Rita Barberá pagó 146.000 euros en publicidad municipal a la agencia que llevó su campaña en 2011

El Ayuntamiento de Valencia pagó 145.898 euros en publicidad a Trasgos Comunicación –y a otras dos empresas con los mismos dueños, Cuco Comunicación y Tannhäuser Producciones–, la agencia que llevó la campaña electoral de la exalcaldesa Rita Barberá en 2011 y a la que investiga un juzgado por haber sido beneficiada de contratos municipales fraccionados durante 20 años.

En los listados de la publicidad contratada por el consistorio valenciano entre 2011 y 2015, a los que ha tenido acceso infoLibre, aparece Trasgos SL, con un total de 83.462 euros en anuncios, insertados hasta 2014. Producciones Tannhäuser facturó al Ayuntamiento cuando Barberá lo gobernaba otros 41.382 euros, mientras que Cuco Comunicación sumó 21.054 euros. Es decir, Trasgos trabajaba al mismo tiempo para el consistorio y para el partido de la alcaldesa.

La institución municipal repartió un total de 9,7 millones de euros en publicidad entre medios de comunicación durante su último mandato. La empresa más beneficiada fue Onda Cero, con un total de 650.622 euros, seguida del diario Las Provincias, que ingresó 495.052 euros, más otros 108.148 euros que se llevó Radiodifusión Torre SL, la empresa adjudicataria de una licencia de TDT local que el periódico del grupo Vocento ha alquilado a Canal 7 Televalencia, –603.200 euros–. La Cope, la cadena de radio de la Conferencia Episcopal, es la tercera del ránking tras contratar 425.149 euros en anuncios.

Tanto Trasgos como Cuco y Tannhäuser pertenecen, junto con Construcciones Payá y Montesinos, a Antonio Puig Payá y José Vicente Peris Montesinos. El Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia los investiga por los 2,2 millones de euros en contratos que firmó durante 20 años con el Ayuntamiento de Valencia. La actuación es el resultado de la denuncia que Compromís presentó en 2014 antes la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto troceo de contratos, para adjudicarlos sin concurso.

Además, según publicó El Mundo, la Policía investiga la adjudicación a Trasgos de un contrato por 1,4 millones de euros por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La empresa aparece mencionada en el sumario del caso Gürtel. En concreto, sela cita en la agenda de Pablo Crespo, el número dos de Francisco Correa: estudiaban presentarse juntos en una UTE (Unión Temporal de Empresas) para adjudicarse contratos en la visita del papa. Según los apuntes de Crespo, la empresa Trasgos, Correa y Pedro García Gimeno, entonces director general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), se iban a repartir medio millón de euros cada uno del contrato para suministrar el sonido a la retransmisión de los actos de Benedicto XVI.

“Ni imputados ni procesados”

Antonio Puig Payá asegura a infoLibre que ni él ni su socio están “imputados o procesados” por ninguno de estos dos casos. Y que la fiscalía ha archivado todas las denuncias. También asegura que sólo trabajó para el PP en la campaña electoral de 2011 por una cantidad que no superó los 150.000 euros. “No recuerdo en concepto de qué contraté publicidad con el Ayuntamiento de Valencia”, explica, “durante 20 años he estado trabajando para ellos en miles de cosas, desde imagen corporativa hasta folletos, así que es imposible que me acuerde”.

Tanto Trasgos Comunicación como el resto de las sociedades de Puig Payá y Peris Montesinos han cerrado sus puertas. También la constructora, que facturó al Ayuntamiento no por obras, sino por trabajos de cartelería y sonorización de eventos. “Eso es ridículo, fue una tontería de un asesor mío y ni siquiera es ilícito”, apunta, “la empresa nunca actuó como una constructora”.

De Trasgos fue consejero el exconcejal valenciano Enrique Pérez Boada, quien también ejercició posteriormente como comisionado de la Generalitat en el patronato de la fundación que organizó la visita del papa. Sin embargo, Pérez Boada precisa que sólo fue consejero de la agencia de Antonio Puig “durante unos meses”, entre octubre de 2003 y marzo de 2004, tras dejar su puesto en Telefónica. Cuando fue nombrado director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por Francisco Camps, renunció a su empleo en Trasgos, que nunca, asegura, llegó a ejercer en realidad. Tampoco cobró, concluye.

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Pérez Boada sí admite que conocía a los socios de Trasgos de su etapa al frente de las concejalías de Deportes y Vías y Obras entre 1995 y 1999, con las que la empresa contrataba. Volvió a coincidir con ellos al ser nombrado comisionado en el patronato de la Fundación V Encuentro de las Familias. Pero asegura que Trasgos sólo hizo “pequeños trabajos” para la visita del papa Benedicto XVI.

“Se trataba de una fundación privada, pese a que los miembros de su patronato eran organismos públicos [Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Valencia, además del Arzobispado]”, destaca. También aclara que la mayor parte de sus recursos procedía del sector privado, no era dinero público. “No obstante”, añade, “procuramos que se aplicara al menos el espíritu de la Ley de Contratos Públicos y dividíamos los contratos por su tamaño: los gastos pequeños los decidía el gerente, para los equivalentes a contratos menores [hasta 18.000 los de servicios y 50.000 euros los de obras] se pedían varias ofertas y para los mayores se convocaban concursos, que se publicitaban en la web y en el periódico El Mundo”. Pérez Boada dice que éste fue el caso de los contratos que ganaron Trasgos y Cuco Comunicación.

Al tiempo, niega cualquier relación con la trama Gürtel. “Ellos se beneficiaron de la visita del papa y eso ha contaminado todo el evento”, se queja. El juez José de la Mata investiga los contratos de esta fundación en una pieza separada del caso Gürtel: gastó 22 millones de euros sin ningún tipo de control público. De la Mata ya ha procesado a 24 personas por amañar contratos. En concreto, pide 11 años de prisión para Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, por malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal, por haber participado en la adjudicación de un contrato de 7,5 millones de euros a Teconsa, una empresa de la trama de Francisco Correa.