España vive un asfixiante clima de crispación política. La polarización es total y los insultos campan por el Congreso de los Diputados. Parece imposible un gran acuerdo en el país, con grandes murallas como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. Pero no significa que no haya espacios para la esperanza, de una manera discreta y alejada de los focos el Gobierno trabaja con las autonomías para rebajar la conflictividad competencial.
Y esta labor entre bambalinas está dando sus resultados: hasta 28 acuerdos se han alcanzado entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos para cerrar conflictos y evitar ir a los tribunales. Se trata de negociaciones que se dan tanto a nivel técnico como político con reuniones que no acaparan titulares, pero con gran efectividad porque supone no paralizar normas y no gastar luego tiempo y dinero con un proceso judicial.
Todo ello en un contexto en el que la mayorías de las comunidades están en manos de partidos diferentes a la coalición del PSOE y de Sumar. Los últimos tres acuerdos alcanzados durante este mes de marzo fueron con Andalucía, gobernada por el PP, Cataluña, en manos de ERC, y Euskadi, dominada por PNV y PSE-EE, según los datos del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática pilotado por Ángel Víctor Torres.
Acuerdos con casi todas las autonomías
Desde la pasada sesión de investidura, Euskadi y Balears son las autonomías con las que se han logrado más acuerdos (cinco en cada caso). Las negociaciones entre Madrid y Vitoria han acabado en pactos para que no recurriera la comunidad los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y la ley de Bienestar Animal, mientras que el Estado no llevará finalmente a los tribunales la ley de potestad sancionadora de las administraciones públicas vascas, la ley del deporte y la ley de creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad.
Balears, autonomía en manos del PP con el apoyo externo de Vox, es la otra autonomía con la que ha funcionado mejor el método de negociación. El acuerdo ha sido total para evitar que el Gobierno central vaya a los tribunales contra los presupuestos autonómicos del pasado año, la ley de conservación de espacios naturales, el decreto para paliar los efectos de la borrasca Juliette, la ley de la reserva de la biosfera de Menorca y la de sociedades cooperativas.
En este particular ranking de acuerdos, también sobresalen los pactos con la Comunidad Valenciana y con Aragón, con gobiernos de coalición del Partido Popular y Vox. En ambos casos ya se han alcanzado tres pactos con el Gobierno central, además se han firmado dos acuerdos totales con Extremadura (PP y Vox), La Rioja (PP) , Andalucía (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE). También se ha alcanzado un acuerdo con Canarias (CC y PP), Madrid (PP), Cataluña (ERC) y Asturias (PSOE).
Uno de los casos más significativos es la Comunidad de Madrid, cuyo enfrentamiento en público es total con el Palacio de La Moncloa. Pero ha habido durante estos meses un espacio para que hubiera un pacto entre las dos administraciones para evitar la guerra judicial en el caso de la ley autonómica de cooperativas. La solución pasa, a través de un acuerdo total, de una modificación legislativa.
Vías de acuerdo: modificación legislativa o desarrollo reglamentario
Obviar los ataques o responder al fango: el gran dilema de la izquierda sin respuesta clara
Esta es una de las vías más utilizadas para solucionar los conflictos en las comisiones bilaterales entre comunidades y la Administración General del Estado, aunque otras veces se logra a través de una interpretación consensuada de las normas o arreglando la discrepancias a través de los desarrollos reglamentarios (como pasó, por ejemplo, con el caso de la Ley asturiana de Calidad Ambiental). También se da mucha importancia a los dos acuerdos alcanzados durante este tiempo con la Junta de Andalucía, la comunidad más poblada de España. Las dos administraciones han evitado ir al Tribunal Constitucional respecto dos leyes autonómicas de gran impacto económico: la de Función Pública y la Economía Circular.
Desde el Gobierno central se insiste en que se quiere seguir con esta política de negociación para evitar la alta conflictividad entre las autonomías y el Ejecutivo y se da la máxima prioridad, como reconocen en Política Territorial y Memoria Democrática, a que acaben con éxito estos pasos previos ante de llegar a los tribunales. En el departamento de Ángel Víctor Torres subrayan que en la época de Pedro Sánchez la media anual de acuerdos con las autonomías se sitúa en 52 frente a los 30 de la época de Mariano Rajoy. En la primera legislatura del expresidente del PP la conflictividad alcanzó en total 213 enfrentamientos competenciales, mientras que en la pasada legislatura se redujo a 68, según los datos del boletín del Ministerio.
La prevención de la conflictividad arranca con el examen de todas las las leyes aprobadas por las comunidades autónomas a través de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos, cuyo funcionamiento depende de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local. De ahí se derivan los informes a los ministerios concernidos y de manera coordinada con Política Territorial se decide si hay que plantear modificaciones. En la pasada legislatura (2019-2023) se analizaron hasta 1085 leyes y el Estado sólo impugnaron 22 (a través de 21 recursos y un conflicto positivo de competencias). Y se evitó ir a los tribunales gracias a un acuerdo respecto a 147 normas. Además, se enviaron 87 cartas de cooperación para un correcto desarrollo legislativo sobre leyes.
España vive un asfixiante clima de crispación política. La polarización es total y los insultos campan por el Congreso de los Diputados. Parece imposible un gran acuerdo en el país, con grandes murallas como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. Pero no significa que no haya espacios para la esperanza, de una manera discreta y alejada de los focos el Gobierno trabaja con las autonomías para rebajar la conflictividad competencial.