Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado una primera reunión este viernes para valorar una posible dimisión en bloque que fuerce la renovación de la institución, si bien ha servido solamente para abrir el debate, por lo que se han vuelto a citar para el próximo martes.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la cita de este 24 de marzo ha sido una primera aproximación, ya que a ella solo han podido asistir cinco de los ocho vocales progresistas —Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez—, faltando Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas.
De momento, el único punto de coincidencia en el seno del bloque progresista es que resulta "inaceptable" que el CGPJ siga sin renovarse, sumando ya más de cuatro años en situación de interinidad.
No obstante, sobre la cuestión mollar, la posible dimisión de los ocho vocales, aún no hay consenso interno, por lo que se espera que los contactos se sucedan durante la próxima semana con la fecha clave del Pleno ordinario del jueves, donde se abordará este asunto, ya con la presencia de los diez vocales conservadores.
Más dudas que certezas
Por ahora, pesan más las dudas que las certezas entre los vocales progresistas, por lo que la pregunta a la que intentan responder en este momento es hasta qué punto estaría en sus manos "estimular" la renovación del CGPJ, apuntando así a una dimisión más simbólica que práctica.
La iniciativa, que partió de Cuesta a raíz de la renuncia de Sáez --aún no aceptada--, podría llegar a paralizar el CGPJ, actualmente compuesto por 18 vocales (8 progresistas y 10 conservadores) porque la normativa establece que para constituir el Pleno debe haber un mínimo de 11: 10 más el presidente, ahora Mozo.
Sin embargo, la cuestión del quorum no está exenta de debate. Desde el sector conservador se advierte de que ese mínimo imprescindible podría bajarse a tan solo 10 vocales si se considera que Mozo, al estar en el cargo de forma interina por la dimisión de Carlos Lesmes el 9 de octubre, es un vocal más.
El ala conservadora indica igualmente que, incluso en el caso de que no pudiera formarse Pleno, el CGPJ podría seguir trabajando con su Comisión Permanente, conforme al reglamento interno, pero este extremo también plantea interrogantes, porque no está claro que pueda operar sin el presidente del CGPJ.
Los conservadores avisan además de que sus pares progresistas podrían incurrir en un delito de abandono de la función pública si dimiten. Desde el bloque progresista, este escenario se descarta completamente, porque llevan cuatro años ocupando el cargo de forma interina, así como por el precedente de Lesmes.
Así las cosas, desde ambos bandos reconocen numerosas dudas de índole jurídica, si bien coinciden en que la renuncia de los 8 vocales progresistas sería un golpe de efecto en el contexto de un CGPJ cada vez más deteriorado, por su situación de interinidad y las tensiones internas.
Elecciones autonómicas y municipales garantizadas
En cualquier caso, las fuentes subrayan que el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo, un proceso que culmina el próximo 4 de abril.
De esta forma, las elecciones autonómicas y municipales estarían garantizadas, no así las elecciones generales que está previsto que se convoquen a finales de este año. Para estas últimas, haría falta un CGPJ que pueda formar Pleno y cumplir con sus obligaciones electorales.
Las fuentes recalcan asimismo que, aunque la decisión de dimitir es individual solo tendría sentido si se hiciera de forma conjunta, tanto por el simbolismo como por las consecuencias prácticas.
Sáez, el detonante
De momento, Mozo solo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que se conoció el pasado miércoles. El presidente interino tiene previsto desvelar en el Pleno del día 30 si la acepta o la rechaza.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Sáez plantea su renuncia como "ineludible". En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años.
Sáez explica que, "por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad", ha venido "aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad", pero que "en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".
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En segundo lugar, la vocal señala a "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones", algo que dice ha terminado por "agotar" su "paciencia".
"Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", concluye Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida.
Por su parte, en el sector conservador, aunque no son pocos quienes manifiestan esa misma sensación de hartazgo por su interinidad, descartan dimitir al estimar que causaría mayores problemas, sobre todo en la gestión ordinaria del Poder Judicial (bajas, libranzas, comisiones de servicio, etc), a lo que suman que la solución deben aportarla las fuerzas políticas, no los propios vocales.
Los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado una primera reunión este viernes para valorar una posible dimisión en bloque que fuerce la renovación de la institución, si bien ha servido solamente para abrir el debate, por lo que se han vuelto a citar para el próximo martes.