Varios miles de policías y guardias civiles se han manifestado este sábado 4 de marzo por las calles de Madrid, bajo el lema Por una España más segura, en contra de la negociación del Gobierno y sus socios de investidura para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ley mordaza.
A la protesta, convocada por la plataforma Jusapol, han asistido 4.000 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid a Europa Press. Esta cifra supone un pinchazo en comparación a las 20.000 personas que acudieron a la anterior manifestación, celebrada en 2021.
Sin embargo, el sindicato JUPOL ha elevado esta cifra a más de 30.000 personas. Además ha contado con el apoyo de representantes de PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, su cifra también es más baja que la de hace año y medio cuando llegaron a decir que habían congregado a 150.000 asistentes.
A pesar de estos datos, Jusapol, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato JUPOL han mostrado su satisfacción por la "gran respuesta" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la convocatoria, pero sobre todo por el apoyo que han mostrado los ciudadanos.
La reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC, una cuestión que Jusapol ha lamentado que "hará de España un país más inseguro".
En concreto, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha aseverado que con esta reforma "los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor", así como que "quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos".
Gómez ha añadido que es una cuestión que "ataca directamente" a la convivencia cívica, ya que "pone en gravísima situación a los policías y ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos que harán de las calles un Estado paralelo".
En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha asegurado que a "este Gobierno le interesa más legislar para sediciosos y delincuentes y abandonar a los ciudadanos y a los policías". Adicionalmente, Rivero ha criticado que el Ministerio del Interior esté impulsando esta reforma "mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, las jubilaciones, la jornada laboral o el derecho a huelga", entre otras cuestiones.
Por su parte, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha afirmado que la asociación, "desde la profesionalidad, ha presentado un informe al Gobierno y a las distintas formaciones políticas ya hace un año", en el que resaltan "el posible carácter inconstitucional de algunas de las enmiendas de la Ley de Seguridad Ciudadana".
Según Jusapol, la reforma de la ley que aprobó el PP en 2015 "no garantizará realmente la seguridad ciudadana", de ahí que subrayen la "necesidad de forjar un frente común", al que este sábado se han sumado otras organizaciones sindicales como CSIF.
Este último sindicato ha explicado que reclama al Gobierno una Ley de Coordinación Nacional para mejorar las condiciones de la Policía Local, así como el reconocimiento de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.
Apoyo de las derechas
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El vicesecretario de Institucional y portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons ha anunciado que el PP irá en contra de la "ley de inseguridad ciudadanos que el Gobierno apruebe con el apoyo de la extrema izquierda", justificando que provocará un incremento "de la inseguridad en España". Así, Pons ha añadido que "es una ley del Gobierno de coalición, o del gobierno de colisión, para preparar la calle, para enfrentarse al PP, cuando el PP sea Gobierno".
"Es el evento de la dignidad", ha explicado el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, quien además de posicionarse en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha apuntado que "desgraciadamente es la mejor muestra de un Gobierno que ha abandonado a los españoles".
Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "es una obligación moral" asistir a la protesta, ya que lo que está haciendo el Ejecutivo es "criminalizar a la Policía".
Varios miles de policías y guardias civiles se han manifestado este sábado 4 de marzo por las calles de Madrid, bajo el lema Por una España más segura, en contra de la negociación del Gobierno y sus socios de investidura para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ley mordaza.