Siete jóvenes se enfrentan a cinco años de prisión por participar en una protesta estudiantil

Hasta 5 años de cárcel y 5.000 euros de multa. Esa es la pena a la que se enfrentan siete estudiantes de Ourense por participar en una protesta tras las movilizaciones de la huelga de estudiantes de octubre de 2012, convocada para mostrar su rechazo a las primeras medidas del PP en Educación.

Al acabar la manifestación principal en la ciudad gallega, algunos estudiantes –en su mayoría, de enseñanzas medias– se dirigieron, de forma espontánea, a las inmediaciones de la Biblioteca Pública Nodal para continuar con las protestas. Los manifestantes no entraron en el edificio, que ya había sido ocupado en movilizaciones estudiantiles anteriores, ni provocaron ningún tipo de desperfecto.

"Había bastante revuelo. Teníamos a la policía detrás, con una actitud agresiva. Empezaron a agredir a una compañera, la empujaron violentamente y casi cae por las escaleras", cuenta Jon, uno de los acusados, que tenía 24 años en aquel momento. Explica a infoLibre que, cuando acudió en ayuda de su compañera, de menor edad, "la policía cargó fuertemente para intentar disuadir", pero lograron todo lo contrario: "La gente se puso más furiosa".

Los manifestantes se comenzaron a agolpar contra la policía, pero "en ningún momento se agredió a nadie", asegura Jon. "Fue una actuación desproporcionada por culpa de la ineptitud policial: recibí un puñetazo y me rompió las gafas. Se les fue de las manos", relata el acusado, que pidió la identificación a los policías, que le acabaron esposando junto a un menor de 14 años.

Jon, que entonces era el número cuatro de la lista de AGE al Parlamento gallego, cuenta que le apretaron tanto los grilletes que llegó a perder el conocimiento. Tras unos minutos, los agentes les quitaron las esposas y Jon decidió ir por su propio pie a urgencias para que le dieran un parte de lesiones que, por un error propio en el trámite, no llevó a denuncia. 

Un año y medio después, a este joven le llegó la notificación del juzgado en la que se le llamaba a declarar por una denuncia de la Policía, que asegura que él y otros seis estudiantes habían sido los instigadores. La acusación particular les pedía cinco años, mientras que la Fiscalía cuatro, además de una serie de multas que suman 5.000 euros, por un delito de desorden público y atentado con falta de lesiones contra policías. Jon recuerda que, curiosamente, uno de los acusados en un primer momento tuvo que ser desimputado, "ya que ni siquiera estaba en aquella protesta", y "sustituido por otro".  

Entre las pruebas que ha presentado la denuncia hay una foto que, denuncia Jon, "está recortada, porque en la original se ve una porra levantada, cuando dicen que no las usaron". "Se podia haber evitado si hubiera habido una actuación policial coherente, con una policía que velase por la seguridad ciudadana, y no con una actitud chulesca y totalmente fuera de lugar", lamenta Jon, que asevera que "si no llega a ser por la coherencia de muchos manifestantes, la cosa podía haber acabado peor".

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"Buscan desmovilizar al estudiantado"

Aunque agradecen el apoyo que han recibido de organizaciones sociales y personas a título individual, lamentan que los índices de movilización se hayan reducido drásticamente desde entonces. "Ahora hay mayor presión policial, todo está vigilado con lupa", explica Jon, que critica que "en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes, los que están destruyendo la sociedad, van al eslabón más débil".

Asimismo, califica de "juicio político" este proceso, ya que considera que "busca desmovilizar al estudiantado" algo que, según su opinión, parece haber conseguido, ya que "antes los estudiantes estaban mas activos en la vida política". "Tienen miedo, ellos y sus familias, porque les han atemorizado con estas penas", denuncia.