Seis medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que no pueden esperar

En septiembre del pasado año, organizaciones feministas y grupos parlamentarios celebraban la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A finales de mayo, la celebración volvía a resonar con la consecución de los 200 millones prometidos que el Gobierno de Mariano Rajoy había tratado de mermar, topándose con la oposición política y social. Este jueves un nuevo paso en su aplicación hace del acuerdo una realidad próxima. El presupuesto comprometido para su puesta en marcha está disponible desde el jueves, el mismo día en el que los Presupuestos Generales del Estado entran en vigor tras su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

El pacto contempla 214 medidas relativas a la lucha contra la violencia de género. ¿Por dónde empezar? Fuentes del Gobierno explican a infoLibre que la próxima semana la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, comparecerá ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja con el fin de exponer la hoja de ruta a seguir. Entretanto, organizaciones y activistas feministas ponen sobre la mesa las cuestiones que consideran prioritarias para que los primeros pasos del pacto tengan efectos inmediatos sobre las vidas de las mujeres.

La primera gran medida contemplada en el acuerdo cristalizó a mediados de abril. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, constituyó entonces la Comisión de seguimiento y evaluación, presidida por la socialista Pilar Cancela. La líder del organismo aseguró que el mismo estará "permanentemente atento al cumplimiento de todos los acuerdos y será el vehículo que permita la revisión y la actualización de sus propuestas". Sus engranajes están ya preparados para ponerse en marcha y éstas son algunas de las medidas por las que deberá velar.

  1. Reformas legislativas

El documento rubricado en septiembre contempla un plazo de seis meses para abordar las modificaciones legales necesarias para el cambio de escenario. "Las medidas contempladas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación", reza el texto. Este jueves entra en vigor una de ellas, la modificación de la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para ampliar los plazos de ayudas y mejorar el acceso a la información y protección de las víctimas.

Las medidas legislativas, por tanto, "no requieren recursos, sino voluntad política", recuerda Justa Montero, portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid. La activista pone sobre la mesa cuestiones como las reformas en materia educativa con el fin de incluir educación afectivo-sexual. La medida número tres del pacto habla de "reforzar y ampliar en materia de educación los valores igualitarios y la educación afectivo sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral".

También Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, cree "fundamental las reformas legales para abordar todas las formas de violencia". La medida 86 habla, precisamente, de ampliar el concepto de violencia contra las mujeres. "Declarar que son también formas de violencia contra las mujeres, conforme al Convenio de Estambul, la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada", dice el documento. Hasta que se produzca el desarrollo normativo, agrega, "las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul recibirán un tratamiento preventivo y estadístico" en el marco de la Ley contra la Violencia de Género de 2004.

Patricia Ponce, miembro de la Plataforma 7N Feminista, recuerda que en diciembre España "tiene que presentar el informe sobre la aplicación del Convenio de Estambul ante el Grevio", el grupo de seguimiento que orbita en torno al Convenio. "Hay que equiparar urgentemente todas las anotaciones que nos ha hecho la Cedaw [Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer]", organismo que ha recriminado en reiteradas ocasiones el no cumplimiento de las recomendaciones respecto a la violencia machista. "Es necesario equiparar leyes y protocolos", insiste Ponce, "no puede demorarse porque en diciembre hay que presentar el informe y ya vamos bastante retrasados".

  2. Recursos a comunidades y ayuntamientos

Atendiendo a las víctimas, explica Besteiro, "lo primero es la dotación a las comunidades autónomas y ayuntamientos de recursos necesarios" para adoptar las medidas de atención "que se prevén a todos los niveles". También Montero pone bajo la lupa el modo en que el presupuesto "va a llegar a los ayuntamientos y las comunidades", cuestión "clave para aumentar y mejorar los recursos".

El pacto determina que "los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios" y  "a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas" . Es decir, 120 millones destinados a comunidades y ayuntamientos, más otros 80 millones para la administración central.

Tal y como explicó la diputada socialista Ángeles Álvarez a este periódico tras la aprobación del presupuesto fijado, las diferencias territoriales respecto a la lucha contra la violencia machista son notorias. La realidad demuestra que los recursos y los ritmos difieren en cada comunidad. "Hay comunidades como Andalucía con servicios de atención a las agresiones sexuales, por ejemplo, y otras que tendrán que poner en funcionamiento esos servicios", de forma que la aplicación del presupuesto queda en manos de la "planificación estratégica de las comunidades". 

La medida 177 del pacto plantea "mejorar, en colaboración y con respecto a las competencias de las comunidades autónomas, la progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer".

  3. Menores y víctimas de violencia sexual

Uno de los apartados que recoge el acuerdo habla del "perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas". Ponce cree que es necesario un refuerzo de los dispositivos de acompañamiento, acogida y atención a mujeres y niños, una medida que considera urgente en época estival. El pacto dedica gran parte de sus contenidos a la figura de los menores y sus madres. Apuesta por "hacer extensivos los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004" a quienes hayan padecido violencia vicaria, es decir, aquellos casos en que el maltratador dañe o asesine a los hijos de la víctima. También llama a "incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas", algo que este mismo miércoles avanzó que se llevaría a cabo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Besteiro, por su parte, incide en la importancia de integrar otras formas de violencia, especialmente la sexual. Actualmente "están más desarrollados los que tienen que ver con la violencia por parte de parejas o exparejas", pero en cuanto a la violencia sexual "está todo por hacer", señala.

La medida 182 del acuerdo llama a "introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas privadas y las administraciones públicas". También se plantea la creación de una "Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual" y el diseño de "programas de prevención, detección y protocolos especializados" en las diferentes violencias sexuales. En colaboración con las comunidades autónomas, dispone también el desarrollo de programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio.

  4. Migrantes y víctimas de trata

Ponce estima igualmente urgente atender a "las migraciones y peticiones de asilo por trata o violencia de género". Es a su entender necesario "mejorar y crear dispositivos" para reforzar la atención a este tipo de víctimas, especialmente en los meses de verano. "Todo lo que tiene que ver con migraciones se acentúa en la época estival", señala.

El pacto menciona en su medida 189 el impulso de la aprobación de una ley integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, "que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas".

También prevé intensificar la cooperación internacional en materia de trata con fines de explotación sexual, "aumentando los fondos" para "facilitar la labor de detección de casos y el posterior apoyo a las víctimas retornadas".

El documento estima oportuno el diseño de protocolos específicos, o la incorporación de medidas especializadas en los que ya existen, para la atención de "mujeres de colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional o mujeres migrantes en situación irregular".

  5. Formación del personal de justicia

Las feministas consultadas coinciden también en el trabajo formativo como cuestión prioritaria. Besteiro cree que "la formación a todos los operadores jurídicos para la aplicación de las leyes" desde una perspectiva de género es urgente. También Ponce entiende que "todo lo que tiene que ver con la capacitación de los operadores jurídicos en perspectiva de género, recogido en el pacto, no tendría por qué demorarse". Si bien repara en el "receso estival en las Cortes", lo cierto es que "el sistema judicial debe seguir operando", de modo que dicha formación debe empezar a ser "planificada para todo el personal judicial".

La medida 155 del documento plantea "reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes y durante todo el procedimiento judicial e incluso después de éste, durante la fase de ejecución de condena, incorporando un mayor número de letrados y letradas a los turnos de oficio especializados y mejorando la formación especializada de los mismos". También insta a mejorar la formación específica de los operadores jurídicos de cara a la atención de menores.

La medida 159 se refiere a la ampliación de la formación especializada que reciben los profesionales de la Administración de Justicia, en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, y propone "estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable". En cuando a las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial y formación continua anual, el documento habla de "introducir más temas de Derecho Antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad", mientras que al Consejo General de la Abogacía Española propone el impulso de una "formación de calidad" en el mismo sentido.

  6. Campañas y estadísticas

La recuperación de las campañas de sensibilización, relata Besteiro, es también "importante por lo que tiene de prevención y por los mensajes que se articulan para los diferentes públicos: víctimas, agresores y operadores". Asimismo, estima "imprescindible el impulso de estadísticas para empezar a trabajar".

También Ponce cree prioritario el "refuerzo de las campañas de prevención", especialmente en todas las comunidades autónomas de cara a los meses de fiestas. Es, igualmente, "importante poner en marcha" estadísticas porque "no contamos con datos fidedignos y muchos de ellos no están". Sin esos datos, advierte, "estamos trabajando en el aire".

Uno de los apartados del pacto está dedicado al desarrollo de campañas de prevención y sensibilización. A partir de la medida 23, el documento se refiere al lanzamiento de "mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momento", para a continuación proponer una revisión de los criterios de las campañas publicitarias institucionales de prevención "para introducir contenidos enfocados a ofrecer pautas de actuación a víctimas". Entre las propuestas de cara a la realización de campañas, el texto también apuesta por crear material destinado a jóvenes y progenitores; por la implicación de las entidades locales y por una mayor atención sobre el ámbito rural.

En cuanto a los datos estadísticos, plantea a partir de la medida 167 y de acuerdo con el Convenio de Estambul, "establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados, con la periodicidad que se establezca, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres". En este sentido se refiere al desarrollo estadístico de la violencia sexual, el impacto sobre los hijos o indicadores específicos que permitan conocer el número de menores y jóvenes que han sido víctimas de violencia machista. La mejora estadística e informativa se articula como uno de los mandatos que comienzan a ser asumidos por el Gobierno, que a principios de junio publicó la primera encuesta de percepción social sobre violencia sexual.