Un sindicato denuncia que Andalucía contrata a parados sin formación para apagar incendios

El sindicato de bomberos forestales SIBFI denuncia que la Junta de Andalucía está contratando a parados sin formación para llevar a cabo las tareas de extinción de incendios durante este verano. Los trabajadores sostienen que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) –encargada de gestionar el plan Infoca, el dispositivo andaluz de lucha contra el fuego– les pide como únicos requisitos que residan en la localidad en la que van a ejercer estas laborales y que superen unas pruebas físicas. 

El Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, lo niega. Un portavoz autorizado de la Consejería de Medio Ambiente asegura a preguntas de infoLibre que todas las personas que trabajan en las tareas de extinción de incendios pasan unas pruebas físicas y sanitarias, así como un curso con formación técnica y práctica impartido por el servicio técnico del Infoca. Asimismo, esta misma fuente subraya que la contratación de personas que están en el desempleo es "mínima" –no especifica el número– y que es el "último recurso" cuando coinciden varios incendios, como ha ocurrido en los últimos días. 

Los trabajadores, sin embargo, no dudan en vincular esta práctica a los recortes que, aseguran, viene sufriendo la lucha contra los incendios en Andalucía en los últimos cinco años. "Lo que constatamos es que los retenes no están al 100%, deberían tener siete personas y en algunos sólo hay cuatro o cinco. Además, las plazas interinas que son las de baja por enfermedad, por ejemplo, se están supliendo con parados. Necesitamos gente formada y con experiencia porque se van a enfrentar a un trabajo complicado", señala Pedro Torres, bombero forestal y uno de los portavoces del sindicato SIBFI.

Reducción del presupuesto

Según las cifras de la organización, el presupuesto dedicado a la extinción de incendios en Andalucía se ha reducido casi un 8% este año respecto a 2014, pues ha pasado de contar con 178 millones a 164. Aseguran que este recorte ha afectado también a los puestos de vigilancia, que son indispensables a la hora de prevenir la expansión de incendios. "Las torres de vigilancia antes, hace cinco años, estaban ocupadas las 24 horas, ahora lo están entre 12 y 18 horas", asegura Torres. 

"Si no rectifican, nos veremos obligados a emprender acciones legales contra esta situación. No podemos permitir que se tomen estas medidas que ponen en peligro a los profesionales que forma el colectivo Infoca y contribuyen a deteriorar todavía más los medios con los que contamos", expresó la organización en un comunicado. Por otra parte, aseguran que la única respuesta que han tenido por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es que ha habido una reducción del presupuesto y que es la Consejería de Hacienda la que impone estos criterios.

Huelga en las BRIF

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Más allá de la polémica andaluza por las contrataciones, los bomberos forestales de todo el país mantienen viva su reivindicación por una mejora de sus derechos laborales. De hecho, miembros de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), que son trabajadores contratados por la empresa pública Tragsa para hacer esta tarea por encargo del Ministerio de Agricultura, están en huelga. Reclaman la categoría de bombero forestal –actualmente tienen la de peón– y poder así mejorar su sueldo y poder acceder a los beneficios de cara a la jubilación que tienen estos profesionales: acceso a una segunda actividad cuando llegan a una cierta edad y no pasan los exámenes médicos anuales, o bien un adelanto en la edad de retiro por el desgaste físico que padecen.

La realidad es que a los trabajadores de las BRIF no se les aplican 40 artículos del convenio colectivo del grupo y por apagar un incendio cobran un plus diario de sólo tres euros que incluye tres conceptos: peligrosidad, toxicidad y disponibilidad, así como siete por coger una motosierra. En total cobran al mes poco más de 800 euros y son fijos discontinuos, por lo que trabajan nueve meses y medio al año. El resto pasan a la cola del paro.

Hay que tener en cuenta que Tragsa es la misma empresa pública que paga a sus directivos un complemento de responsabilidad que puede alcanzar hasta los 50.000 euros anuales. Sólo uno de los títulos que componen ese plus asciende a 360 euros. Con esa cantidad se premia la dedicación, plena, el puesto de organigrama y la responsabilidad. Este año, además, acaba de repartir entre su personal de mando un total de cuatro millones de euros en bonus, correspondientes al ejercicio de 2013, que cerró con 18 millones de pérdidas.