Las revelaciones sobre la actividad de la denominada policía política gestada durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para hundir a Podemos y a los independentistas catalanes siguen fluyendo en plena precampaña. En las últimas horas, los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial han desvelado varias grabaciones relativas a la reunión que mantuvo a comienzos de 2016 en Nueva York el inspector jefe y supuesto miembro de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, con el exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea para obtener pruebas sobre la supuesta entrega de fondos del régimen chavista a Podemos. Las grabaciones muestran al agente de policía muy interesado en conseguir que la formación morada se mantuviera lo más lejos posible de un Gobierno cuya formación se estaba negociando en aquellas fechas. Y daba igual, como señaló en el encuentro el propio Gago, si la información no era del todo fiable. “A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal”, señaló el inspector cuando Isea le mostró sus dudas sobre una supuesta orden de pago chavista a la Fundación CEPS.
Los audios de la reunión, que se suman a la investigación sobre la filtración de información personal de Pablo Iglesias sustraída del móvil de una de sus colaboradoras, están marcando buena parte de la precampaña que está haciendo la formación morada. Este viernes, el secretario general de Podemos ha señalado que el espionaje llevado a cabo por algunos mandos policiales contra rivales políticos del PP es “lo más grave que ha pasado en España desde los GAL”. A juicio de Iglesias, el modus operandi de esta pequeña brigada pasaba por buscar material “para construir dosieres falsos” que luego colocaban en algunos medios de comunicación. “Un 50% de la gente llegó a pensar que nosotros nos financiábamos ilegalmente”, ha añadido el líder de Podemos, que en las últimas semanas ha asegurado que "las cloacas del Estado siguen funcionando" en el Ministerio del Interior que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. “Es grave porque tiene que ver con la calidad democrática de nuestro país”, ha aseverado Iglesias.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en campaña ha preferido no dedicar apenas tiempo a hablar del escándalo de la denominada policía política, ha respondido con contundencia a Iglesias asegurando que nada más llegar se tomaron medidas para desactivar ese grupo y que las denominadas “cloacas” del Estado "ya no existen" en el Ministerio del Interior. Pero, ¿dónde se encuentran actualmente los principales señalados de la denominada brigada patriótica? A nivel político, el exministro Jorge Fernández Díaz, salpicado tanto por las grabaciones conocidas esta semana como por los famosos audios en los que decía la célebre frase “esto la Fiscalía te lo afina”, ha seguido hasta la disolución de las Cortes como diputado del Grupo Parlamentario Popular y presidente de una Comisión. Y a nivel policial, la inmensa mayoría de los mandos implicados se encuentran actualmente investigados por la justicia en una de las piezas secretas derivadas del caso Tándem. Algunos de ellos ya están jubilados. Otros, continúan en activo. Y sólo uno, el comisario José Manuel Villarejo, se encuentra a día de hoy en prisión provisional.
Jubilados condecorados
Aunque la supuesta brigada política se intente reducir a un pequeño grupo de “policías corruptos” –en palabras de Pedro Sánchez–, lo cierto es que su sombra se extiende hasta los más altos responsables policiales de aquellos años. El que fuera director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo entre enero de 2012 y junio de 2016, Eugenio Pino, figura como investigado en la pieza separada del caso Pujol sobre el supuesto origen ilícito del pendrive que intentó aportarse a la causa principal por medio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). También está encausado en la Operación Kitchen, una pieza secreta separada del caso Tándem en la que se está investigando el uso de la policía política para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y hacerse con información comprometedora para la formación conservadora. Una operación que se hizo utilizando fondos reservados, siendo el ex director adjunto operativo uno de los que autorizó algunos de estos gastos. Pino está jubilado desde hace casi tres años. Antes de su marcha, fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Policial.
Dos meses después de la retirada del ex director adjunto operativo, la jubilación le llegó al comisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, su salida dorada del Cuerpo Nacional de Policía, con seis condecoraciones al Mérito Policial en su pechera y un plus del 20% sobre su pensión vitalicia, se truncó en noviembre de 2017, cuando fue detenido en el marco de la denominada Operación Tándem por, entre otros, delitos de organización criminal, extorsión, cohecho o blanqueo de capitales. Casi dos años después, las pesquisas sobre las actividades del comisario jubilado que se están llevando a cabo en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional continúan su curso. Por la enorme complejidad del caso, el juez instructor se ha visto obligado a dividirlo en varias piezas separadas. Una de ellas, por ejemplo, es la centrada en la operación Trampa sobre el supuesto espionaje político-empresarial de Villarejo para el BBVA. A día de hoy, el comisario jubilado continúa en prisión tras las reiteradas negativas del juez a ponerlo en libertad.
Más suerte tuvo el comisario Enrique García Castaño, detenido en julio de 2018 en el marco del caso Villarejo y puesto en libertad cuarenta y ocho horas después –en contra del criterio de la Fiscalía– con retirada de pasaporte y comparecencias cada quince días. García Castaño, que está investigado tanto en la pieza principal sobre la supuesta organización criminal liderada por Villarejo como en algunas de sus derivadas –entre ellas Kitchen–, lideró la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la que se encarga de efectuar seguimientos, hacer escuchas y captar fuentes. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón señaló en un auto el pasado mes de febrero que “la integración [de García Castaño] en la organización criminal que inicialmente se entendió no suficientemente acreditada ha devenido innegable”. En febrero de 2017, el Ministerio del Interior de José Ignacio Zoido cesó al entonces máximo responsable de la UCAO tras la publicación de unas grabaciones en las que, entre otras cosas, insultaba a un superior. En la actualidad, García Castaño está jubilado.
los cuatro policías que siguen en activo
La investigación sobre el supuesto espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados también salpica, y mucho, a José Antonio Fuentes Gago. El inspector jefe de la Policía fue incluido en la causa como investigado tras la comparecencia en sede judicial del ex director adjunto operativo Eugenio Pino, en la que rechazó que el operativo hubiera sido ilegal. Ahora, casi dos meses después, Fuentes Gago ha vuelto a saltar a la palestra por la reunión que mantuvo en abril de 2016 en Nueva York con un exministro chavista para recabar pruebas sobre la supuesta entrega de fondos del Gobierno de Venezuela a Podemos. Por aquel entonces, el inspector jefe estaba como agregado de Interior en la Embajada de España en los Países Bajos, un puesto en el exterior que le reportaba un sueldo de 10.000 euros brutos mensuales. Allí permaneció hasta septiembre de 2018, cuando el nuevo equipo de Interior de Fernando Grande-Marlaska decidió relegarle a tareas burocráticas en la Jefatura Superior de la Policía de Madrid a la espera de lo que decida el juez de la Audiencia Nacional.
García Castaño apunta que Gómez Gordo se hizo con los discos duros de Bárcenas antes que él en la operación 'Kitchen'
La misma decisión ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el que fuera mano derecha de Pino, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que estaba destinado en la Embajada de España en México y que en la actualidad se encuentra a la espera de volver a España y de que se le dé nuevo destino, una vez que su sustituta, la inspectora jefe Mari Paz Prieto, le releve cuando concluya el preceptivo curso para los agregados en embajadas, según explicó este jueves el Ministerio del Interior. Díez Sevillano está encausado junto con Pino en la pieza separada del pendrive del caso Pujol, en la que se les acusa de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos, aunque la Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez el sobreseimiento provisional del caso al considerar que no queda “suficientemente acreditada” la comisión de los tipos delictivos que se les imputan. Además, está investigado en la Kitchen, aunque en su caso el magistrado no le ha prohibido salir de España por su labor como agregado de Interior en México y sólo le ha impuesto comparecencias periódicas.
En la operación para proteger al PP de los documentos comprometedores que pudiera tener Luis Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional también sitúa a Andrés Gómez Gordo. Este policía está siendo investigado por ser el hombre que hizo de enlace entre Villarejo y Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que trabajó como confidente del exagente en prisión provisional con cargo a los fondos reservados. En aquellos años, Gómez Gordo se encontraba en excedencia como asesor de María Dolores de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha. Tras volver al Cuerpo, Gómez Gordo fue condecorado con una medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, que lleva aparejado un plus del 10% sobre su pensión vitalicia, y culminó su ascenso a comisario. A día de hoy, Gómez Gordo es jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la provincia de Alicante, un destino que, según denunciaron los sindicatos policiales ASP y ARP, lleva aparejado el disfrute de una vivienda.
Otro de los nombres que se ha vinculado a la primera línea de la denominada policía política es el de José Luis Olivera. Este comisario fue jefe de la UDEF entre 2005 y 2012. Tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, fue destinado al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), del que llegó a ser director. Olivera fue uno de los agentes que se desplazaron a Barcelona para reunirse con los fiscales anticorrupción que estaban al frente del caso Millet que salpicaba a CiU. Dos meses después, un diario publicaba una especie de borrador de la UDEF sobre supuestas cuentas en Suiza de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Jordi Pujol. Este nombre también aparece en uno de los audios de la reunión que mantuvieron Villarejo y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en 2009, en el que el excomisario ahora encarcelado le sitúa como “un hombre nuestro”. En julio, fue cesado como director del CITCO. El pasado mes de diciembre, tal y como informó Público, Olivera continuaba como comisario principal del Consejo Asesor de la Policía Nacional.
Las revelaciones sobre la actividad de la denominada policía política gestada durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para hundir a Podemos y a los independentistas catalanes siguen fluyendo en plena precampaña. En las últimas horas, los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial han desvelado varias grabaciones relativas a la reunión que mantuvo a comienzos de 2016 en Nueva York el inspector jefe y supuesto miembro de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, con el exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea para obtener pruebas sobre la supuesta entrega de fondos del régimen chavista a Podemos. Las grabaciones muestran al agente de policía muy interesado en conseguir que la formación morada se mantuviera lo más lejos posible de un Gobierno cuya formación se estaba negociando en aquellas fechas. Y daba igual, como señaló en el encuentro el propio Gago, si la información no era del todo fiable. “A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal”, señaló el inspector cuando Isea le mostró sus dudas sobre una supuesta orden de pago chavista a la Fundación CEPS.