Los sindicatos miran con cautela la lluvia de millones en Sanidad y Educación y piden "hechos" que dejen atrás los recortes

7.317 millones de euros destinados a Educación, 1.069 millones de euros destinados a Sanidad y 3.502 millones de euros destinados a los Cuidados, entre los que se incluyen las políticas de dependencia y las relativas a las residencias, la zona cero de la crisis sanitaria del covid-19. Así ha decidido repartir el Gobierno los fondos europeos de recuperación Next Generation UE entre las políticas sociales, tal y comodetalló el propio Ejecutivo en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hecho público este martes por la tarde. En total, se trata de un montante de 11.888 millones de euros destinados a estos sectores que, además, han sido los más golpeados por la pandemia. Suponen el 16,5% de los 72.000 millones de euros que España recibirá en el primer tramo de dinero procedente de unos fondos que, en total, alcanzarán los 140.000 millones en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026.

Tanto los sindicatos educativos, como los sanitarios y las plataformas y colectivos de dependencia y de familiares de residentes, aplauden la llegada de estos fondos, que califican como una oportunidad para acabar con la década perdida en inversión en estos sectores. No obstante, temen que se trate de mera "filosofía sin contenido", tal y como dice Paulino Campos, presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede). "Hay que darle forma, y sobre todo contenido realista y fiable", demanda. También lo dicen Julián Ordoñez, secretario de Sanidad en UGT Madrid, y Antonio Cabrera, secretario de la federación sanitaria de CCOO, que creen que este será un buen inicio para recuperar la década perdida en recortes si los fondos se destinan a lo que deben destinarse. Desde el sector educativo, por su parte, echan en falta algunas cuestiones principales, como por ejemplo que los fondos se destinen a una bajada de las ratios en las escuelas o a una reducción del horario lectivo de los profesores, como reclama Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT. Pero, concretamente, ¿a qué se destina el dinero que llegará de Europa? ¿Es lo adecuado?

Educación: tres ejes que suman una inversión de 7.317 millones

El montante destinado a Educación es el que más inversión conlleva de los analizados: 7.317 millones de euros. Está dividido en tres ejes fundamentales que, según los sindicatos, ya fueron tratados en el Ministerio de Educación a finales del pasado mes de marzo, cuando las organizaciones ya lo aplaudieron. "En su día ya hicimos una valoración positiva de destinar parte de los fondos europeos a la Educación, que según el Gobierno es una de las políticas palanca", recuerda Loranca.

El primero de esos ejes es el conocido como "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional", al que van destinados 2.076 millones de euros. Se dividen, fundamentalmente, en dos reformas y tres inversiones. Por un lado, el Gobierno pretende acometer un plan "de modernización" de la Formación Profesional que, entre otras cosas, consiga haber creado 60 titulaciones nuevas en 2023. Por otro, aprobar lo que denominan "Ley de Ordenación del sistema integral de Formación Profesional vinculado al Sistema Nacional de Cualificaciones" para cambiar, directamente, el modelo de formación profesional. Pero además pretenden transformar digitalmente el sector formando a 25.281 docentes en un año, creando aulas de emprendimiento e iniciando una red de 50 centros "de excelencia". Todo, además, acompañado de la creación de 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional para "atender la creciente demanda de plazas". 

Para Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO, la inversión en este ámbito es una "apuesta necesaria". "Las tasas de abandono temprano en España se sitúan en un 17%, mientras que en la Unión Europea lo hacen en el 10%. Además, en nuestro país hay un 16% menos de personas cursando FP", señala. Y añade que la inversión en este ámbito trae, además, beneficios a largo plazo, reduciendo gracias a su impulso el desempleo juvenil.

El segundo de los ejes educativos es el bautizado como "Plan Nacional de Competencias Digitales", que está dotado con 3.593 millones de euros. Con él, el Gobierno apuesta por la "transformación digital de la educación" con el que quiere aprobar un plan para dotar de ordenadores portátiles al alumnado más vulnerable y de sistemas digitales interactivos a los centros educativos. El objetivo, dice el Ejecutivo, es reducir la brecha digital que se ha hecho patente durante la pandemia. Según Unicef, el 9,2% de los hogares con menores en España carecen de acceso a internet: alrededor de 100.000 casas no disponen de conexión a la red. Además, el 20% de las familias con menos renta no disponen de un ordenador, mientras que la mitad carece de una tablet, herramientas indispensables para poder seguir la enseñanza a distancia que se plantea necesaria en tiempos de coronavirus. Además, según CCOO, el 40,3% de los centros no tiene servicios en la nube a los que pueda acceder el alumnado, mientras que sólo un 12% de los centros educativos no universitarios no cuentan con un entorno virtual para el aprendizaje del alumnado. 

El tercero y último de esos ejes educativos, al que corresponde una inversión de 1.648 millones de euros, es el que el Ejecutivo ha denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años". Esta última idea ya la vino defendiendo el Gobierno de Sánchez en 2018, además de sellarlo en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, donde se recoge que uno de los compromisos del Ejecutivo era garantizar "una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años". "Esta es una medida que no solo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida", firmaron las dos formaciones en el documento.

Esa es la idea que ahora se ha plasmado en el Plan de Recuperación, que señala que los fondos europeos servirán, entre otras cosas, para crear 65.000 nuevas plazas de educación infantil que permitan "la mejora de los resultados educativos futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la familia". "Además", añade el plan presentado este miércoles en el Congreso, "la educación infantil juega un papel fundamental en la conciliación familiar y puede influir positivamente en el acceso de la mujer en el mercado laboral".

Tanto García como Loranca aplauden las medidas, pero la responsable de Enseñanza de UGT muestra su preocupación por que la llegada de los fondos europeos haga que el Gobierno limite la inversión en Educación de los PGE. Según recuerda, el compromiso del Ejecutivo es llegar a una inversión en Educación del 5% del PIB en 2025, algo que desde el sindicato prefieren adelantar a 2023, para lo que haría falta que la inversión fuera incrementándose año a año en las cuentas que se presenten. Pero además, Loranca destaca que hay dos aspectos fundamentales que el Plan de Recuperación olvida: la bajada de las ratios —es decir, el número de alumnos por aula, algo fundamental también para luchar contra la pandemia— y la reducción de la jornada lectiva de los profesores. 

3.502 millones de euros para cuidados

Después de lo destinado a Educación, la inversión destinada a los Cuidados y a las "políticas de inclusión", tal y como define el Plan de Recuperación, supone la mayor inversión en el sector social. Se trata de 3.502 millones de euros que irán a parar a la mejora de los Servicios Sociales, a una nueva ley de protección de familias, a reformar el sistema de acogida humanitaria, a mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas y, además, a dotar de una mayor financiación al sector de la Dependencia y a mejorar el sector de las residencias donde, según los datos oficiales del Imserso, han fallecido al menos 29.408 ancianos enfermos de covid. 

En lo relativo a Dependencia, el Gobierno se ha fijado como objetivo emplear los fondos europeos para "reforzar la atención y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración". Según explica en el documento hecho público este martes por la tarde, "el objetivo es mejorar el sistema introduciendo reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones". 

Según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, eso es lo primordial. Según critica en conversación con infoLibre, el principal problema que tiene actualmente el sistema de atención a la Dependencia es la excesiva burocratización de los procedimientos, lo que ha conseguido que, en pleno contexto de pandemia, fallezcan más ancianos en las interminables listas de espera de la dependencia. Según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, 55.487 fallecieron en España en esas listas durante el primer año de la pandemia de covid-19. De ellas, según los datos de la organización que preside Ramírez, 21.005 personas murieron esperando la resolución y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

"La inversión está muy bien, estamos recuperando los niveles de antes de los recortes, pero la burocracia no puede ir en contra de las personas vulnerables. Hay que simplificar los procedimientos y reducir los requisitos", señala. 

En cuanto a las residencias, la concreción del Plan de Recuperación del Ejecutivo no es mucho más conciso. Según se desgrana en el documento, "se financiarán nuevos equipamientos públicos en los centros residenciales que reúnan características adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar". Además, añade, "se financiarán centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo también su desarrollo en áreas rurales". "Se introducirán equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal", concluye. 

El problema, señala Campos, es que esto puede ser mera "filosofía", teniendo en cuenta que el sector está, denuncia, "desnudo" de inversión pública y en manos privadas, fundamentalmente. Según reveló infoLibre, en el marco de su investigación sobre las residencias de ancianos, los 13 mayores grupos de residencias en España están controlados por fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto. Un ejemplo: de las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea). 

"Primero hay que vestir lo público, fortalecerlo. Este llamado Plan de Recuperación son 211 folios de filosofía y nosotros queremos hechos", dice Campos. Quieren, en este sentido, participar en la toma de decisiones del sector. Y para ello ya están terminando los trámites necesarios para crear la primera plataforma estatal de familiares de residentes. "El dinero, si llega, es fantástico. Se necesita, pero repartámoslo bien. Y para hacerlo es fundamental que participen los protagonistas. La doble ausencia, de las instituciones y de los protagonistas, no puede volver a repetirse", lamenta. 

Renovar el Sistema Nacional de Salud: una inversión de 1.069 millones

Es, de las partidas analizadas, la que menos inversión implica es la relativa a la "renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud", que tiene una inversión estimada de 1.069 millones de euros. Según el Plan, ese dinero se destinará, principalmente, a fortalecer la atención primaria ejecutando su marco estratégico, a reformar el sistema de salud pública y a "reforzar las dotaciones de médicos y enfermería, reducir su temporalidad, mejorar sus condiciones laborales y potenciar su formación y desarrollo profesional". Para ello, dice el plan, "se reformará la ley que regula el personal sanitario en España" y se aprobará "un Real Decreto para mejorar el sistema de formación sanitaria especializada (MIR)". 

Ordoñez apunta a que solucionar el tema de la precariedad en el sector sanitario es lo prioritario. "Nuestra pretensión es igualarnos a las ratios de cualquier país europeo y para eso hay que incrementar notablemente las plantillas", dice. Pero no sólo eso. Cree que también hay que, precisamente, fortalecer la atención primaria "como principal puerta de entrada al sistema sanitario público". "Lo que no sabemos es cómo lo van a concretar", dice. 

El plan, no obstante, no se queda sólo hay. Apunta a seis inversiones concretas entre las que se encuentra un "Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud", acciones para promocionar y promover estilos de vida saludables, fortalecer la vigilancia, detección precoz y respuestas rápidas ante las crisis y crear "un centro de datos que recoja la información de los sistemas de información y permita un análisis masivo para la identificación y mejora del diagnóstico y de los tratamientos". 

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Tanto Ordoñez como Cabrera creen que la llegada de estos fondos son una "oportunidad" para "solventar y solucionar todos los problemas del sistema sanitario", apunta Ordoñez. "Es una oportunidad muy importante para potenciar los servicios públicos que se han visto con carencias tras los recortes de la última década. Hay mucho pendiente", sentencia Cabrera. 

Tal y como publicó infoLibre, el principal problema del sistema sanitario es que ha perdido demasiado por la ya endémica infradotación presupuestaria. Según el libro Salud, pandemia y sistema sanitario, publicado recientemente por Marciano Sánchez Bayle (FADSP), Sergio Fernández Ruiz y Carlos Sánchez Fernández, "el gasto sanitario público es crónicamente insuficiente y en disminución desde la crisis, pasando del 6,8% del PIB en 2009 al 6,33% en 2014 y al 6,27% en 2018". Eso ha provocado, casi inevitablemente, que las condiciones laborales de los profesionales también sean peores. Empezando por los médicos, y de acuerdo al informe Remuneración Económica y Satisfacción Profesional, elaborado en 2019 por Medscape, el ingreso anual de los médicos españoles asciende a 58.000 euros de media. En base al mismo estudio, confeccionado mediante encuestas entre más de 900 profesionales de 34 especialidades, los médicos de Atención Primaria ganan un 14% menos que los especialistas y las mujeres, en ambos casos, soportan una brecha que equivale al 19%.

Las enfermeras también sufren la precariedad. Según el Consejo General de Enfermería (CGE), a fecha 31 de diciembre de 2019 España presentaba una media de 602 enfermeras por cada 100.000 habitantes, 6,02 por cada 1.000, según el Ministerio de Sanidad. La media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países europeos de nuestro entorno, en cambio, estaba en 852, 250 más. Eso deja a nuestro país en muy mal lugar. Concretamente, en el quinto por la cola, empatado con Bulgaria y sólo por delante de Letonia (490), Chipre (412) y Grecia (341). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, el ratio adecuado es de 917 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Son 315 más.