Sánchez no expone un plan B para romper el bloqueo del PP al Poder Judicial y otros órganos constitucionales

La renovación de los órganos constitucionales pendientes, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en septiembre habrá acumulado mil días con el mandato caducado, sigue en un callejón sin salida. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro este jueves que no hay —y si existe no quiere anticiparlo— un plan B al mero cumplimiento de la Constitución y de la ley, de manera que no habrá renovación mientras el PP de Pablo Casado insista en negarse a pactar los nombres de los nuevos vocales siguiendo los procedimientos en vigor, que son los mismos que se llevan aplicando desde hace casi cuatro décadas, con gobiernos del PSOE pero también del PP.

Sánchez recordó que el PP es quien tiene la capacidad para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales y, a pesar de que los periodistas se lo preguntaron repetidamente durante la rueda de prensa de balance semestral del Gobierno, no ofreció ninguna alternativa a que el principal partido de la oposición acepte cumplir lo que establece la Carta Magna.

Algo que no va a ocurrir si hacemos caso a lo que el líder del PP, Pablo Casado, aseguró un par de horas más tarde. “Si quieren que el Consejo General del Poder Judicial se renueve, que dejen que los jueces sean elegidos por sus compañeros”, aseguro, obviando que la validez del actual modelo fue avalada por el propio Tribunal Constitucional. "Si lo hacen, mañana mismo renovamos el Consejo”, prometió.

Casado, contra toda evidencia, sigue diciendo que es Sánchez el que bloquea. Y sostiene que la Constitución exige que los jueces sean elegidos sin ninguna participación del poder legislativo, cuando en realidad la Carta Magna fija que ocho de los diez vocales del CGPJ tienen que ser elegidos directamente por el Congreso y el Senado y deja el resto a expensas de la Ley del Poder Judicial (el modelo vigente obliga a ambas cámaras a elegir a los doce vocales restantes a partir de las propuestas que les hacen llegar las asociaciones de jueces).

El bloqueo de la renovación del CGPJ y de una parte del Tribunal Constitucional trata de evitar que la mayoría de estos órganos refleje, tal y como manda la ley, la mayoría actual del Congreso de los Diputados. Mientras no se renueve, siguen en sus puestos vocales y magistrados elegidos por las Cortes cuando ambas cámaras tenían mayoría absoluta del PP.

Casado, durante su comparecencia, admitió que el proceso de renovación del actual Consejo está ya en marcha y no se puede cambiar. Por lo que ofreció desbloquearlo si Sánchez acepta cambiar la ley para modificar el mecanismo de elección en el futuro.

“No es tan difícil. Simplemente es hacer una ley, que se puede hacer en mes y medio”, subrayó, para que haya doce vocales de elección directa por parte de los jueces, al margen de las cámaras que eligen los ciudadanos cada cuatro años. El proceso actual "ya está iniciado" desde el 5 de julio de 2018 y la nueva ley no sería “retroactiva”, admitió.

Frente a la reafirmación de la voluntad de seguir bloqueando, Sánchez evitó recuperar la reforma legislativa que sí defiende Unidas Podemos para poner fin a la capacidad de veto del PP en el Congreso y que no cuenta con el aval de Bruselas. Y se limitó a insistir en que todo depende del PP.

968 días con el mandato caducado

“El Gobierno cumple con la Constitución y pedimos a la oposición que cumpla con la Constitución”, repitió. Los miembros del CGPJ, recordó el presidente para subrayar la gravedad de la situación provocada por el bloqueo al que el PP ha sometido a las instituciones, “llevan ya 968 días con el mandato caducado, pero también están pendientes de renovación otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas”.

La solución, remarcó, depende de Pablo Casado. “Llevamos tres años tendiendo la mano al PP para renovar y cumplir con la Constitución”. Y que el PP “cumpla” con la Constitución “no depende del Gobierno”, sino que depende del propio Partido Popular, al que ha instado a abandonar “la posición de bloqueo”. Porque el Gobierno, subrayó, ya lo ha intentado en cuatro ocasiones. Es algo que está reclamando, recordó, el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y que “no es una obligación que marca el Gobierno de turno, lo marca la Constitución. El Gobierno cumple con la Constitución y lo que tiene que hacer el principal partido de la oposición es cumplir con la Constitución”.

Cumplir lo que establece la Carta Magna, defendió Sánchez, es “aún más necesario” en el momento actual en el que hay que “regenerar la vida democrática del país”. “Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Y más aquellos partidos que se autoproclaman constitucionalistas. Eso se dice y se hace. No será por esperar y por la paciencia del Gobierno”.

Los contactos entre el Gobierno y el PP para intentar, por quinta vez en tres años, la renovación de los órganos constitucionales caducados no se volverán a producir hasta septiembre. Los de Pablo Casado se sienten reforzados por las encuestas, por los medios de comunicación y por los propios jueces —de mayoría conservadora— para seguir exigiendo que la renovación se lleve a cabo como ellos quieren y no como marca la ley. En Moncloa están convencidos de que a medida que se acerquen las elecciones de 2023 será cada vez más difícil que el PP dé su brazo a torcer.

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La constatación de que no existe un horizonte para resolver este problema —la demora en la renovación del CGPJ empieza a preocupar en Europa— se produjo al hilo de la rueda de prensa en la que Sánchez hizo público el segundo informe de rendición de cuentas de la legislatura. Un documento elaborado por doce expertos independientes en el que el Gobierno detalla el grado de cumplimiento de los compromisos de investidura y del acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos, así como de todos los asumidos ex novo por el Ejecutivo en lo que va de legislatura, la mayoría de ellos relacionados con el plan de reconstrucción económica tras la pandemia.

El grupo de expertos que ha fiscalizado el cumplimiento de los compromiso del Gobierno y cuya existencia puso en duda Pablo Casado está formado por Cristina Ares (profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago); Ignacio Aymerich (profesor titular de filosofía del derecho en la Universidad Jaume I de Castellón); Ismael Blanco-Fillola (director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Autónoma de Barcelona); María Bustelo (profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Complutense de Madrid); Dolors Canals (profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona); Cristina Elías (profesora de Derecho Constitucional en la UNED); Daniel Innerarity (catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y profesor en el Instituto Europeo de Florencia); Javier Lorenzo (profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid); Cristina Monge (profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza); Carles Ramió (catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona); Paula Rodríguez (profesora en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), y Manuel Villoria (catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).

La metodología que los expertos han seguido para hacer su trabajo se puede leer aquí. El resumen del informe, en el que los expertos han constatado el cumplimiento de un tercio de las promesas del Gobierno, se puede descargar íntegramente en este enlace. Y el detalle de cada uno de los 1.463 compromisos se puede consultar en este documento.