La vida del registrador Mariano Rajoy es un misterio. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador. Además, reveló las fechas de algunas solicitudes realizadas por el político gallego a la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con sus situaciones de incompatibilidad. Todos estos datos plantean ya siete cuestiones que el registrador Rajoy se niega a responder. Y no parece que vayan a ser las últimas.
1. ¿Por qué decidió cobrar al mismo tiempo como político y registrador?
"No he venido a la política a ganar dinero", presumió Rajoy en febrero de 2013, en pleno escándalo por los sobresueldos cobrados por la cúpula del Partido Popular. Han pasado 34 años desde que el ahora presidente del Gobierno ocupó el primer cargo público, y es probable que solo Rajoy recuerde con qué intenciones entró en política. Pero los hechos demuestran una cosa: si en su mente no estaba ganar dinero, desde luego tampoco estaba perder demasiado.
La versión oficial de Rajoy es que llegó a la política por casualidad. En un texto escrito en gallego (idioma que entiende pero no habla), para un libro de conmemoración de los 30 años del Parlamento de Galicia, el propio presidente del PP lo explica así: "Yo no tenía ninguna experiencia ni relevancia política cuando llegué al Parlamento de Galicia en 1981 [...] Mi entrada en política fue casual, porque entonces ocupé el número tres de la lista de Alianza Popular por la provincia de Pontevedra, y estaba previsto que obtuviésemos dos escaños en caso de lograr un buen resultado ya que UCD tenía un gran poder y contaba con todo el aparato del Movimiento [...] La tercera plaza estaba reservada para un candidato de Pontevedra y la Junta local, donde estábamos muy pocas personas, un grupo de amigos bastante reducido, decidió que fuese yo. Contra todo pronóstico ganamos aquellas primeras elecciones gallegas y sacamos en la provincia de Pontevedra hasta siete diputados, frente a los seis de UCD. Así entré en política casi sin darme cuenta, cuando sólo tenía 26 años". Fin de la cita.
Aunque las cosas ocurriesen casi sin que Rajoy se diese cuenta, lo cierto es que al ganar el escaño en aquellas elecciones celebradas el 20 de octubre de 1981, tenía que decidir qué hacer con su plaza de registrador. Entonces era el titular del registro de Padrón, localidad coruñesa a la que había llegado en marzo de 1980. Era su segundo destino como funcionario público. Su primer día de trabajo había sido el 6 de noviembre de 1978, cuando tomó posesión del registro de Villafranca del Bierzo (León). El registrador y diputado Rajoy se enfrentaba a la siguiente alternativa: mantener la titularidad del registro de Padrón y seguir percibiendo los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica de los Registradores de la Propiedad, o renunciar a dicho dinero quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose la vacante del registro. Rajoy decidió quedarse con los honorarios. Así que una de las primeras decisiones de aquel joven de 26 años fue cobrar por partida doble: como diputado y como registrador. El desapego por el dinero del que ahora presume Rajoy quizá le llegó más tarde, en una fecha que el presidente del Gobierno no ha querido precisar.
2. ¿Por qué oculta los ingresos que tuvo como registrador?
Mariano Rajoy tenía dos ingresos de forma legal. Se lo permitía el artículo 541 del Reglamento Hipotecario, un texto aprobado en la España franquista de 1947. Y, pese a ello, el presidente se niega a ofrecer cualquier información sobre aquella etapa. "¿Siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Padrón cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981?", le preguntó por escrito el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares el 11 de febrero de 2013. Un mes después llegó la respuesta de Moncloa: "El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".
En septiembre de 2013, cuando infoLibre desveló que Rajoy se había acogido al artículo 541 del Reglamento Hipotecario para cobrar por partida doble, Llamazares denunció que el Gobierno le había "mentido" u "ocultado" información y anunció que volvería a la carga con nuevas preguntas para intentar conocer la verdad.
Lo cierto es que, pese a las múltiples proclamas del PP sobre las bondades de la transparencia, sigue siendo un misterio lo que cobró el registrador Rajoy en los primeros años ochenta. El Reglamento Hipotecario define la cantidad de forma indirecta –"los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica"– y el porcentaje exacto lo fija en sus presupuestos el Colegio de Registradores. Fuentes conocedoras del funcionamiento de los registros sitúan dicha cantidad entre el 25 y el 50% de los ingresos netos. Pero nadie sabe la cantidad exacta que correspondió al registrador de Padrón en el año 1982. Salvo dos personas: él y Celestino Pardo, nombrado entonces interino de aquel registro a propuesta del propio Rajoy y escogido en 2012 como consejero de Sareb, el banco malo creado por el Gobierno del PP para gestionar los activos de la reestructuración bancaria.
3. ¿Por qué tardó 15 meses en adaptarse a la Ley 30/1984?
Cuando estaba a punto de cumplir dos años en la Moncloa, el Gobierno de Felipe González decidió meter mano al régimen de la función pública heredado del franquismo. Con ese objetivo aprobó la Ley 30/1984, que entró en vigor el 23 de agosto de aquel año. En su artículo 29, dicha norma establecía que los funcionarios públicos debían pasar a la situación de "servicios especiales" cuando ocupasen un cargo retribuido en una Asamblea autonómica o una entidad local. Además, dicho artículo obligaba a los afectados a "recibir las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios". Algunos políticos que vivieron aquella época atribuyen la inclusión de este artículo a Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicepresidente socialista, que lo habría ideado para terminar con los privilegios de personajes como Pío Cabanillas, exministro de UCD que había sido registrador de la propiedad en la isla canaria de La Palma, donde las malas lenguas le apodaban Pío NonoPío Nono, ya que se decía que mientras fue ministro se quedaba con nueve partes de los ingresos del registro y dejaba sólo el diezmo para su sustituto. Cabanillas fue, por cierto, uno de los principales mentores de Rajoy en aquellos primeros años en política del ahora presidente.
El caso es que Mariano Rajoy se tomó con tranquilidad la aprobación de la nueva ley. Pasaron más de 15 meses, en concreto 464 días, desde la entrada en vigor de dicha norma hasta que el 29 de noviembre de 1985 llegó al Ministerio de Justicia un escrito suyo solicitando el pase a "servicios especiales con reserva de plaza" por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1984. Para entonces, Rajoy no sólo había cambiado de cargo político, sino que también había ido concursando como registrador. El 30 de octubre de 1982 tomó posesión de la plaza de Berga, en Barcelona, y el 26 de noviembre de 1985 se hizo con el registro de Elche número 4.
4. ¿Cobró de forma irregular cuando era titular del registro de Berga?
En el mismo acto en que tomó posesión de su plaza en Berga, Rajoy hizo entrega del registro a Ramón Abelló Margalef. Éste asumió el puesto como registrador interino conforme al artículo 541 del Reglamento Hipotecario; es decir, Rajoy trasladó a la localidad catalana su costumbre de seguir cobrando parte de los ingresos del registro, aunque el trabajo lo hiciese otra persona y las oficinas se encontrasen a 1.165 kilómetros, que es la distancia por carretera entre Pontevedra y Berga.
¿Qué ocurrió durante los 464 días transcurridos entre la entrada en vigor de la Ley 30/1984 y la solicitud de Rajoy de pasar a "servicios especiales"? De acuerdo con la documentación que obra en su expediente de funcionario público, depositado en la Dirección General de los Registros y del Notariado, en ese periodo de tiempo no existe ninguna resolución que modificase la situación de Rajoy o del registrador interino de Berga. Por tanto, cabe deducir que el ahora presidente estuvo cobrando honorarios del registro catalán en contra de lo que establecía expresamente la legislación aprobada en 1984.
5. ¿DEJÓ REALMENTE DE PERCIBIR HONORARIOS REGISTRALES EN 1985?
El martes 3 de diciembre de 1985, la Dirección General de los Registros y del Notariado contestó positivamente a la solicitud de pasar a servicios especiales realizada por Rajoy el viernes 29 de noviembre. Adoptar una decisión en dos días hábiles constituye un notable ejemplo de celeridad y desmiente a quienes llevan décadas criticando la excesiva burocracia de la administración española; al menos en ciertas ocasiones, sería injusto hablar de lentitud.
El año siguiente, 1986, trajo nuevos cambios a Rajoy en su doble vida: como registrador ganó la plaza de Santa Pola (Alicante) y como político fue nombrado vicepresidente de la Xunta de Galicia, el 5 de noviembre. Pero eran tiempos convulsos en aquella Alianza Popular de Manuel Fraga, que tenía en Galicia su casi único bastión de poder. Y lo perdió en 1987 como consecuencia de una moción de censura auspiciada por Xosé Luis Barreiro, que había sido el jefe de Rajoy en la provincia de Pontevedra y terminó abandonando AP para pactar con los socialistas. Así que el 26 de septiembre de 1987, AP perdió la Xunta y Rajoy dejó de ser vicepresidente. Por primera vez en seis años, se quedaba sin cargo público y tenía que volver al registro.
El 29 de noviembre de 1987 pidió la reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola, localidad situada a algo más de mil kilómetros de su residencia en Galicia. Pero el trabajo de registrador no enganchó a Rajoy, quien exactamente dos años después enviaba una nueva solicitud al Ministerio de Justicia para pasar a la situación de servicios especiales. Acababa de ser elegido diputado en Cortes en las elecciones generales celebradas el 29 de octubre de 1989. En el BOE del 24 de marzo de 1990 se publica la resolución accediendo a la petición de Rajoy, quien queda como titular del Registro de Santa Pola con reserva de plaza. Se nombra como interino a un viejo amigo de Rajoy: Francisco Riquelme Rubira, ya entonces titular del Registro de Elche-3. Y así hasta hoy, 23 años, seis meses y 22 días después.
¿No tuvo ningún ingreso Rajoy procedente de los registros de Elche-4 y Santa Pola entre los años 1985 y 1987? ¿Tampoco cobró nada del registro que llevaba Riquelme entre 1990 y 1998? La duda no existiría si el Gobierno de Aznar no hubiese aprobado en 1998 una modificación del Reglamento Hipotecario, de forma que el artículo 552 pasó a establecer que los cargos públicos incompatibles quedarían en situación “de excedencia por servicios especiales con reserva de plaza, procediéndose al nombramiento de registrador accidental permanente, a quien corresponderán la totalidad de los honorarios que se devenguen”. Este artículo encajaba como un guante en la situación de Rajoy, quien entonces era ministro de Educación. La pregunta surge inevitable: ¿qué necesidad había en 1998 de aprobar un artículo en un reglamento dejando claro que todos los honorarios los cobraba el “registrador accidental permanente” si ya desde el año 1984 existía una ley que prohibía al funcionario en servicios especiales tener cualquier tipo de ingreso más allá de su sueldo como cargo público?
Diversas fuentes consultadas por este diario destacaron que, durante muchos años, existieron un cúmulo de disposiciones “no siempre armónicas” que afectaban al estatus de los registradores que ocupaban cargos públicos. Entre esas normas están la Ley Hipotecaria de 1944, el Reglamento Hipotecario de 1947, La Ley de Incompatibilidad de los Funcionarios de 1984, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 y la Ley del Régimen Electoral General de 1985. Así que la duda resurge: ¿se acogió Rajoy entre 1985 y 1998 al Reglamento Hipotecario que le permitía cobrar una parte de los honorarios de los registros de los que era titular o se atuvo en todo momento a la Ley 30/1984 que se lo prohibía?
6. ¿Por qué no ha pedido nunca la excedencia?
Desde que ocupó su primer cargo público en 1981 hasta la actualidad han transcurrido 34 años, de los que Mariano Rajoy ha estado 32 en servicios especiales y sólo dos llevando efectivamente un registro. Pero durante estas tres décadas largas siempre ha sido titular, sucesivamente, de los registros de Padrón, Berga, Elche-4 y Santa Pola. La situación más llamativa se produce sin duda en esta última localidad alicantina, cuyo registro tiene desde 1990 a su titular en servicios especiales y está gestionado por una persona que a su vez acumula los puestos de registrador titular en Elche y "registrador accidental permanente" en Santa Pola.
Más allá de la patada a la lingüística del Reglamento Hipotecario, pues algo accidental difícilmente puede ser permanente, lo que han logrado los amigos Rajoy y Riquelme es evitar que otro registrador pudiese optar a una plaza tan codiciada en su día como Santa Pola, donde durante los años del boom inmobiliario los ingresos anuales pudieron acercarse al millón de euros. Ello no habría ocurrido si Rajoy hubiese pedido una excedencia, de forma que su plaza saliese a concurso.
La decisión de Rajoy de permanecer 32 años en servicios especiales, además de acrecentar notablemente los ingresos de Riquelme, ha supuesto otra ventaja para el presidente el Gobierno: conservar su plaza en propiedad.
7. ¿Tuvo conocimiento del traslado de su expediente a un archivo secreto?
Como desveló infoLibre en septiembre de 2013, el Gobierno de José María Aznar decidió en 2001 enviar el expediente de registrador de Rajoy a un archivo secreto, situado en la oficina de la entonces directora general de los Registros y del Notariado, Ana López-Monís. Dado que Rajoy era ministro en aquel Gobierno y el expediente contiene todo su historial de registrador, parece lógico preguntarse si el ahora presidente del Gobierno tuvo en algún momento conocimiento de la decisión de ocultar bajo llave su expediente.
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Este periódico planteó dicha pregunta, y todas las que figuran en esta información, al departamento de Comunicación de Moncloa. Allí han acusado recibo de todas las preguntas, pero no han facilitado ninguna respuesta. Quizá tenga más suerte el diputado Llamazares, quien tras la difusión de la noticia, preguntó en el Congreso por el capítulo del expediente secreto. Si uno se atiene a los antecedentes, las respuestas del Gobierno no aclararán nada. Pero si uno confía en las promesas de transparencia que realizan casi a diario los miembros del Gobierno y los dirigentes del PP, estamos a punto de conocer con detalle la verdadera vida del registrador Mariano Rajoy Brey, aquel que tomó posesión de su primer registro el 6 de noviembre de 1978, siendo un joven de 23 años.
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ACTUALIZACIÓN.– Han pasado 27 meses desde que se escribió este artículo. Pese a todas las promesas de transparencia, Rajoy llega a las elecciones generales del 20-D sin hacer público su expediente de registrador y sin aclarar ninguna de las otras incógnitas planteadas.
La vida del registrador Mariano Rajoy es un misterio. Lo único que se sabe con exactitud es que 32 de los 34 últimos años no ha ejercido su profesión al ser incompatible con los sucesivos cargos públicos que ocupó desde 1981. infoLibre desveló que, al menos mientras se lo permitió la ley, cobró por partida doble: como político y como registrador. También descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, escondió en 2001 en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador. Además, reveló las fechas de algunas solicitudes realizadas por el político gallego a la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con sus situaciones de incompatibilidad. Todos estos datos plantean ya siete cuestiones que el registrador Rajoy se niega a responder. Y no parece que vayan a ser las últimas.