El Senado aprueba aforar al rey Juan Carlos con los votos de PP, UPN y Foro

El pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva este jueves la reforma de la ley del Poder Judicial que permitirá el aforamiento de Juan Carlos I y parte de la familia real, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS), y que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia.

La votación final se ha resuelto con 150 votos a favor –del PP, UPN y Foro. El PSOE, CiU, PSC y CC han optado por la abstención –un total de 74 votos– y el resto de partidos han votado en contra, como en ocasiones anteriores. De este modo, la ley ha quedado aprobada de manera definitiva por la Cámara Alta.

La reforma legal, que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia, ha sido debatida durante el pleno de la Cámara Alta, donde el PP, UPN y Foro han vuelto a rechazar los cuatro vetos presentados por ERC, IU, ICV y PNV. Asimismo, han votado en contra de las más de 30 enmiendas presentadas al proyecto de ley, informa Europa Press.

Durante el debate en el pleno, la mayoría de la oposición ha recordado que el presidente del Congreso, Jesús Posada, ya calificó de "chapuza" el trámite parlamentario del aforamiento a Juan Carlos de Borbón. Asimismo, han denunciado que el texto remitido de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta el pasado lunes con las enmiendas del PP incorporadas, "nada tiene que ver" con el texto original del proyecto de ley.

Por lo general, la oposición se ha mostrado en contra del contenido final de la norma así como del procedimiento utilizado para aforar a la familia real a través de una enmienda introducida el último día de plazo en una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estaba abierta pero con otros fines.

El PSOE se abstiene, pero defiende el aforamiento

Desde el Grupo Socialista, que se ha abstenido en la votación, Arcadio Díaz Tejera ha defendido el aforamiento del Rey alegando que "es bueno" para España y para los intereses generales y la imagen del país. No obstante, se ha mostrado en contra de la rapidez de la tramitación parlamentaria.

Eso sí, Díaz Tejera ha defendido el contenido de la norma, ya que a su juicio, hay que proteger la inviolabilidad de un cargo público que ha desempeñado importantes tareas durante tanto tiempo. En este sentido, ha pedido que no se compare a Juan Carlos con el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, ni con los expresidentes del Gobierno en España, porque el jefe del Estado "ni mandó, ni gobernó".

ERC quiere comprobar "si ha cometido delitos"

Desde el Grupo Mixto, las críticas más duras han sido de la senadora Ester Capella (ERC), que ha planteado crear "una comisión parlamentaria" en lugar de aforar al Rey, para comprobar si "ha cometido delitos". A su juicio, el jefe del Estado "nunca ha tenido la honradez de pedir perdón por su complicidad con los crímenes del franquismo".

Asimismo, ha acusado al PP de "moldear" los trámites de acuerdo a sus intereses y ha recalcado que "no existe correlación ni homogeneidad" entre el proyecto inicial y las enmiendas populares aprobadas. Además, cree que el PP ha "vulnerado el derecho" del resto de los grupos parlamentarios "de participar con igualdad en el proceso legislativo".

También ha habido críticas por parte de Jesús Enrique Iglesias (IU), quien ha tachado la ley de "auténtica desnaturalización" con respecto al texto aprobado por el Consejo de Ministros. En su opinión, con la aprobación de la ley se van a garantizar "privilegios" y la "impunidad" de Rey.

Jordi Guillot, por ICV, ha criticado el "sentido de oportunidad" con el que se pretende aforar "a una persona sin ningún cargo constitucional": "Estamos hablando de blindaje judicial y no de protección judicial", que se ha "hecho a espaldas de la gente", ha denunciado. Además, ha recordado que Juan Carlos I tiene dos demandas abiertas por paternidad: "Si es padre lo es, aunque se apruebe la ley", ha zanjado.

En esta misma línea se ha pronunciado el senador Jokin Bildarratz (PNV), que ha destacado que el trámite parlamentario de la reforma "no se ajusta a derecho". "A todo un jefe de Estado tienen que aforarle a través de un procedimiento al menos, cuestionado" e "incumpliendo el reglamento del Congreso", ha remachado, solicitando "un debate consensuado".

En general, también han reprochado al PP "la falta de un debate" parlamentario ante la "elevada desacreditación institucional" que hay entre la ciudadanía por "la corrupción y la falta de transparencia", así como el "elevado número de aforados" que hay en España.

Por su parte, Eva Parera, de CiU, ha criticado que las cosas no se hayan hecho con las "debidas pautas", y el portavoz de la Entesa, José Montilla, ha reiterado que la reforma "es una chapuza" al mismo tiempo que ha dicho que "no es adecuado" legislar sobre "este polémico tema con carácter retroactivo".

El PP sostiene que se legisla "39 años tarde"

En respuesta a las críticas, la senadora del PP Silvia Franco ha defendido que este "aforamiento especial no es para sobreproteger" al monarca porque no implica "inviolabilidad ni impunidad". Según ha destacado, la familia real va a responder ante el Tribunal Supremo "con las mismas normas y leyes" con las que responden los ciudadanos.

La oposición reclama en bloque al Gobierno que se revise el número y el alcance de los aforamientos

Ver más

"Estamos sujetos todos al mismo ordenamiento jurídico", ha subrayado, para después insistir en que el "cauce legal" es "el adecuado" para afrontar esta reforma, que se hace por la vía de urgencia y "no con prisas". "A lo mejor hemos legislado 39 años tarde", ha alegado Manuel Altava (PP), aceptando eso sí, que la reforma se ha acometido con rapidez.

Asimismo, Altava ha elogiado la figura de Juan Carlos, destacando que "voluntaria y generosamente" abdicó en favor de su hijo, acto con el que perdía su inviolabilidad. El aforamiento, ha dicho, "no es un privilegio personal" porque "continúa" siendo rey.

En esta misma línea se han manifestado la senadora de UPN Amelia Salanueva, así como el de Foro Isidro Martínez Oblanca, que han alabado a Juan Carlos I y han apoyado la concesión de "fuero jurisdiccional" a la familia real.