si también aquí". Quien abre el melón de las dudas sobre un árbol cuya envergadura o su propia existencia nadie conoce –el patrimonio personal del emérito– es Raúl Burillo, el inspector de Hacienda que investigó a Iñaki Urdangarin y sus negocios. Burillo ostentaba entonces el cargo de delegado especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Baleares.
Sobre la cuestión clave en el plan de traslado tributario, el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explicó este viernes a la agencia Europa Press que para que pueda establecer su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos, Juan Carlos I tendría que ser nacional emiratí. Mollinedo pone el acento en un aspecto del caso: el de que si es cierto que se va a construir una casa, "la pregunta fundamental sería de dónde sale el dinero".
Según Mollinedo, es el artículo 4 del Convenio suscrito entre España y Emiratos el que señala que para que una persona física pueda ser residente fiscal en Emiratos deben residir en este país y ser nacional emiratí.
Burillo discrepa radicalmente de cómo Gestha interpreta lo que se desprende del convenio. "Puedes ser residente fiscal en los Emiratos sin ser un nacional emiratí", concluye. Es más, dejaría de ser residente fiscal en España viviera donde viviese fuera de nuestras fronteras salvo que pasara aquí más de 183 días al año y sus "intereses económicos" tuvieran aquí su base central.
En marzo de 2022, Burillo alertó de que urge modificar el Código Penal para que no se tengan por "espontáneas" regularizaciones como la del monarca, a quien ya se le había avisado que estaba bajo investigación. Las regularizaciones a que se refiere son las dos efectuadas por el antiguo jefe del Estado. Fue en febrero de 2021 cuando a través del despacho de abogados que le asiste en España anunció que había llevado a cabo una segunda regularización por valor de casi 4,4 millones de euros abonados a Hacienda sin requerimiento previo. La primera regularización, por 678.000 euros, la había realizado en diciembre de 2020.
El abono a Hacienda se correspondía con las rentas recibidas de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. ¿En concepto de qué? De viajes en avión y otros servicios considerados pagos en especie por los que el anterior Jefe del Estado español tampoco había tributado, como publicó el diario El País.
El vecino de los 100 millones de dólares
El hombre que durante 39 años fue jefe del Estado español hasta su abdicación en junio de 2014 se instala en el país vecino a Arabia Saudí, el que le entregó 100 millones de dólares en 2008: 65 millones en euros al cambio de entonces. Y deja tras sí y sin consecuencias penales “cuotas defraudadas” astronómicas. El entrecomillado procede del decreto con que, el 2 de marzo de 2022, la Fiscalía dio cerrojazo irreversible a la investigación abierta dada la “inviolabilidad” que protege los actos del jefe del Estado durante su mandato. Lo defraudado a Hacienda que aquel decreto puso sobre la mesa oscila entre 30,78 millones y 56,09. "En ambas hipótesis [la primera arroja un total de 30 millones y la segunda, de 56] resulta para cada ejercicio una cuota defraudada que supera con creces el importe de 120.000 euros que establece como umbral del delito" el Código Penal, se lee en el informe. Pero una de dos: o el delito había prescrito en cada caso o no era punible dada la inviolabilidad del rey.
La Fiscalía eleva hasta 56 millones lo que defraudó el rey emérito
El decreto firmado por la Fiscalía del Supremo subrayaba que la investigación había "puesto de manifiesto ciertos indicios que podrían sustentar la hipótesis de que la transferencia de 100.000.000 dólares estadounidenses ordenada por el rey Abdallah de Arabia Saudí no fuera una donación, sino que respondiera al pago de una ilícita comisión al entonces rey D. Juan Carlos I a modo de premio o gratificación por haber conseguido la adjudicación en favor del consorcio hispano-saudí de las obras licitadas para construir la línea de alta velocidad Medina-La Meca". Pero los indicios, añadía el texto, resultaban "insuficientes para confirmar dicha hipótesis”.
Cinco días después de que aquel informe viese la luz, la Zarzuela hizo público que el emérito viviría “de forma permanente y estable” en Emiratos. Para entonces, Juan Carlos de Borbón hacía ya dos años que había dejado de recibir los fondos públicos –194.232 euros durante 2018– asignados por la Casa Real. Ahora, cierra el círculo la noticia de su traslado fiscal al país fronterizo con Arabia Saudí, un territorio por completo alejado del canon occidental en cuanto a derechos civiles se refiere.
En su página oficial de información sobre impuestos, lo primero que se lee es lo que sigue: "Los Emiratos Árabes Unidos no gravan el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Sin embargo, aplican el impuesto de sociedades a las compañías petroleras y los bancos extranjeros. Un impuesto especial grava bienes específicos que son habitualmente nocivos para la salud humana o el medio ambiente. El impuesto sobre el valor añadido grava la mayoría de los bienes y servicios". De momento, no se sabe por tanto cómo tributará allí el emérito.
La decisión del rey emérito de fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos ha emergido como la pieza que aspira a completar el puzle de un escándalo donde lo que la Fiscalía describió como "cuotas defraudadas" –entre 30 y 56 millones– no pasará factura al presunto defraudador: Juan Carlos I.