La Sanidad gallega es condenada por retrasar un año una operación a un paciente que se negó a ser derivado a la privada
Ya lo advirtió la Valedora do Pobo hace tres años y ahora queda constatado en una sentencia judicial. Los pacientes en lista de espera por una operación quirúrgica que rechazan ser desviados a la sanidad concertada pueden encontrarse en un limbo que demore su tratamiento.
Es una situación que el Sergas se comprometió a corregir tras producirse casos como el ahora condenado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el que un enfermo que rechazó ser desviado a la concertada tardó un año en ser operado cuando la intervención no debía demorarse más de 90 días. Ahora la Xunta tendrá que indemnizarlo con 30.000 euros.
La sentencia hecha pública ahora por el TSXG relata el caso de un hombre con una hernia de disco al que en junio de 2018 le fue prescrita una operación en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El paciente estaba ya pendiente de otra operación por otra dolencia que se le realizó en noviembre de aquel año, por lo que postergó la segunda a superar la primera. Un mes después de la primera operación, el 19 de diciembre de 2018, fue incluido en la lista de espera para una cirugía cualificada como de prioridad II, en las que “el tiempo de espera recomendable no debe superar los 90 días”.
“La operación, al fin, se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2019, un año después de su inclusión en la lista”, constata la sentencia, que dice que “a nadie escapa que esa demora, superior a la ajustada al grado de prioridad señalado, fue susceptible de producir un agravamiento en la dolencia”, como así sucedió, dejándole secuelas y una incapacidad permanente total para su profesión.
Pero la sentencia añade un dato más, el de que el enfermo, tras una consulta por empeoramiento de su situación cuando ya llevaba seis meses en lista de espera, “rechazó otra propuesta, realizada el 12 de junio de 2019, de acudir, a tal fin, a un centro concertado”.
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El TSXG finaliza condenando a la Xunta a indemnizar al afectado con 30.000 euros “por deficiente funcionamiento de sus servicios públicos sanitarios en la asistencia prestada en el Hospital Álvaro Cunqueiro”.
Este tipo de hechos ya fue denunciado por la Valedora do Pobo hace tres años, cuando puso el foco en el limbo en el que quedaban los pacientes que, ante la "oferta" de ser derivados a un hospital privado, piden ser intervenidos en un centro público. Sanidad le respondió en aquel momento con su “compromiso” de que ese tipo de enfermos no esperarían más de un año a ser intervenidos.
Sin embargo, desde entonces la Valedora do Pobo ha seguido haciendo públicos casos de personas que son atendidas en plazos muy superiores a los que reflejan las listas de espera oficiales, ante lo que viene reclamando a Sanidad que “respete los tiempos asignados por los profesionales sanitarios”.
